Del Derecho a la Ciudad a la Comuna

Aún las calles de París olían a la metralla y barricada del Mayo francés de 1968, cuando la revuelta extendida de estudiantes y obreros arrastró la caída del gobierno de Charles De Gaulle, el héroe de guerra. Se cumplía la vieja sentencia que afirmaba, cuando París estornuda, Europa se resfría. Entonces era octubre y el geógrafo, arquitecto y sociólogo marxista Henry Lefevbre publicó la pequeña obra Le Droit a la Ville, en la cual criticó las prácticas de la sociedad capitalista que definen el contenido y desarrollo del urbanismo y reivindicó el derecho que tienen los habitantes para decidir y crear la ciudad como hábitat humano. Con agudeza analizaba la alienación y deshumanización de las ciudades contemporáneas sujetas a las leyes del mercado capitalista y fundadas en relaciones sociales fragmentadas que sintetizó en el concepto megalópolis. Con este planteamiento acababa de nacer el Derecho a la Ciudad, el cual con el tiempo se ha ido reconociendo entre los Derechos Humanos de Cuarta Generación. Corolario de la evolución y convergencia de los derechos humanos de segunda y tercera generación, relativos a los derechos económicos, sociales y los ambientales en su desarrollo y salvaguarda en el hábitat urbano.

Con el tiempo surgió una corriente crítica en la que destaca el pensamiento del geógrafo y arquitecto británico David Harvey, para quien el Derecho a la Ciudad se refiere a la transformación de aquella en algo distinto, partiendo de los derechos fundamentales, pues se vincula con las luchas y reivindicaciones de los movimientos sociales para hacer posible la inclusión de amplios sectores de la sociedad y el ejercicio efectivo de derechos.

A la par del pensamiento crítico, la acción de diferentes grupos y movimientos en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en Brasil (2001) y otros que siguieron en la última década fueron posicionando el tema e influyendo en las políticas públicas de distintos gobiernos locales alrededor del mundo; pero asimismo, en organismos de las Naciones Unidas como la UNESCO y la agencia de ONU-Hábitat que han acogido el planteamiento de ciudades sostenibles y equitativas en el marco de la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible.

EL PROBLEMA

El conjunto de principios y postula- dos que sostiene el Derecho a la Ciudad se enmarca en la circunstancia que los derechos humanos individuales o colectivos que reivindicamos bajo la figura de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales son inherentes al ser humano individual y colectivamente desenvolviéndose contemporáneamente en el ámbito territorial de espacios urbanos, pues el peso de la población que habita en ciudades es decisivo en la configuración de las sociedades actuales. Datos de las Naciones Unidas estiman que actualmente 3.500 millones de personas habitan en urbes y para el año 2050, el 65% de la población mundial será residen-te en ciudades. En el caso venezolano las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, actualmente 82% de la población, es urbana concentrada en grandes ciudades como Caracas, Valencia y Maracaibo o ciudades intermedias como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz o Barcelona para citar algunas.

EL DERECHO A LA CIUDAD

En el curso de varias conferencias internacionales celebradas en Barcelona, España (1998); y luego, Saint Dennis, Francia (2000); Montreal, Canadá (2006), Ciudad de México (2010) y Gwanju, Corea del Sur (2012) se han adoptado declaraciones y convenciones que dan forma a la propuesta de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que desarrolla como principio que, la ciudad es “… un espacio colectivo que pertenece a todos sus residentes y que debe ofrecer las condiciones necesarias para una vida digna desde un punto de vista social, político, cultural, económico y medioambiental”.

El Derecho a la Ciudad parte de la premisa que, aquella es un espacio integral que conforma el hábitat en el cual territorialmente, grupos, organizaciones e individuos desenvuelven su existencia. De allí que la realización plena de aspiraciones, la satisfacción de necesidades vitales y la creación de condiciones que posibiliten el logro de metas y anhelos individuales y colectivos, tiene lugar en donde se vive e interactúa en el seno de la familia, en el marco de organizaciones y como parte de la comunidad.

El espacio urbano es un producto cultural expresión del esfuerzo colectivo que va construyéndolo históricamente. La realización plena de la condición humana invocando países europeos para la siembra de plan- tas medicinales y semillas autóctonas.

Los promotores de una idea tan vieja como el trabajo comunitario, pero tan extraña y combatida a la vez en la contemporaneidad, hoy atesoran aquella expresión del Comandante Hugo Chávez: Comuna o nada. Ellos han tenido que sortear obstáculos, a ojos vistas contradictorios, por parte de instituciones de las cuales merecerían apoyo. Lo cierto es que, a pesar de todo, comenzaron por la motivación de la gente y acto seguido emprendieron el proyecto: las casas.

Lo que parecía una utopía se fue haciendo realidad, con la iniciativa del desaparecido, y muy querido en la zona, ingeniero Juan Carlos Parisca, conocedor a todo terreno del lugar por sus incursiones como comandante de la brigada del Frente Armado de Liberación Nacional, en los años setenta. Les dijo:

–Aquí se cuenta con buena arcilla para hacer los ladrillos y las tejas que se necesitan para hacer las casas; y la mano de obra es la de nosotros todos-.

Así comienza la comuna. Y fueron apareciendo las voluntades del Poder Popular mientras los propios campesinos se transformaban en artesanos e hicieron los hornos para la cocción de ladrillos y tejas para armar sus casas, con el apoyo técnico de Parisca como ingeniero y de otros profesionales, solidarios, arquitectos residenciados en Barquisimeto, quienes elaboraban los planos. Piedra sobre piedra, con sus propias manos, la luz iluminó las ilusiones colectivas. Allí está la obra a la vista de todos reflejando la Venezuela de las luchas populares y haciendo honor al Argimiro tejedor de sueños, con su vaticinio: El camino es largo, pero es el camino.

Alí Rodríguez Araque, abogado, andino de estirpe, desde muy joven, acaso adolescente, estuvo ligado a estas tierras larenses cuando decidió abandonar la alma mater y unirse al grupo que guiaba el comandante Carache o Chimiro (Argimiro Gabaldón), donde ya andaban por los Humocaros entre Lara, Trujillo y Portuguesa sus contemporáneos Alberto Tirso Meléndez y Édgar Rodríguez Larralde. En una de aquellas interesantes entrevistas que realizaba por televi- sión José Vicente Rangel, el ex secretario general de la Organización de Países Productores de Petróleo y finalmente embajador de Venezuela en la República de Cuba, se tocó el tema sobre el rol del Estado frente a las organizaciones populares democráticamente constituidas, como, por ejemplo, la Fundación Argimiro Gabaldón.

Al respecto, Rodríguez Araque advirtió que ese es uno de los temas estratégicos pendientes para una discusión referida a esta materia, pues a su juicio “estaría la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y el Poder Popular; que debe consolidarse, porque con ello se está jugando el destino de la revolución”.

La junta directiva de la fundación que preside Bernardino Escalona la conforman, entre otros: Gregoria Goyo, Gerardo Escalona, Alejandro Gabaldón, Tiburcio Suárez y Exigual Mirabal.

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