"...quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido".

Simón Bolívar, Discurso de Angostura

Cuando el saqueo se vuelve norma

En América Latina, si bien la reacción de los gobiernos de la mayoría de países ha sido mucho más sensible a la crisis mundial del capitalismo que lo que se observa en los Estados Unidos y Europa, la excepción es Colombia, cuyo territorio ha sido entregado históricamente por los distintos gobiernos al capital transnacional para su explotación y depredación, configurándose en lo que el connotado sociólogo, geógrafo e historiador inglés David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión”. Un ejemplo patético de la entrega de recursos públicos y de saqueo del erario en medio de un cinismo sin límites lo constituye el gobierno de ultraderecha que preside el inefable Iván Duque Márquez, ficha impúdica del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La ministra de Tecnologías y Comunicaciones (MinTic) Karen Abudinen y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, recientemente designado por Duque como codirector del Banco de la República, entre muchos más, son abanderados de la tendencia neoliberal, la mejor expresión del poder concentrado y la lógica dominante en Colombia.

Hace tres décadas, en medio de la euforia neoliberal que invadía al mundo entero, se impuso el mito de que el Estado era inherentemente corrupto e ineficiente, mientras lo privado era todo lo contrario.

Sin la menor evidencia científica ni histórica, enceguecidos por el fundamentalismo del mercado, los Chicago boys criollos implantaron su modelo, al servicio del gran capital. En la práctica, se trataba de transferirle empresas y recursos públicos, para que los utilizara a sus anchas. Los gobiernos lo acogieron entusiastas, lo mismo que los medios y buena parte de la academia.

Así se consolidó el reinado de los tecnócratas. Proclamándose apolíticos, invocaban sus títulos académicos y se convertían en agoreros de las señales del mercado.

“Bienvenidos al futuro”… neoliberal

Este es el contexto preciso de la Constitución del 91. Sin duda, un avance en términos democráticos y de incorporación y reconocimiento de derechos, aunque buena parte de ellos esté por cumplirse. Pero también, la base jurídica para el anuncio de “Bienvenidos al futuro” del padre del neoliberalismo en Colombia, el entonces presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

En ese futuro no cabían las empresas estratégicas del Estado, por lo que se transfirieron a los privados o se liquidaron, a pesar de la resistencia de los trabajadores. Las de servicios públicos esenciales, como agua, luz y saneamiento básico; salud y seguridad social, educación, fomento agrario, energía y petróleo.

La apertura económica y privatización se convirtieron en normas constitucionales. El artículo 335 autorizó la enajenación o liquidación de las empresas del Estado. La Ley 100 estableció la intermediación financiera en salud y seguridad social. La Ley 142 privatizó la gestión de los servicios públicos. Todas ellas son hijas legítimas de la Carta.

Estas políticas incrementaron las ganancias de un insaciable sector privado y multiplicaron las oportunidades e incentivos para la corrupción. El Estado como botín. Al mismo tiempo profundizaron el rezago de muchas regiones históricamente marginadas y golpeadas por la violencia.

No se trata de que en el pasado el funcionamiento de las empresas fuera ejemplar. Había que mejorarlas, rescatarlas. Pero la solución fue entregárselas a los grandes, al gran capital.

 

¿Para qué el poder de los neoliberales?

Karen Abudinen y Alberto Carrasquilla, entre muchos más, son abanderados de esta tendencia. Ella, responsable de dejar al 60 % de los niños y niñas de las zonas rurales del país sin conectividad y sin estudio, por tanto, sin oportunidades de vida. Entregó un billonario contrato a una empresa fantasma de sus amigos políticos.

Él, con títulos académicos y un prontuario grueso. Interpretó muy bien las posibilidades de hacer negocios privados desde el poder. Como ministro de Hacienda de Uribe preparó el terreno y los contactos. Se apoyó en la ley que estableció que inversionistas particulares podrían prestar a los municipios para acueductos. Después, como exministro, con su empresa Konfigura les prestó a 117 municipios pobres, con tasas de interés extorsivas y con la garantía del Sistema General de Participaciones.

Al poco tiempo, los municipios se quebraron. En 73 de ellos las obras quedaron inconclusas o terminadas sin funcionar, es decir, sin servicio de agua y alcantarillado. En total, el mecanismo de los bonos de agua endeudó por $ 441.000 millones a estos municipios por 19 años, $1,5 billones con intereses, sin opción de pagar el crédito en menos tiempo. El Estado lo asumió y Carrasquilla obtuvo enormes ganancias. La Contraloría hizo un informe que nunca dio a conocer. Para eso es el poder.

 

Luego vendría su nefasta experiencia como Ministro de Hacienda de Duque, su desconexión absoluta con la crisis económica y la pandemia. Su cinismo para promover una reforma tributaria contra la población y anunciar que solo había caja para unas semanas. Su papel como detonante del enorme estallido social.

En medio del naufragio de su gobierno, Duque respaldó incondicionalmente a los dos. A Carrasquilla lo acaba de designar codirector del Banco de la República, invocando su trayectoria. Recordemos que la Constitución facultó al Emisor para manejar la ortodoxia neoliberal. Todo lo resuelve: endeudamiento, política monetaria, reservas. Es cierto que ahora está bajo el control absoluto del gobierno. Pero el problema de fondo es el otro.

Por supuesto que Carrasquilla y Abudinen son especialmente cínicos. Otros exministros del establishment colombiano como Andrés Felipe Arias y Néstor Humberto Martínez, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, y la cuestionada vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, entre muchos otros, también lo son. No son solo manzanas podridas, hay un modelo que los respalda. Son la mejor expresión del poder concentrado y de la lógica dominante en Colombia.

“El mercado colombiano quedó tranquilo con el regreso de Carrasquilla a la Junta del Banco de la República”, señaló la revista Semana, hoy convertida en vocera del uribismo y de propiedad de los banqueros Gilinski.

 

 

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