Por Francisco Domínguez
Tras cuatro años de gobierno del ultraderechista Bolsonaro, el 2 de octubre de 2022 el pueblo brasileño votará a un nuevo presidente. El expresidente Lula —actualmente en lo alto de las encuestas— se enfrenta a un mandatario cada vez más delirante, que ha amenazado con una violenta acción inconstitucional en caso de perder.
La victoria de Bolsonaro se produjo dos años después de la destitución de la presidenta por el Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, en 2016. El PT había ocupado el cargo desde 2003. El período 2010-2016 estuvo dominado por la llamada «crisis crediticia» que sumió al mundo en el caos, con una contracción económica generalizada, un enorme endeudamiento en las economías avanzadas y una considerable reducción del consumo de materias primas. Brasil se vio muy afectado. En 2015 el PIB había disminuido un 3%, la inflación era elevada (10%) y la deuda pública se disparó hasta el 63% del PIB, lo que dificultaba al gobierno mantener sus políticas sociales de erradicación de la pobreza.
La derecha brasileña aprovechó la crisis. Un reaccionario Movimiento Brasil Libre (MBL) desató una ola de protestas callejeras que también se alimentó de la investigación Lava Jato sobre la corrupción en Petrobras, una de las mayores empresas petroleras estatales del mundo. Esto permitió a la derecha brasileña crear una atmósfera de inestabilidad que utilizaría tanto para destituir a Dilma mediante una votación parlamentaria con falsas acusaciones de «maquillar las cuentas», como para lanzar una caza de brujas contra PT, a la que los principales medios de comunicación mundiales contribuyeron masivamente y a diario. Los medios de comunicación de Brasil fueron mucho peores. El gobierno interino de Michel Temer, montado en esta campaña embriagadora, tomó medidas para revertir las políticas sociales del PT, congelando el gasto estatal en salud y educación durante veinte años.
Lo que comenzó el MBL no estaría completo sin eliminar a Lula como candidato presidencial para 2018. El juez Sergio Moro fue el encargado de llevar a cabo una investigación que buscaba condenar a Lula por cargos de corrupción, cosa que consiguió tras una investigación de cuatro años que condujo al encarcelamiento ilegal del expresidente durante 580 días (primero en calidad de detenido, luego por una sentencia a nueve años de prisión en 2017 que fue aumentada a doce en 2018, cuando Lula apeló). Moro desplegó todos los trucos sucios del arsenal de la ley para encarcelar a Lula, para lo cual contó con el pleno apoyo de la clase dirigente de Brasil y de los principales medios de comunicación nacionales y mundiales.
Fernando Haddad, el candidato presidencial del PT que sustituyó a Lula, tuvo apenas tres semanas para disputar las elecciones presidenciales de 2018. El clima generalizado anti-PT creado tras el impeachment de Dilma y el encarcelamiento de Lula permitió a los empresarios pro-Bolsonaro romper todas las normas electorales y pagar millones de dólares para inundar las redes sociales con noticias falsas que retrataban a Haddad como «un monstruo pervertido», que recomendaba la distribución de «biberones con forma de pene en las guarderías» y «kits gay» que enseñaban la homosexualidad en las escuelas. Bolsonaro ganó en la segunda vuelta con el 55% de los votos.
Jair Bolsonaro es descaradamente racista, misógino y homófobo. Ha insultado y denigrado repetidamente a las mujeres, a la comunidad LGBT y a los brasileños negros e indígenas. Apoya abiertamente la dictadura militar de 1964-85 y dedicó su discurso de apoyo a la destitución de Dilma al coronel Ustra, que en 1970 ordenó su tortura. Que este tipo de discurso de odio sea pronunciado por el presidente representa un enorme retroceso para la democracia y los derechos humanos en Brasil.
Bolsonaro describió el COVID-19 como una «gripezinha», aconsejó a la gente no usar tapabocas (que «podrían causar neumonía y muerte», dijo) y afirmó que a las mujeres les podría crecer la barba y que la gente podría convertirse en cocodrilos como resultado de los efectos secundarios de las vacunas. Brasil registró 34 millones de casos y casi 700 000 muertes, una de las peores cifras del mundo.
Las políticas económicas de Bolsonaro, por su parte, vieron caer drásticamente el gasto en salud y el de educación. Entre 2019 y 2021, el gasto estatal destinado a las mujeres cayó un 46%. Bolsonaro ha desmantelado las protecciones laborales, ha congelado el salario mínimo y ha privatizado la empresa estatal de electricidad —que genera el 30% de la energía del país— como antesala de la privatización de Petrobras. También se han privatizado más de cien activos energéticos estatales. Bajo su mandato, la deforestación de la Amazonia brasileña alcanzó un récord en el primer semestre de 2022 (1500 millas cuadradas, un 80% más que en el mismo periodo de 2018), y a mediados de 2022 se estimaba que 32 millones de brasileños pasaban hambre.
En cambio, durante los trece años de gobierno del PT, treinta millones de brasileños salieron de la pobreza. En 2015 los salarios reales eran un 78% más altos que la inflación acumulada desde 2002. Más del 90% de los beneficiarios del programa de erradicación de la pobreza Bolsa Familia eran mujeres —el 68% de ellas, mujeres negras— y el desempleo cayó a menos del seis%, el nivel más bajo de la historia. Se crearon 214 escuelas técnicas y 18 universidades estatales y se puso a disposición de millones de estudiantes la educación gratuita en todos los niveles, muchos de los cuales recibieron becas (el 51% de ellos eran mujeres). 10,5 millones de personas de bajos ingresos fueron ubicadas en 2,6 millones de casas a través de los programas de vivienda, y la atención sanitaria básica llegó al 70% de la población, otro récord histórico.
La desastrosa mala gestión de Bolsonaro hizo que el índice de aprobación de su gestión cayera fuertemente (por debajo del 20% en noviembre de 2021), situación que ahora se ve agravada al tener que enfrentarse a una contienda presidencial contra un Lula muy fortalecido, que en 2021 fue totalmente exonerado de todos los cargos de corrupción por el Tribunal Supremo. La última encuesta de Datafolha (20 de agosto de 2022) muestra a Lula con el 47% de la intención de voto frente al 32% de Bolsonaro.
En respuesta, Bolsonaro y sus partidarios han enloquecido. Marcelo Arruda, dirigente local del PT, fue asesinado de tres disparos por un partidario de Bolsonaro durante su fiesta de 50 años el 10 de julio. Un mitin electoral del PT en Río de Janeiro también fue interrumpido por la explosión de una bomba casera. Desde entonces, Lula lleva un chaleco antibalas.
Bolsonaro ha emitido más de una docena de decretos a favor del derecho de los brasileños a portar armas, lo que ha provocado un auge en la posesión. Ha dicho que el sistema de votación electrónica de Brasil no es fiable y ha amenazado con no reconocer los resultados o negarse a ceder el poder si pierde, insinuando que llevará adelante una versión brasileña del asalto al Capitolio a la Trump. Solo se puede imaginar lo que hará si Lula no gana en la primera ronda.
Bolsonaro representa una grave amenaza para la ya maltrecha y magullada democracia brasileña. Destacadas figuras de la política, los negocios, la ciencia y las artes han emitido un Manifiesto Ciudadano para defender el Estado de Derecho y oponerse a su «delirio autoritario», manifiesto que ha sido firmado por más de un millón de personas y respaldado por más de 500 organismos de la sociedad civil. Asociaciones privadas como la Federación Brasileña de Bancos y las principales federaciones sindicales han emitido una declaración similar. En Gran Bretaña, los parlamentarios han firmado una moción especial denunciando las amenazas electorales de Bolsonaro y la violencia política.
Ante esta situación, debemos apoyar la lucha de los brasileños por defender su democracia, ya dañada por el impeachment de Dilma, por el encarcelamiento de Lula y por el recorte de derechos sociales, económicos y políticos. Debemos redoblar nuestra solidaridad y condenar con contundencia cualquier intento de asalto por parte de Bolsonaro.
FUENTE JACOBIn
07-09-22
