Los documentos secretos sobre el uso de los servicios bancarios para lavar dinero procedente de organizaciones criminales sirvió de base para que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) elaborara y diera a conocer un fundamentado trabajo acerca del tema, donde denuncia la preocupante falta de regulaciones y la facilidad con que las explotan los criminales.
El examen y síntesis de más de dos mil 100 documentos provenientes de la unidad antilavado estadunidense (FinCEN) da una idea no sólo de los volúmenes de capital que circulan en ese brumoso universo financiero, sino también de la permisividad que las grandes instituciones bancarias muestran al respecto, más o menos amparadas en la ambigüedad de una legislación que contiene suficientes lagunas como para que en ellas naveguen a sus anchas estafadores y delincuentes de diversa ralea y procedencia.
Las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos, dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.
La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos. La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.
El más cuestionado es JPMorgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN. El análisis del ICIJ mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El banco movió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort durante los 14 meses posteriores a su renuncia de la campaña, en medio de acusaciones por lavado de dinero y corrupción derivados de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.
JPMorgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y compañías responsables del saqueo masivo de recursos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según revelan los documentos filtrados.
También movió más de mil millones de dólares para un financiero prófugo responsable del fraude 1MDB en Malasia (el desfalco estimado en 4,500 millones de dólares de fondos soberanos de ese país), según muestran los archivos, y más de dos millones de dólares para un magnate venezolano de la energía, cuya empresa fue acusada de engañar al gobierno de Venezuela y provocar apagones eléctricos que paralizaron parte del país.
Las transacciones opacas continuaron pasando por cuentas bancarias de JPMorgan, pese a las promesas del banco para mejorar sus controles antilavado como parte de acuerdos que alcanzó con autoridades de Estados Unidos en 2011, 2013 y 2014.
El 62 por ciento de todos los informes de sospechas del Departamento del Tesoro contenidos en los archivos FinCEN son hechos por el Deutsche Bank. El acrónimo FinCEN significa Red de Ejecución de Crímenes Financieros, departamento responsable de la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Este banco contabilizó 1,3 billones de los dos billones de dólares de transferencias sospechosas.
En 2015, el mayor banco de Alemania aceptó una multa de 258 millones de dólares por violar las sanciones impuestas por EEUU, porque había transferido un total de casi 11.000 millones de dólares entre 1999 y 2006 en nombre de clientes iraníes, libios, sirios, birmanos y sudaneses. Los investigadores de EEUU acusaron al Deutsche Bank de realizar «transacciones de compensación» no transparentes para encubrir posibles infracciones de las sanciones por parte de sus clientes.
El llamado lavado de dinero no es otra cosa que la puesta en circulación legal de utilidades financieras resultado de actividades ilegales, y por lo mismo, al margen de los sistemas de control fiscal y hacendario. El propósito último del lavado en cualquiera de sus diferentes variantes es, por supuesto, ocultar la procedencia ilegal de los fondos.
La transformación de las ganancias monetarias ilícitas en fondos producidos por una fuente en apariencia legal permite a las personas u organizaciones criminales comprometidas en el proceso disponer de dinero limpio (de ahí la expresión lavado de dinero) para operar como cualquier usuario o empresa en regla con las autoridades.
El estudio denominado FinCEN Files identifica a cinco grandes entidades financieras que, aunque no son las únicas, han permitido operaciones millonarias que en el mejor de los casos pueden calificarse de sospechosas y en el peor de ilícitas. Todas estos bancos obtuvieron las comisiones por su gestión administrativa, lo que explica en parte la elevada tasa de utilidades que al año logran algunas grandes corporaciones bancarias, aun cuando la actual pandemia haya aminorado su crecimiento..
La mayor filtración de datos financieros registrada en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite, además, alegar inocencia o desconocimiento: en algunos casos, las instituciones bancarias siguieron gestionando con alegría los fondos ilegales, aun después de que las autoridades estadounidenses de control financiero les advirtieran que si seguían en ese plan iban a terminar en una corte penal.
Los FinCEN Files representan menos del 0,02% de los más de 12 millones de reportes de actividades sospechosas que las instituciones financieras enviaron entre 2011 y 2017. El conjunto de reportes de actividades sospechosas, junto a cientos de archivos con nombres, fechas y cifras, detallan flujos de transacciones potencialmente ilícitas realizadas por clientes de al menos 170 países.
Los documentos muestran cómo los bancos a ciegas mueven dinero entre sus cuentas para personas que no identifican, tardan hasta años en señalar posibles esquemas de lavado de dinero e, incluso, hacen negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos de corrupción.
Además de los FinCEN Files, el ICIJ y sus socios obtuvieron más de 17 mil 600 archivos adicionales de empleados y denunciantes, documentos judiciales, solicitudes de acceso a la información y de otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en delitos financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a víctimas.
Dinero sucio, burócratas idem
El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. El libre flujo del dinero sucio sostiene bandas criminales, desestabiliza naciones y fomenta la desigualdad económica global. A menudo, los capitales que son lavados terminan en cuentas de sociedades fantasmas registradas en paraísos fiscales opacos, lo que permite a las élites esconder grandes sumas de dinero y esquivar el radar de las autoridades.
La indagación del ICIJ detectó que los bancos que aparecen en FinCEN Files suelen procesar operaciones para sociedades registradas en jurisdicciones secretas, sin conocer al “beneficiario final” de la cuenta, es decir, a la persona de carne y hueso que está detrás de ella. Los dueños de estas cuentas corporativas tienen direcciones en Reino Unido, EEUU, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los reportes tienen un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas.
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (ONUDC) estima que 2,4 billones de dólares de fondos ilícitos son lavados cada año, cifra equivalente a casi el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo, pero las autoridades detectan menos del 1% del dinero sucio.
Para algunas instituciones financieras, el cliente problemático es otro banco. Una explosión el Jerusalén mató a siete personas e hirió a otras 20, dejando a un expolicía paralítico del cuello para abajo, quien se covirtió en parte demandante de un proceso judicial en Estados Unidos, acusando a una institución financiera de Jordania, el Arab Bank, de mover fondos que ayudaron a financiar el atentado.
Los FinCEN Files muestran que, a medida que el litigio arrojaba sombra sobre el Arab Bank, un banco más grande e influyente aparecía como beneficiario: el Standard Chartered, con sede en Reino Unido, que ayudó a los clientes del sancionado banco jordano a acceder al sistema financiero de Estados Unidos.
En 2012, las autoridades de Nueva York concluyeron que el Standard Chartered había “conspirado con el gobierno de Irán para mover 250 mil millones de dólares a cambio de cientos de millones de dólares en comisiones. Ese año, el Standard Chartered pagó multas por 670 millones de dólares en acuerdos con autoridades. Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, procesó 2.055 transacciones de clientes del Arab Bank, por un total de más de 24 millones de dólares..
Hasta febrero de 2016, Standard Chartered movió casi 12 millones de dólares más para clientes del Arab Bank. Muchas transferencias se referían a beneficiencia, donaciones, apoyo o regalos. El fallo civil contra el Arab Bank se anuló cuando un tribunal de apelación encontró fallas en las instrucciones del jurado de primera instancia. El Arab Bank alcanzó luego un acuerdo con casi 600 víctimas y familiares por una cantidad no revelada.
Antecedentes
En 2012, la sede de HSBC en Londres –el banco más grande de Europa–, firmó un acuerdo de procesamiento diferido y admitió que había lavado al menos 881 millones de dólares de grupos criminales de América Latina. Los narcotraficantes usaron cajas especialmente diseñadas para ajustarse a las ventanillas de los cajeros del HSBC; dejaron enormes cantidades de dinero de la droga en el sistema financiero.
Gracias a un acuerdo con los fiscales, HSBC pagó mil 900 millones de dólares. A cambio, el gobierno suspendió las acusaciones y se comprometió a abandonarlas por completo a los cinco años si HSBC cumplía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.
Los FinCEN Files muestran que durante esos cinco años de prueba, HSBC siguió moviendo dinero de personajes cuestionados, algunos de ellos sindicados de lavar dinero de Rusia o encabezar una estafa piramidal de Ponzi, y que están siendo investigados en varios países.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos permitió que HSBC anunciara, en diciembre de 2017, que había “cumplido con todos sus compromisos” del pacto de procesamiento diferido y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales en su contra para siempre. No se denunciaron sobornos.
