Caroline Rodrigues da Silva / Danilo George Ribeiro
La posición geopolítica de Brasil ha cambiado en el escenario mundial desde el ascenso de la extrema derecha. Los que siguen la agenda climática han de recordar que, en otras épocas, Brasil fue un actor importante en las negociaciones del Acuerdo de París y en la defensa de que otros países establecieran objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La negativa del gobierno de Jair Bolsonaro de acoger la 25ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP25), sumada a la vergonzosa participación de la delegación gubernamental en el evento y los incendios en la Amazonia ocurridos en el año 2019 son ejemplos que caracterizan nuestra imagen actual.
Las consecuencias ambientales del ascenso de la extrema derecha en el país harán temblar el tablero climático de los próximos años y, por lo tanto, deben ser conocidas no sólo por los brasileños, sino por todas las nacionalidades que están comprometidas con la democracia y el cambio climático. Este artículo presenta un panorama del avance de las grandes corporaciones sobre las aguas brasileñas, especialmente sobre el servicio público de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de mostrar que el gobierno de Jair Bolsonaro echa mano de la agenda neoliberal para vender las aguas brasileñas a las corporaciones internacionales, mientras tanto, 33 millones de personas aún no tienen acceso a los suministros de agua –lo que corresponde a un 16,4% de la población– y más de 120.000 personas han muerto de covid-19 hasta ahora.
Brasil y su manantial de agua
Brasil está en el centro del mercado de agua y hay diversas razones que lo explican. El país tiene el 13% de toda el agua dulce superficial del mundo, además de tener grandes acuíferos como el Guaraní y el Alter do Chão. Según datos recientes de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por cada 100 litros de agua tratada que se producen en Brasil, 72 litros se destinan a los sectores de la agroindustria y de la ganadería, es decir, alrededor del 70% del suministro se consume en la producción de soja, maíz, caña de azúcar y en la cría de ganado, cuya mayor parte se destina a la exportación. En vez de incentivar la salud, los miles de metros cúbicos de agua utilizados por estos sectores han generado hambre en las ciudades y muerte en el campo. A continuación, se encuentran los sectores de la industria y la minería, que juntos son responsables de un 12% del consumo de agua, mientras que la población es responsable de sólo un 4% del volumen total.
Según el Informe de Conflictos en el Campo de 2016, elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, 2017), entre 2015 y 2016 hubo un crecimiento de un 26% en los conflictos relacionados con el agua, que pasaron de 135 a 172 casos. Según el Informe de 2018 (CPT, 2019), el número de conflictos por el agua aumentó un 40% con respecto a 2017 y rompió el récord de la serie histórica, que comenzó en 2002: hubo 276 conflictos que involucraron a más de 73 mil familias.
En años recientes, dos grandes crímenes ambientales han contaminado parte del agua dulce brasileña. El 5 de noviembre de 2015, una presa minera de la empresa Samarco Mineração S.A. se rompió en la ciudad de Mariana, ubicada en la provincia de Minas Gerais, causando la muerte de 19 personas y la contaminación de la cuenca del Río Dulce por entero, además de destruir el distrito de Bento Rodrigues. Después de tres años, el 25 de enero de 2019, otra presa de minería de la empresa Vale S.A. se rompió en Brumadinho, ciudad de la misma provincia, afectando a 270 personas, entre muertos y desaparecidos. En este caso, el río más afectado fue el Paraopebas, que atraviesa 35 ciudades y desemboca en el embalse de la Central Hidroeléctrica de TrêsMarias. Detrás de ambos crímenes ambientales está el modelo de acumulación capitalista que, históricamente, ha sido un sistema basado en la división entre centro y periferia, donde, hasta hoy, el norte coloniza al sur global.
La mercantilización del agua en el gobierno de Jair Bolsonaro
La universalización del suministro de agua en Brasil todavía no es una realidad. Según los datos del Sistema Nacional de Información Sanitaria, solo un 83,6% de los brasileños disponen de acceso al suministro de agua, un 53,2% cuentan con alcantarillado y un 46,3% con servicios de depuración. El gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro y el ultraliberalismo que lo acompaña venden la idea de que la universalización de estos servicios se logrará por medio de la iniciativa privada. Recordando la experiencia mundial, que muestra que en ninguna parte esto fue posible sin la inversión estatal, esta idea no es posible.
La tendencia de tomar el agua y los servicios de saneamiento de Brasil como mercancías ya se puso de manifiesto en el octavo Foro Mundial del Agua, celebrado en Brasil en marzo de 2018. Desde 1997, este Foro ha sido un lugar de encuentro de las corporaciones que, a través del cabildeo, dirigen la toma de decisiones de los gobiernos y manejan la opinión del pueblo para que acepten una gestión privada de los recursos hídricos como si fuera la única opción. En el caso brasileño, las fuentes de financiación de este 8º Foro exponen la relación corrupta entre el Estado y las corporaciones, típica del neoliberalismo. Cabe destacar que un 40% de los costos del evento fueron subsidiados por la Agencia Nacional de Aguas (ANA), un 40% por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un 20% por las propias empresas (Nestlé, Coca-Cola, AmBev, GDF Suez S.A.). En ese momento, miembros de la sociedad civil brasileña e internacional se organizaron en el Foro Alternativo Mundial de Agua (FAMA) para denunciar el ataque al derecho al agua y al saneamiento que representaba el 8º Foro. Cerca de 7 mil personas hicieron una potente protesta cuyo lema fue “El agua es un derecho, no una mercancía”.
La elección de Jair Bolsonaro en octubre de 2018 y su total falta de compromiso con la crisis climática y la preservación del medio ambiente no sorprende a nadie. Desde el inicio de su mandato se ha llevado a cabo una reforma ministerial que ha desmantelado el aparato institucional de la gobernanza ambiental, lo que ha promovido el debilitamiento de los organismos de control de incendios y delitos ambientales, el desmantelamiento de los programas vinculados a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales y el recorte del presupuesto para las acciones de lucha contra el cambio climático. El aumento de la deforestación de la Amazonia y del Cerrado es el ejemplo más dramático de lo que este gobierno representa. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonia tuvo una deforestación un 34% mayor entre agosto de 2018 y julio de 2019. La superficie deforestada fue de más de 10 mil kilómetros cuadrados, la mayor superficie desde 2008. El bioma del Cerrado, conocido como “la cuna de las aguas del continente latinoamericano” es el que tiene el menor porcentaje de áreas bajo protección total, sólo el 11%, comparado con casi el 50% en el bioma del Amazonas. La deforestación en estas áreas protegidas aumentó un 15% en 2019. De agosto de 2018 a julio de 2019, 517 kilómetros cuadrados de bosque protegido fueron deforestados.
Otro ejemplo que preocupa es la posición del gobierno de Bolsonaro sobre el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, realizado en julio de 2019, pero aún pendiente de firma por parte los países miembros. El gobierno de Bolsonaro no manifiesta ninguna preocupación por la soberanía nacional y por el desarrollo sostenible, ya que intenta llevar adelante el acuerdo, sin tener en cuenta que pondrá al país como una colonia exportadora de materias primas –principalmente mineral de hierro, soja, caña de azúcar y carne de vacuno– e importadora de productos manufacturados de todo tipo, de los que destacamos los plaguicidas producidos por empresas alemanas como BASF y BAYER que, aunque tengan su venta prohibida en Europa, se comercializan en Brasil.
Si se firma el Acuerdo, Brasil aumentará sus emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea como resultado del crecimiento de las zonas de cultivo de agroindustrias en la Amazonia o del incremento de la extracción de minerales. En relación al agua, habrá un aumento del volumen extraído por la agroindustria y un incremento de la contaminación del agua por plaguicidas –cabe recordar que en 2019 Brasil superó el récord histórico con la liberación de 475 nuevos plaguicidas y en mayo de 2020 ya hay 150 más en espera de ser liberados–. En relación con la sociedad civil brasileña, el Acuerdo profundiza la criminalización de los movimientos que lideran la resistencia en los territorios que ya están sufriendo con el aumento del acaparamiento de tierras y la violencia local. Subrayamos que en el “Capítulo de la Sostenibilidad del Acuerdo” no hay medidas vinculantes establecidas, es decir, no hay instrumentos jurídicos que definan instituciones creadas para que los países y las corporaciones sean responsables por violaciones de derechos.
Bolsonaro ha modificado la legislación de servicios de abastecimiento y saneamiento y las grandes corporaciones internacionales han ampliado sus mercados
Después de múltiples intentos, en junio de 2020 Jair Bolsonaro aprobó en el parlamento la Ley 14.026/2020, que ha modificado la Política Nacional de Saneamiento (Ley 11.445/2007). Esta nueva legislación perjudica al medio ambiente, ya que permitirá la apropiación privada de los recursos hídricos brasileños, así como la gestión privada de los servicios de saneamiento.
En varias partes del mundo se pone en marcha la reestatalización de los servicios de saneamiento mientras que en Brasil el gobierno contradice esta tendencia. La experiencia de París, Berlín, Atlanta, Johannesburgo, Buenos Aires, Bolivia, Ecuador y Yakarta no parece servir de referencia para un gobierno de extrema derecha comprometido con la agenda neoliberal.
Uno de los principales riesgos de la aprobación de la Ley 14.026/2020 tiene que ver con la salud de la población brasileña ya tan abrumada por la pandemia – somos el segundo país del mundo con el mayor número de muertes por covid-19. La cuestión es que la Ley 14.026/2020 puso fin a los subsidios cruzados, un tipo de mecanismo de financiación que existe en las empresas públicas y que permite a las zonas con gran capacidad de pago de una ciudad financiar obras en zonas con baja capacidad de pago.
En una sociedad como la brasileña, resquebrajada por profundas desigualdades, los cambios en la legislación ciertamente producirán más injusticia social. Las grandes corporaciones del “mercado del agua y del saneamiento” no harán inversiones en zonas no rentables como los pueblos pequeños, las zonas rurales, las periferias y las viviendas populares ubicadas en las grandes ciudades. No es una casualidad que estos sitios sean las zonas con mayor déficit de infraestructura, áreas cuyas empresas públicas tienen dificultades para garantizar los servicios. La pregunta sin respuesta es ¿por qué el gobierno elige pasar recursos públicos a empresas privadas en lugar de invertir en empresas públicas existentes?
Otro riesgo introducido por la Ley 14.026/2020 tiene que ver con el precio del agua. ¡El resultado puede salir caro! Esto ya ha pasado en otras ciudades donde los servicios fueron privatizados. Al dar permiso para que las grandes corporaciones tomen el mando en la prestación de servicios de agua y saneamiento, los poderes públicos imponen a los más pobres el tipo de servicio privado, que sin competencia, se beneficia de esta prerrogativa para postergar o no lograr ningún tipo de mejora en los sistemas con argumentos como “no está en nuestro plan de objetivos invertir en esta área ahora”, “este tipo de inversión es arriesgada para nuestro equilibrio económico financiero”, “este tipo de inversión no nos dará un retorno económico”, en resumen, una multitud de argumentos que, al final, establecen como horizonte su propio beneficio y no la garantía del derecho al agua y al saneamiento.
Nos parece que los que más se beneficiarán con la Ley 14.026/2020 serán las grandes corporaciones del mercado del agua que ya operan en el mercado brasileño, como BRK Ambiental –controlada por la canadiense Brookfield–; AEGEA Saneamento e Participações S.A. –que tiene como accionistas a GIC y el Fondo Soberano de Singapur–; Iguá Saneamento S.A. –que tiene como accionista indirecto el fondo canadiense AIMCo-; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. –empresa nacional– y GS Inima Brasil LTDA –que forma parte de la coreana GS–. De acuerdo con la investigación ¿Quiénes son los propietarios de los servicios sanitarios en Brasil?, estas cinco empresas controlan el 85,3% de los contratos de privatización existentes en el territorio brasileño y están en el 87,8% de los municipios donde el servicio ya está privatizado.
Hay otras gigantes del mercado del agua que aún no operan en el sector del saneamiento brasileño y que, aun así, incluso después de la aprobación de la Ley 14.026/2020 manifestaron su interés en actuar en este mercado como el fondo americano Mcquarie, el grupo español Acciona y los grupos chinos CGGC –del grupo Gezhouba y CREC4 –de CTC. Entre las empresas brasileñas que aún no actúan en el sector CCR, Pátria y Equatorial también parecen tener interés. La pregunta que no se ha hecho es: ¿Cómo corporaciones sin experiencia en la materia lograrán los objetivos de la universalización? ¿Cuáles son los intereses en juego de estos grupos económicos financieros?
El mal ejemplo de la provincia de Río de Janeiro
En el caso de la provincia de Río de Janeiro, parte del abastecimiento y saneamiento está privatizado desde los años 90. En la provincia tenemos aproximadamente un 10% de las municipalidades donde los servicios son prestados por la iniciativa privada.
El 20 de febrero de 2017, el parlamento de la provincia de Río de Janeiro aprobó, por 41 votos favorables y 28 en contra, la venta de 100% de las acciones de la empresa pública Companhia Estadual de Aguas e Esgotos de Rio de Janeiro (CEDAE). (Ley Nº 7.529/2017). En ese momento la privatización estaba directamente relacionada con el Compromiso de Recuperación Fiscal de la provincia de Río de Janeiro, firmado entre el Gobernador Luiz Fernando Pezão (PMDB) y el Presidente Michael Temer (PMDB), para garantizar, entre otras cosas, un préstamo de hasta 2,9 millones de reales a la provincia para el pago de los sueldos de empleados que, en ese momento, tenían un retraso de cuatro meses. La inseguridad jurídica en este proceso era de tal magnitud que el valor no entró en los fondos públicos hasta septiembre de 2017, cuando se celebró la subasta de acciones de CEDAE, cuyo único candidato era el banco francés BNP Paribas. El plazo de este préstamo termina el 19 de diciembre de 2020 y la cantidad corregida a pagar es de 4,5 millones de reales, en una sola cuota. En resumen, CEDAE se convirtió en el lastre de este préstamo y su privatización se convirtió en una condición para que el Estado soportara la deuda.
Lo preocupante es que, si no ocurre la privatización, CEDAE tendrá que ser federalizada, ya que la deuda pertenece hoy a la Unión. Trabajando contra reloj, el actual gobierno de la provincia Wilson Witzel (PSC) inició un proceso de consulta pública online sobre la concesión de CEDAE y también señaló la apertura de capital en la bolsa. Ambos procesos de toma de decisión son cuestionables pues vivimos una pandemia, en Brasil el acceso a Internet es desigual y el derecho a la participación democrática no está garantizado. Cabe destacar que en la probable apertura de capital, que aún no se ha producido, es evidente que el banco BNP Paribas tendrá una gran ventaja, ya que es el dueño de la deuda de 4,5 millones de reales.
También es importante decir que el banco BNP Paribas participó directamente en la fusión de los grupos Suez y GDF, gigantes franceses del sector de la energía y los servicios urbanos. GDF Suez es también la empresa matriz de Lyonnaise des Eaux, un grupo multinacional francés que opera servicios de abastecimiento y saneamiento e históricamente interesado en el capital de CEDAE.
BNP Paribas como vínculo entre la privatización de CEDAE y la crisis de Rioprevidência
El banco francés BNP Paribas está en el centro de la crisis financiera de la provincia de Río de Janeiro. De hecho, es el vínculo entre la privatización de CEDAE y la crisis de Rioprevidência, una autarquía creada para gestionar la Caja Única de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Río de Janeiro, que ha sido descapitalizada por la Operación Delawere desde 2011.
Para entender la ingeniería financiera que se estableció en Río de Janeiro, es necesario saber cómo se estableció la distribución de los royalties del petróleo y las Participaciones Especiales del Pre-Sal. Varias provincias y municipalidades reciben una parte de estos recursos, que son transferidos por el Tesoro Nacional a través del Banco do Brasil. En el caso de Río de Janeiro, en 2006, el Estado asignó estos recursos al Fondo de Rioprevidência para garantizar su solvencia.
La Operación Delawere fue creada por el gobierno de la provincia de Río de Janeiro mediante la hipoteca de los ingresos procedentes de los royalties y de las participaciones especiales, que por definición debían ser aportados a Rioprevidência, pero fueron aportando a una institución financiera internacional, situada en el paraíso fiscal del estado estadounidense de Delaware. Esta institución, nombrada como Rio Oil Finance Trust (ROFT), emitió valores financieros relacionados con esta corriente de ingresos con el fin de recaudar dinero de especuladores internacionales. Esta operación, cuyo saldo negativo para el Estado se acerca a los 20 millones de reales, no sólo fue estructurada, sino también aprovechada por el banco BNP Paribas. Las peligrosas relaciones que se han establecido entre el estado y el banco han sido tan profundas que han motivado una investigación en el parlamento estatal, presidida por el diputado estatal Flávio Serafini (PSOL), cuyo informe está ahora listo para ser votado, pero debido a la pandemia aún no lo ha sido.
No hubo ningún control social en ese proceso. Hasta el día de hoy no queda claro por qué se eligió al BNP Paribas para estructurar la Operación Delawere. Se contrataron varias empresas privadas en el marco de la Operación sin realizar procedimientos de licitación, sin demostrar una observancia mínima del principio constitucional de la isonomía y sin preocuparse con la elección de la oferta más adecuada a la administración pública.
Es importante destacar la actuación bastante controvertida del banco BNP Paribas, así como de los agentes públicos brasileños que, juntos, crearon una operación de saqueo de fondos públicos sin precedentes. También debemos subrayar que este modelo de financiación, en los flujos monetarios futuros procedentes del petróleo y de los minerales, se está gestionando en otros estados de Brasil, como São Paulo y Minas Gerais. Al mismo tiempo, la privatización de CEDAE entre toda esta escandalosa historia pierde todo el apoyo, sea desde la perspectiva política o desde la legalidad. Además de los representantes de la clase política, es necesario pedir explicaciones a los trabajadores de los servicios públicos involucrados y a los representantes de las corporaciones depredadoras del fondo público, como parece ser el caso del banco BNP Paribas.
La defensa del derecho al agua y al saneamiento
Como se presenta en este artículo, la naturaleza de Brasil está siendo mercantilizada por el gobierno de Jair Bolsonaro para servir a los bancos y corporaciones internacionales. Aunque no afecta a todos de la misma manera, debemos ser conscientes de las consecuencias climáticas de la privatización de las aguas brasileñas y de las injusticias sociales resultantes de las relaciones comerciales entre los países del norte y los países del sur.
Defender el agua y el saneamiento como un derecho ha sido una de las formas de resistencia social al gobierno de Jair Bolsonaro. Denunciar que la privatización del sector no garantizará más salud a la población ha sido una estrategia de los movimientos sociales. Si para protegerse del covid-19 es necesario lavarse las manos y 33 millones de brasileños todavía no tienen acceso al suministro de agua, el gobierno debería tratar de sanar este déficit y no vender todos los bienes públicos.
