Sería un error pensar que hemos llegado a esta etapa de recomposición y reordenamiento político de manera espontánea y de repente, como si en años anteriores no se hubiese puesto sobre las distintas mesas de diálogo las medidas que podemos hoy verificar como acciones que destrancan el embrollo institucional del que adolece Venezuela por los momentos.

Aquellas rondas de negociaciones fueron, en su mayoría, directamente saboteadas por el gobierno estadounidense, que suele tratar a la oposición venezolana como un mandadero sin autonomía. Pero, sabemos, se trata sólo de una parte de la dirigencia antichavista la que está dispuesta a seguir los designios de la política exterior de la Casa Blanca, sea quien sea el “inquilino” de turno.

Haciendo un repaso sucinto de las diferentes oportunidades que el gobierno chavista y los líderes de la oposición venezolana tomaron la ruta del diálogo para intentar dirimir antagonismos que parecían irreconciliables, podemos encontrar que el indulto presidencial a más de 100 políticos presos y prófugos de la justicia que se encuentran en el exterior, además del implemento de ciertas garantías electorales negociadas entre ambos sectores, ya se encontraban en la carta de navegación del destrabamiento concebida en otras instancias anteriores.

El diálogo en República Dominicana

Aquella vez bastó un telefonazo del Departamento de Estado, en ese entonces a cargo de Rex Tillerson, para que la oposición se levantara de la mesa de negociaciones en República Dominicana, a principios de 2018, en el que se llegó a un principio de acuerdo en los temas que se trazarían posteriormente.

Eso incluyó la liberación de una cantidad importante de políticos que habían sido arrestados por haber participado en acciones disruptivas de la estabilidad republicana en las revoluciones de color de 2014 y 2017, hecho que fue anunciado en diciembre de 2017 y que constituyó un gesto de buena fe por parte del gobierno de Nicolás Maduro para la consecución del diálogo.

Sin embargo, Estados Unidos tenía otros planes que nada tenían que ver con la estabilidad de Venezuela. Más bien, las acciones de la Administración Trump no han hecho sino empeorar la situación no sólo política e institucional de la República Bolivariana, también la económica, social y de movilidad poblacional.

Se debe resaltar que esta ronda de diálogos en República Dominicana, durante la gestión auspiciante del presidente Danilo Medina, y con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero como facilitador, fue luego de que se sofocara el periodo de guarimbas en 2017. Dicha mesa de negociaciones tenía como objetivo encaminar a los factores beligerantes a través de la política.

El fruto de lo sucedido en República Dominicana se vería cosechado posteriormente, como veremos a continuación.

Oslo y Barbados como escenarios

La autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela en enero de 2019, reconocido por Estados Unidos y unas decenas de países cuyos gobiernos orbitan en torno a los intereses geopolíticos y económicos de Washington, significó la aceleración del conflicto entre partes, uno reclamando el derecho legítimo a la gobernanza legitimada a través del voto popular, el otro buscando efectuar un “cambio de régimen” que, a día de hoy, ha significado un rotundo fracaso.

Con Guaidó (y Leopoldo López como principal mentor) se afianzó la guerra económica-financiera-comercial sobre el país vía medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de Donald Trump. Además, su figura altamente mediatizada, y por ende susceptible de blanqueos y justificaciones de la política estadounidenses hacia la República Bolivariana, ha servido como cortina de humo para los planes de desestabilización, intentos de golpe de estado e incursiones armadas (fallidas) bajo razón de suplantar el gobierno chavista por el interinato fake.

El lío institucional causado por la prerrogativa antichavista de minar al gobierno de Nicolás Maduro dio pie para que, una vez más, ambos polos se sentaran en una misma mesa a dialogar por el destrabamiento político.

En ese contexto, se generó el Grupo de Contacto Internacional, heredero del llamado Mecanismo de Montevideo, con el que varios gobiernos de América Latina y Europa facilitarían un acercamiento entre gobierno y oposición. Pero no logró tomar fuelle real aunque, sobre todo el gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, promocionara a viva voz el diálogo intravenezolano.

Por fin se sentaron en Oslo, capital de Noruega, cuyo gobierno propició el acercamiento entre enero y mayo de 2019, sin develarse detalles de las reuniones a solicitud de ambas partes.

Las rondas prosiguieron en la isla caribeña de Barbados, entre julio y septiembre, hasta que Juan Guaidó decidió (o, más bien, fue obligado a decidir) levantarse de la mesa en septiembre de 2019 alegando que tal mecanismo se había “agotado”.

Poco antes, y como consecuencia de que la Administración Trump profundizara la guerra económica total contra Venezuela a través del embargo total a la economía nacional y las llamadas “sanciones secundarias”, con las que se amenazaron a compañías extranjeras que hicieran negocios con el gobierno venezolano, los negociadores chavistas no se presentaron en Barbados en agosto de 2019.

Al no existir “buena fe” por parte de la oposición, no teniendo intención alguna de cabildear por la remoción de las medidas coercitivas unilaterales, el gobierno de Maduro manifestó su descontento de esta manera.

Una vez más, tanto el ala extremista del antichavismo como el gobierno estadounidense, la presión sobre Guaidó pudo más que los intentos de estabilización política e institucional en Venezuela.

Todo esto dio pie a que el chavismo buscara, entonces, mediar con otros actores y factores que fueron apartados o se deslindaron abiertamente de la estrategia estadounidense. Fue ahí donde entró la Mesa de Diálogo Nacional. Las consecuencias las vemos hoy.

Firma de acuerdos y consecuencias del diálogo

Mientras la agenda antichavista se enfocaba en la retórica y las acciones de Guaidó y su equipo, además de las movidas estadounidenses contra el Gobierno Bolivariano, éste último concretaba una firma de acuerdos para desenredar el contexto problemático en el seno del estado venezolano.

Así, se instaló de manera pública la Mesa Nacional de Diálogo por la Paz, aún vigente.

El 16 de septiembre de 2019, en una sesión televisada, los representantes del chavismo Delcy y Jorge Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y Jorge Arreaza y los de la oposición, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Luis Augusto Romero, Felipe Mujica y Leopoldo Puchi, firmaron conjuntamente un documento en el que se acordaron seis puntos:

• Liberación de políticos presos mediante recomendaciones de la Comisión de la Verdad
• Elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral
• Defensa del Esequibo como territorio venezolano
• Reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional
• Denuncia y levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales
• Aplicación del programa canje de petróleo por alimentos y medicinas bajo los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas

El presidente Maduro explicó que el diálogo entre ambas partes se logró mediante los oficios del gobierno noruego, siendo Oslo un actor internacional clave para la consecución del presente contexto.

Entre otros actores internacionales clave se encuentra, asimismo, el Vaticano, que históricamente ha fungido de mediador y facilitador de diálogos, y a lo interno un articulador importante, sobre todo desde que se desarrollaran los mecanismos de Noruega y Barbados, ha sido Stalin González, quien acaba de renunciar al partido Un Nuevo Tiempo e incluso el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radosnki.

Los seis puntos acordados hace casi un año están siendo cumplidos, dándole impulso al calendario electoral respecto a los próximos comicios parlamentarios que se anunciaron en marzo de este año.

De ahí proviene la decisión del masivo indulto presidencial y la activación de los mecanismos que aseguran las garantías electorales que se han negociado durante meses, e incluso años, para llegar a este contexto en el que se comienza a vislumbrar, por fin, una pronta regularización de la institucionalidad y la política como herramienta para dirimir el conflicto venezolano.

Mientras tanto, Estados Unidos y su delfín, Juan Guaidó, pretenden sabotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, alegando que “no existen las condiciones” para llevarlas a cabo, aun cuando la carta de navegación del diálogo expresa que sí se está construyendo un escenario donde sea posible elegir una nueva Asamblea Nacional que represente los verdaderos intereses de la población venezolano y no las prerrogativas del Norte global.