El título alude a la nueva relación que pende sobre la oposición venezolana, oscilando entre sí se somete a las reglas de la política democrática o se mantiene en sumisión a las directrices del gobierno de los Estados Unidos. Así que corresponde asumir a la oposición venezolana –sobre todo, a la que participó en las elecciones del 6 de diciembre y que se incorpora a la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2021, para un nuevo período que se extiende por cinco años, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- un rol de primera línea para participar en el juego político democrático.

Entendemos que en ese caos asombroso de tendencias y posiciones que giran en torno a sus particulares intereses de la llamada oposición en Venezuela, éste sector incorporado a la institucionalidad, en sus diversos matices, han tomado el camino de la legalidad y el trabajo parlamentario es uno de ellos. Lo cual implica que se deslindan del otro sector o sectores con tendencia a promover la violencia bajo cualquier forma como mecanismo de presión para sustituir, por vía de hecho, al presidente constitucional, Nicolás Maduro. Al tiempo que se deslinda de su adhesión al tutelaje de Washington para lograr el camino de controlar el poder.

Prórroga a la ilegalidad

No obstante, lo auspicioso de la instalación de la Asamblea Nacional y lo positivo que se construya una fuerza de oposición legítima, organizada, institucionalista y nacional, que funja como una alternativa en el pulso político de la Nación. Contrasta radicalmente con un sector o sectores de la oposición, que siguiendo el libreto de Washington y, concretamente de la administración que fenece en pocos días de Donald Trump.

Basado en un ilegal e írrito “estatuto de transición”, que contraviene la Constitución de 1999, ha extendido una prórroga de un año para la ridícula “presidencia

interina” y la Asamblea Nacional en desacato. Un sector entre los que se agrupan una fragmentación del G4 y otros movimientos sin peso político específico, pero que configuran una mafia delincuencial sobre el cual pesan delitos de peculado y malversación de activos de la República, cuyo nivel de corrupción no tiene precedentes en la historia del país.

Las denuncias de corrupción han estado circulando en órganos periodísticos de gran difusión en los Estados Unidos, el Washington Post y en varios diarios y noticieros de Florida reseñan los turbios negocios de los designados por el “autonombrado interino”. Los que se han intensificado desde las irregularidades en la ayuda humanitaria (pretexto para una incursión violenta en Venezuela) denunciadas por el supuesto embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien el 23 de enero de 2019, señaló los gastos en placeres del señor Guaidó y sus secuaces. Hasta el día de hoy los negocios fraudulentos con activos de la República Bolivariana de Venezuela son bien conocidos en los Estados Unidos y gozan plenamente de la aceptación de la administración saliente de D. Trump. Así, pues, buena parte de los activos despojados con manejos dolosos y artilugios leguleyos son retenidos por el Departamento del Tesoro.

El gobierno en retirada de Donald Trump ha reiterado su apoyo a la maniobra de usurpación de Juan Guaidó como interino en la presidencia del país. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de EE.UU., el lunes 4 de enero emitió una declaración reconociendo a la Asamblea Nacional (en desacato) que ya culminó su período. Esta decisión de acuerdo a la Licencia General 31A, Washington autoriza a la Asamblea ilegal para” actuar en nombre del Gobierno de Venezuela”. Desconociendo a la Asamblea instalada el 5 de enero de 2021 como ilegitima al considerar que no fueron resultado de elecciones “libres y justas”.

De esa manera el gobierno de D.Trump desconoce las leyes venezolanas y banaliza nuestras instituciones, en una descarada intervención en los asuntos que son propios de la soberanía jurídica de Venezuela. Política que ha permitido a ese sector de la oposición usufructuar los bienes de la Nación y a Estados Unidos despojarnos de los activos de la República. Política propia de una alianza mafiosa –imperialismo y oposición lacaya- contra Venezuela

¿Qué se espera de Joe Biden?

No hay elementos de convicción que nos permitan pensar en contrario a lo que hemos afirmado con anterioridad en las elecciones presidenciales de EE.UU, cuando afirmamos: “No hay nada más parecido a un gobierno de Donald Trump que uno de Joe Biden”.

A juzgar por estos elementos: primero, el comisionado especial para Venezuela del gobierno de D. Trump, Elliot Abrams, aseguró que en Estados Unidos, formalmente entre ambos partidos y dentro del establishment político existe un consenso para ser consistente con una política. En el caso de Venezuela en concreto, ambos partidos han acordado sostener una política de presión sobre el gobierno de Maduro y no espera mayores cambios en la política de EE.UU., hacia el país sudamericano. Segundo, Joe Biden, ha calificado al presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro de “dictador”. Claro, en el estilo simplista, banal e infundado, con el que los gobernantes estadounidenses califican a quienes consideran sus enemigos o target político. Llegó a decir del presidente bolivariano, tomado, como definitivo, de las notas falsas transcritas por sus asesores: “Solo un tirano evita el envío de alimento y medicina a la gente que dice liderar”. Y en plena campaña dijo Biden: “Es tiempo para que Maduro deje el poder y permita una transición democrática” (9/ febrero 2019, Washington Post). Otros asesores opinan que Biden, no planea levantar las sanciones, todo lo contrario, aplicaría mayor presión, contra Maduro y la larga lista de funcionarios y allegados. En la agenda el cambio de régimen es lo que domina la política del elegido demócrata para Venezuela.

Puede haber un cambio de estilo y tácticas, pero se mueve dentro de la misma política de sanciones coercitivas y unilaterales. Política realista que prioriza la administración demócrata hacia el presidente Maduro, muy al estilo Obama, cuyos hombres de confianza están de vuelta a la Casa Blanca. No hay una opción de cambio desde Washington.

Una hipotética política de Washington hacia Venezuela que recreara las relaciones implica un reconocimiento de que el chavismo es una fuerza social importante y representa un movimiento político de avanzada popular y soberano, que configura con la Fuerza Armada Bolivariana una Unión Nacional indoblegable. Ello es válido para la oposición que debe comenzar por reconocer la fortaleza de esa Unión. Y a partir de allí conformar una fuerza política importante que pueda darle un combate cívico y en democrático.