Durante seis décadas, la política estadounidense hacia Cuba ha tenido entre sus pilares; pero no únicamente, la implementación de medidas económicas coercitivas unilaterales,el uso de ese instrumento comienza aplicarse en época muy temprana una vez que el nuevo gobierno Cubano resultado de una genuina revolución social emprende una serie de transformaciones estructurales que limitan el proceso de acumulación capitalista con el objetivo de abandonar el patrón político y económico dominante en Cuba y en el hemisferio y romper la relación de dependencia económica y subordinación política con los Estados Unidos que había sido esencialmente establecida desde los inicios del siglo XX con el advenimiento de la República de 1902 en Cuba.
Ya en julio de 1960, la administración Eisenhower elimina de la cuota azucarera de Cuba en el mercado estadounidense[1]. No es difícil entender el impacto económico que una medida como esa, que afecta un rubro exportable principal, tendría en una nación insular pequeña, subdesarrollada y dependiente en una relación asimétrica con una gran potencia.
Aunque los fundamentos han variado un poco con el tiempo, el objetivo constante ha sido utilizar el poder económico de Estados Unidos para socavar el sistema socioeconómico y político de Cuba y lograr un cambio de régimen. El frecuentemente citado Memorando de abril de 1960 del Departamento de Estado lo hizo explícito: «El único medio previsible de enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades… Si lo anterior se acepta o no se puede contrarrestar con éxito, se deduce que es posible, entonces deben tomarse medidas rápidamente para debilitar la vida económica de Cuba[2]”.
El inicio más abarcador del uso de sanciones económicas como instrumento de la política hacia Cuba comenzó posteriormente, en octubre de 1960, cuando la administración Eisenhower invocó la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, en sus secciones 5 y 16[3], para prohibir todas las exportaciones a Cuba, excepto suministros médicos y alimentos. Al año siguiente, en 1961, el congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Ayuda al Exterior,[4] que prohibía la ayuda a los Estados considerados comunistas, esta decisión marca un punto de viraje ideológico en el tratamiento de Estados Unidos a Cuba, al enmarcar la política hacia Cuba definitivamente en el conflicto Este-Oeste.
En febrero de 1962, el presidente Kennedy, mediante la proclama presidencial 3447[5], incrementó las sanciones al prohibir la importación “de todos los bienes de origen cubano y bienes importados desde o a través de Cuba”. En 1963, el Departamento del Tesoro emitió el Reglamento de Control de Activos de Cuba (CACR); que hasta el día de hoy siguen siendo el cuerpo principal de las regulaciones del bloqueo, aunque estas se han modificado muchas veces a lo largo de los años para reflejar ajustes estratégicos en las políticas de diferentes administraciones estadounidenses. Además, dado que Cuba es un país sujeto a un “embargo comercial”, todas las exportaciones a Cuba deben ser autorizadas por el Departamento de Comercio, tal como se implementa a través del Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), en fin, todas estas medidas proporcionaron el marco original para el «embargo».
Sin embargo, esta confrontación en el plano económico, no se limitó a acciones abiertas o «públicas». De hecho, el uso de sanciones como política de presión económica podría tener éxito, los funcionarios estadounidenses insistían ya en 1963, solo si se acompañaban con un programa sostenido de sabotaje contra sectores clave de la economía cubana. «Para obtener el máximo impacto en la economía cubana», indicó la Agencia Central de Inteligencia en un informe de 1963, «[las sanciones] deben coordinarse con las operaciones de sabotaje»[6].
En las décadas que siguieron, Estados Unidos expandió y reforzó el régimen de sanciones contra Cuba, transformándolo en un conjunto de sanciones económicas unilaterales más completo y abarcador. En la década de 1990, las sanciones se hicieron aún más extraterritoriales, ya que el gobierno de los Estados Unidos trató de limitar el intento de Cuba de diversificar sus relaciones económicas internacionales después de la caída de la Unión Soviética, principal socio comercial de la isla. Durante la década de 1990 se aprobaron dos leyes, la ley Torricelli de 1992 promovida por el senador Robert Torricelli (D-N.J.) y la ley Helms-Burton de 1996 que lleva el nombre de los Republicanos Dan Burton (R-IN) y Jesse Helms (R-NC). La primera prohibió el comercio con Cuba a filiales de compañías estadounidenses en terceros países, que el presidente Gerald Ford había levantado en 1975 y que ascendía a $ 718 millones en 1991.
Además, con el obvio objetivo de acelerar un cambio de régimen en Cuba en un momento de dificultades económicas para Cuba, la nueva legislación, conocida como Ley de Democracia Cubana (CDA) en 1992 declaraba explícitamente el objetivo de “buscar una transición pacífica a la democracia en Cuba a través de la aplicación de sanciones económicas con un mayor alcance extraterritorial». Con esta ley se reimponía la prohibición del comercio con Cuba a filiales de empresas estadounidenses basadas en terceros países. Esta legislación, en esencia, reforzó las sanciones estadounidenses contra Cuba al aumentar las restricciones a la ayuda humanitaria, específicamente alimentos, medicinas y suministros médicos; al negar la entrada a los Estados Unidos a cualquier embarcación que hubiera tocado puerto cubano en los 180 días anteriores; y autorizar el uso de sanciones contra terceros Estados que ofreciesen ayuda a Cuba. El propio Torricelli declaró que su intención era “causar estragos en esa isla”.
La ley Helms-Burton de 1996 codificó las regulaciones del bloqueo, las órdenes ejecutivas y la legislación que ya estaba vigente hasta entonces las regulaciones anteriores podrían haber sido revisadas por orden ejecutiva, ahora solo pueden cambiarse por acción del Congreso. Esta ley, aun vigente, busca no solamente afectar la economía de Cuba, sino entorpecer los esfuerzos del gobierno de Cuba para reinsertarse la economía mundial en el nuevo contexto internacional y el nuevo orden de las relaciones internacionales que se conformaba después de la caída del la Unión Soviética y los estados del bloque Socialista de Europa del Este. Sus disposiciones están diseñadas para perpetuar la política en el tiempo, más allá de que la administración sea demócrata o republicana y crear el marco propicio para restauración capitalista bajo la tutela de Estados Unidos y los remanentes de las clases dominantes de antes de 1959 en Cuba.
En 2000, se agregó una nueva legislación, la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones. En principio, TSRA (por sus siglas en ingles) prevé exenciones humanitarias tales como alimentos. Sin embargo, incluso las ventas de alimentos, solamente se permitieron en términos adversos y costosos para Cubadebido a otras disposiciones y sanciones financieras, como la prohibición del uso de dólares estadounidenses y el requisito de pago anticipado sin la participación de los bancos estadounidenses en esas transacciones.
El sistema de sanciones económicas que comenzó a principios de la década de 1960 se ha convertido en un bloqueo integral contra la nación isleña[7]. El sistema estadounidense de sanciones económicas contra Cuba actualmente aplica todos los métodos principales disponibles para un Estado sancionador: control comercial, suspensión de ayuda y asistencia técnica, congelamiento de los activos financieros del objetivo y la inclusión en la lista negra de compañías extranjeras involucradas en el comercio con Cuba[8]. De hecho, en 2007, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos describió, lo que el gobierno de Estados Unidos llama embargo, como el conjunto más completo de sanciones que Estados Unidos haya aplicado cualquier país, y las sanciones unilaterales, abarcadoras y más duraderas en la historia contemporánea que siguen vigentes[9].
¿Cuál ha sido el impacto de este enfoque de décadas? Hacer una evaluación completa de los impactos de guerra económica contra Cuba desborda el propósito de esta apretada síntesis de varias aristas del tema. Sin embargo, solo revisar unos de los informes presentados anualmente por Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que este foro aprueba por abrumadora mayoría, es una fuente de considerable información al respecto[10].
Otras fuentes más específicas como un informe encargado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2000 señaló «la salud y la nutrición han sido dos de las principales víctimas de las sanciones»,citó el informe sumamente crítico de la Asociación Estadounidense para la Salud Mundial que confirma que el embargo causó » La malnutrición, la mala calidad del agua y la denegación de acceso a equipos médicos y drogas «y equivalían a» el bloqueo deliberado del acceso de la población cubana a alimentos y medicamentos”[11].
Las sanciones económicas en el marco del limitado proceso hacia la normalización
El 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Cuba y de los Estados Unidos anunciaron el inicio de un proceso de normalización de sus relaciones bilaterales, en una acción sin precedentes y en muchos aspectos muy importante. A partir de esa fecha se lograron avances significativos en el plano político y diplomático y algunos acuerdos que tuvieron cierto impacto económico en Cuba. Aunque el gobierno de Obama alivió algunas sanciones como resultado del proceso de negociaciones que se inicio tras los anuncios de diciembre de 2014, estas medidas fueron limitadas, principalmente relacionadas con viajes a cuba de ciudadanos estadounidenses e intercambios culturales. Es válido apuntar en este aspecto que existe una disposición legal que prohíbe a los estadounidenses viajar a Cuba como turistas que fue impuesta por la administración de Ronald Reagan en 1982.
Ninguno de los cambios regulatorios realizados a través de la acción ejecutiva por parte de la administración Obama modifico de manera sustancial el complicado entramado de las disposiciones, regulaciones y leyes que rigen la aplicación del bloqueo que establecido por la legislación federal desde 1996 con la aprobación de la Ley Helms Burton.
Trump y el uso de sanciones económicas como instrumento de política exterior
El uso de sanciones económicas no es nuevo en las relaciones internacionales, se pueden encontrar ejemplos de acciones de este tipo desde la antigüedad[12]. Al finalizar la primera guerra mundial las sanciones económicas se presentaron como una alternativa importante para hacer avanzar el llamado orden liberal wilsoniano, fue precisamente el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, uno de los arquitectos de la Liga de Naciones, que describió el uso de sanciones, al que llamó boicot, de la siguiente manera: “al aplicar un remedio económico, mortal, silencioso y pacífico, no habrá necesidad de usar la fuerza”. Según Wilson a través un boicot una organización supranacional y multilateral podía promover la seguridad colectiva y actuar como gendarme de la sociedad internacional, en este contexto el boicot se presenta como una alternativa más humana que la guerra.
Después de la Segunda Guerra Mundial las sanciones económicas se incorporaron a la Carta de las Naciones Unidas como una herramienta para el uso del Consejo de Seguridad. A través de este mecanismo multilateral coaliciones de naciones han usado las sanciones económicas como instrumento para intentar modificar la conducta de algunos Estados. El artículo 41 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas[13] establece medidas económicas y de otro tipo no militares para el mantenimiento o la restauración de la paz y la seguridad internacionales, sin utilizar el término sanciones para designarlas. Estas medidas son obligatorias para todos los Estados miembros; se enumeran en relación con el mantenimiento de la paz en el Capítulo VII de la Carta y se han familiarizado con un amplio público a raíz de la Guerra del Golfo de 1991. El uso de la coerción económica es un paso previo a la fuerza militar como se establece en Art. 42, curiosamente, la Carta otorga al Consejo de Seguridad un monopolio sobre las definiciones en este campo; el Consejo de Seguridad decide por sí mismo si se trata de una amenaza para la paz, una ruptura de la paz o un acto de agresión.
Aunque las sanciones económicas sean multilaterales o impuestas por una organización internacional supranacional con mandato para ello como Naciones Unidas. En el estudio de sanciones más grande del último siglo, Sanciones Económicas Reconsideradas Hufbauer, Schott y Elliot definen las sanciones económicas como un “retiro deliberado inspirado por el gobierno o una amenaza de retiro de las relaciones comerciales y financieras tradicionales con fines de política exterior y de seguridad o para alterar el comportamiento de un Estado que no cumple con las normas universalmente reconocidas por la comunidad internacional, con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las sanciones pueden ser parciales y afectar solo a ciertos bienes o personas; o pueden ser integrales, prohibiendo la actividad comercial con respecto a todo un país.[14]
Sin embargo, algunos Estados suelen imponer sanciones económicas de manera unilateral, y esto ha sido particularmente cierto en el caso de los Estados Unidos. En su extenso estudio de más de doscientos episodios de sanciones durante el último siglo, Hufbauer, Schott, Elliot y Oegg concluyeron que los Estados Unidos habían utilizado la coerción económica mucho más que cualquier otro país del sistema internacional.
En 2017 llega a la Casa Blanca Donald Trump, ya entrado en el cuarto año de su Presidencia, Richard Nephew, un defensor del uso de sanciones económicas y autor de El Arte de las Sanciones[15], trata de explicar al Washington Post[16] la gran inclinación de la administración a usar el poder económico de Estados Unidos como instrumento preferido para lograr objetivos de política exterior. Según Nephew, las razones, son tres. Primero, Trump, un ex empresario, «ve el dinero como una fuente universal de valor» y aprecia que las ramificaciones directas de las sanciones sean financieras. En segundo lugar, las sanciones apelan a la aversión general de Trump, aunque con ciertas excepciones notables, al involucramiento de soldados estadounidenses en acciones militares directas, lo que le permite imponer su voluntad con lo que considera un riesgo o inversión mínima de Estados Unidos. Y tercero, las sanciones satisfacen su impulso de «hacer algo», especialmente cuando se trata de problemas de política exterior que él estima insolubles.
Aunque el uso de sanciones ha aumentado constantemente cada año desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, en parte como un medio para interrumpir y penalizar a las organizaciones terroristas y las naciones que se oponen a los designios hegemónicos de Estados Unidos. La administración Trump ha ampliado significativamente su uso de sanciones y designaciones desde que asumió el cargo. En el hemisferio occidental los casos más notables son la política de sanciones económicas coercitivas unilaterales contra la revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cubana.
La guerra económica de Trump contra Cuba: Características y evolución reciente
El 29 de noviembre de 2016, el presidente electo Trump recurrió a su medio social favorito para amenazar con revertir los esfuerzos de normalización realizados por la administración de Obama. Luego, en junio de 2017, apareció en el Teatro Manuel Artime en Miami; rodeado de los elementos más conservadores de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida, firmó el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional[17] sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Esta fue la primera acción ejecutiva formal dirigida a revertir las medidas de la era de Obama. El núcleo del memorándum identifica las sanciones económicas como la herramienta de elección para tratar con Cuba, al limitar la interacción económica con el país, hacer cumplir la prohibición de viajar y afirmar formalmente la oposición a los llamados de los foros internacionales para levantar el bloqueo económico contra Cuba.
Donald Trump, no solo ha revertido en buena medida los modestos cambios realizados en el entramado de sanciones económicas por la administración de Barack Obama, sino que también ha llevado el programa de sanciones a nuevos extremos con el uso de instrumentos, no aplicados anteriormente que son cualitativamente superiores y un incremento exponencial en el tiempo que ha durado su administración, especialmente durante 2019.
La escalada de sanciones comienza en noviembre de 2017, en ese mes el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de 180 entidades y establecimientos que los estadounidenses, que a través de licencias pueden viajar a Cuba, ya no podían frecuentar con el argumento de que ayudan a financiar al ejército cubano y sus servicios de inteligencia y seguridad; Estos incluyen hoteles, tiendas, instalaciones de fabricación de ron, marinas y la zona de desarrollo económico en el Puerto de Mariel.
Esa lista se ha actualizo en 6 ocasiones en 2019 veces y actualmente incluye 223 entidades y incluidos ministerios de la república de Cuba[18]. El Departamento del Tesoro también emitió su propio conjunto de restricciones a los viajes a Cuba para grupos de intercambio educativo o cultural para ciudadanos estadounidenses. Los últimos cambios relacionados con los viajes a Cuba fueron la eliminación total de las licencias para viajes educativos «de persona a persona», por lo que se impidió para los estadounidenses la divulgación y los fines educativos de visitar el país por su cuenta si su viaje no conducía a la obtención de título académico. A partir de entonces los estadounidenses solo pueden viajar con grupos organizados bajo los auspicios de un proveedor de viajes con licencia con sede en los Estados Unidos. Aunque todavía hay formas legales para que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba, esto sigue siendo mucho más estrictamente restringido de lo que era antes de que Trump asumiera el cargo.
Durante 2019 el incremento del uso de sanciones fue más cualitativo y sostenido en el tiempo. El 4 de marzo, el Secretario de Estado Pompeo anunció veintitrés años después de la aprobación de la Ley Helms-Burton de 1996, que había codificado mecanismos para hacer cumplir las sanciones y el embargo, que Estados Unidos activaría la cláusula de la ley conocido como Título III. Esta sección de la ley permite a individuos, tanto ciudadanos estadounidenses como ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba, entablar demandas a compañías extranjeras que hacen negocios en la República de Cuba y usan propiedades nacionalizadas después de la revolución de 1959.
En junio de 2019, la administración Trump redujo aún más los viajes a Cuba al prohibir los viajes grupales en cruceros, yates y aviones corporativos. Más de 638,000 personas estadounidenses no cubanas visitaron Cuba en 2018, pero ese número se ha reducido significativamente. Los analistas coinciden en que los propietarios de pequeños negocios cubanos, como restaurantes y hostales, que disfrutaban de un aumento en el comercio de los visitantes estadounidenses, sienten el impacto de la reducción en el número de visitantes provenientes de Estados Unidos. En efecto mayor impacto ha recaudo en el sector privado cubano, porque los viajeros estadounidenses, según las regulaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tenían más probabilidades de quedarse en pensiones privadas y contratar conductores privados y guías turísticos.
Las restricciones de viaje también han tenido un costo humanitario. Después de que un tornado mató a seis personas, lesionó a muchas otras y dañó o destruyó viviendas, en enero de 2019, los cubanos que vivían en Japón realizaron un esfuerzo de ayuda, recaudaron dinero y recolectaron ropa y zapatos para donar. La ONG japonesa Peace Boat cargó estos artículos en el barco Ocean Dream, propiedad de la compañía marítima con sede en Miami Seahawk Corp. Pero debido a las nuevas restricciones de viaje, la ayuda no se pudo entregar, y el Ocean Dream, cargado de donaciones, se vio obligado a regresar a Japón.
Las medidas económicas impuestas en septiembre de 2019 son quizás las que más afectan directamente a un sector de la población cubana. Bajo la administración de Obama, las personas que viven en los Estados Unidos podrían enviar remesas ilimitadas a miembros de la familia en Cuba. Ahora, esa cantidad se ha reducido a un máximo de $ 1,000 por trimestre. Bajo la administración de Obama, los cubanos en los Estados Unidos también podrían enviar dinero a cubanos que no eran miembros de su familia, y a organizaciones de caridad; en la actualidad estos no espermitido por el Gobierno de Estados Unidos. Esto tendrá un costo humano, aproximadamente 1 millón de los más de 2 millones de cubanos que viven en el extranjero, la mayoría de ellos en los Estados Unidos, envían remesas a sus familias. La ayuda familiar en forma de remesas y artículos de consumo actualmente llega a un número importante de cubanos que viven en la isla.
Hacia el final del año 2019, a solicitud del Departamento de Estado, el Departamento de Transporte suspendió todos los vuelos comerciales a ciudades cubanas que no sean La Habana a partir del 10 de diciembre y, posteriormente, esta suspensión se extendió a los vuelos charter el 10 de enero de 2020, estas acciones afectan principalmente viajes familiares que también se ven afectados por el cierre del consulado de los Estados Unidos en La Habana como resultado de incidentes de salud aún inexplicables al personal de la embajada estadounidense en La Habana que supuestamente comenzaron cuando el presidente Obama estaba dejando el cargo, pero se hicieron públicos en agosto de 2018.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha limitado aún más el acceso de Cuba al sistema financiero de los Estados Unidos al eliminar la autorización para lo que comúnmente se conocen como transacciones de «U-Turn”. Estas son transferencias de fondos que se originan y finalizan fuera de los EE. UU., Donde ni el emisor ni el beneficiario son personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU. Esto está teniendo tendrá un impacto considerable en la forma en que las entidades cubanas, ya sean particulares o estatales, realicen sus negocios con socios comerciales en Canadá, Europa, Asia y América Latina.
Durante 2019, la administración Trump adopto unos de los cambios cualitativos más significativos en la aplicación de las disposiciones del Bloqueo a Cuba. La administración inició acciones para interrumpir los envíos de petróleo hacia y desde Cuba, al tiempo que impuso sanciones a las empresas en terceros países que tienen relaciones comerciales con Cuba. Tal fue el caso de la compañía de petroleros con sede en Italia PB Tankers SPA. El Departamento del Tesoro citó específicamente a seis de los petroleros de la compañía por haber transportado petróleo desde Venezuela, incluido un petrolero que entregaba productos petroleros desde Venezuela a Cuba. (Se destaca un aspecto particular de esta acción: el intento de interrumpir el suministro de petróleo de Cuba junto con el interés en dañar al principal aliado de Cuba en la región, Venezuela). Posteriormente, PB Tankers suspendió la ejecución de envíos a Cuba. Poco después, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones a la flota de la compañía, «elogiando a la empresa italiana por detener las entregas de petróleo venezolano a la nación isleña»[19].
La acción tomada contra PB Tankers va mucho más allá de la restricción del comercio por parte de personas estadounidenses; va más allá de castigar a los servicios militares y de inteligencia de Cuba, los objetivos declarados de las sanciones. La presión sobre las compañías navieras extranjeras restringe la importación de petróleo, lo que a su vez reduce el combustible disponible para el transporte, la electricidad y otros servicios vitales. Y es uno de los ejemplos más claros de cómo el alcance extraterritorial de las sanciones de EE. UU. De hecho, tiene la intención de imponer dificultades al pueblo de Cuba, un objetivo articulado por primera vez en el Memorando de Mallory de 1960 del Departamento de Estado, y ahora perseguido con un celo sin precedentes y sin adornos de unos sesenta años después.
Las medidas impuestas por la administración Trump están claramente orientadas a llevar a la bancarrota del estado cubano. Apuntan a las áreas de fortaleza económica del país, como el sector del turismo y la exportación de servicios profesionales, y explota sus vulnerabilidades, como la dependencia energética y la necesidad de atraer inversión extranjera directa.
Notas
[1] Statement by the President upon Signing Bill and Proclamation Relating to the Cuban Sugar Quota, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-upon-signing-bill-and-proclamation-relating-the-cuban-sugar-quota
[2] Inauguration by the U.S. Government of a Policy to Weaken the Cuban Economy», Memorandum from the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mallory) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Rubottom), Washington, April 6th, 1960, Department of State, Central files, 737.00/4-660. Secret Drafted by Mallory, FRUS 1958-60
[3] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/twea.pdf
[4]https://legcounsel.house.gov/Comps/Foreign%20Assistance%20Act%20Of%201961.pdf
[5] https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-76/pdf/STATUTE-76-Pg1446.pdf
[6]Paper prepared by the central intelligence agency for the standing group of the National Security Council, Washington, June 8 1963. Foreign Relations of the United States, 1961–1963, volume xi, Cuban missile crisis and aftermath, Document 346, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v11/d346
[7] Morley, Morris H.: “The United States and the Global Economic Blockade of Cuba: A Study in Political Pressures on America Allies”, Canadian Journal of Political Science, Vol. 17, No.1. ) Mar., 1984), pp. 25-48.
[8] Margaret P. Doxey, Economic Sanctions and International Enforcement, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1980), pp. 14-15.
[9]United States Government Accountability Office, (GAO) Economic Sanctions, Agencies Face Competing Priorities in Enforcing the U.S. Embargo on Cuba, November 2007.
[10] Informe de Cuba “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/informe-de-cuba-necesidad-de-poner-fin-al-bloqueo-economico-comercial-y-financiero-1
[11] Mark Bossyut, Economic and Social Council, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights Fifty-second session, Item 12 of the provisional agenda, Review of further developments in fields with which the sub-commission has been or may be concerned, The adverse consequences of economic sanctions on the enjoyment of human rights, E/CN.4/Sub.2/2000/33. June 21
[12]La historia de las sanciones económicas se remonta al menos a 432 A.C., cuando el estadista y general griego Pericles dictó el llamado “Decreto de Megara” poco antes de comenzar la primera guerra del Peloponeso, por el que sus mercaderes quedaban excluidos del comercio con Atenas. El motivo fue que los megarenses, supuestamente, habían ocupado tierra sagrada para cultivarla.[1] Hufbauer, G. C., Schott, J. J. y Elliot, K. A. Economic Sanctions Reconsidered: History and CurrentPolicy, 2nd ed., Washington, D.C.: Institute of International Economics, 1990.
[13]https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
[14]Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., y Oegg, B. Economic Sanctions Reconsidered (3rd edition), Peterson Institute for International Economics, 2007.
[15] Richard Nephew, The Art of Sanctions: A View from the Field, Columbia University Press, New York 2018
[16]https://www.washingtonpost.com/politics/trump-uses-sanctions-as-a-favorite-form-of-retribution–against-friend-and-foe-alike/2020/01/08/0b9ad6ee-317c-11ea-a053-dc6d944ba776_story.html
[17] https://www.federalregister.gov/documents/2017/10/20/2017-22928/strengthening-the-policy-of-the-united-states-toward-cuba
[18]https://www.state.gov/cuba-sanctions/cuba-restricted-list/
[19] Venezuela-related designation and designations removals,office of foreign assets control,specially designated nationals list update,https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/ofac-enforcement/pages/20190703.aspx
