Por Miguel Necoechea
En septiembre de 1981, hace cuarenta años, la CÍA despachó un cable a su cuartel general en Langley, Virginia, informando que la Asociación Democrática Revolucionaria Nicaragüense (ADREN), junto con la Legión 15 de Septiembre, habían decidido utilizar el contrabando de drogas, cocaína principalmente, para financiar sus actividades contrarrevolucionarias. Esas dos fueron las primeras organizaciones de los derrotados guardias somocistas en territorio hondureño, que más tarde, por mandato de la propia CÍA, se convertirían en las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, FDN, a cuya cabeza estaba el coronel Enrique Bermúdez Varela,
El cable de la CÍA agregó que dos integrantes de ADREN entregaron el primer embarque de cocaína en Miami en julio de 1981. Meses después, ya con Reagan en la presidencia de Estados Unidos, la CÍA otorgó toda la protección necesaria a los traficantes de drogas que financiaron por varios años la guerra de la década de los ochenta del siglo pasado.
Hoy se repite la historia con métodos más sofisticados. El gobierno de EEUU ya no se involucra directamente en la batalla para derrocar a los gobiernos que no se le subordinan. Hoy contrata empresas privadas para encargarse de ello. Pero finalmente, ya sea con drogas o con dinero pagado a las empresas contratadas, el fin es el mismo: derrocar a los gobiernos democráticos, elegidos en incuestionables comicios electorales por sus pueblos, que considera enemigos.
Las nuevas formas de la guerra contra
En la década de la guerra de agresión contrarrevolucionaria el enfrentamiento fue directo: Contras armados contra el pueblo de Nicaragua armado. No había subterfugios, era más simple: Ronald Reagan y su gobierno contra la Revolución Sandinista. Fue terrible, sangrienta, nos mantuvo en alerta máxima diez años, sufrimos la pérdida de seres queridos, vimos nuestra economía derrumbarse, pero finalmente vencimos, ganamos esa contienda.
Si la CÍA armó los planes de guerra y dirigió a la Contra, ¿por qué hoy no lo haría de nuevo? Como ya hemos sido testigos, las tácticas de infiltración han cambiado. Ahora la CÍA utiliza a sus dos brazos ejecutores, USAID y NED, ambas con fachada de organizaciones altruistas, con la bandera de la libertad, democracia y los derechos humanos (según los códigos éticos y morales de los norteamericanos) penetran en los núcleos sociales más susceptibles de manipular en la supuesta defensa de su libertad como individuos. Estos grupos desafortunadamente los integran en su mayoría jóvenes que por la penetración cultural del modo de vida norteamericano (the american way of life), su desarraigo en su comunidad, su necesidad de convertirse en celebridades en las redes sociales, su reticencia a comprometerse con la patria, y por supuesto con la Revolución, los convierte en los esbirros que, inducidos, se dedicarán a desestabilizar al gobierno sandinista. Para ellos fluyen los dólares a manos llenas.
Está comprobado por la Fiscalía de Nicaragua que las organizaciones no gubernamentales, particularmente las de la familia Chamorro Barrios, recibieron cerca de sesenta millones de dólares para sus programas de aliento a la prensa y a la democracia (al estilo yanqui, es decir, la antidemocracia), cuyo único objetivo es socavar al gobierno constitucional e incitar a la revuelta social. Pero recordemos que de esos sesenta millones, Cristiana Chamorro no quiso dar cuenta del destino de siete de ellos. No es tarea difícil imaginar a manos de quién fue a parar ese dinero.
Nueve años de preparativos
Los opositores al gobierno del presidente Ortega, asesorados por la Embajada estadounidense, USAID y NED, digamos la CÍA, estaban a la caza del momento para inducir la chispa que encendiera la revuelta golpista. Esa fue el gravamen del 5% a las pensiones de los adultos, que recordemos fue realizado a petición expresa del COSEP.
Vale la pena mencionar que ya para esas fechas las compañías contratadas por el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno, llevaban nueve años adoctrinando a la oposición en el arte de los golpes (de Estado) blandos y el cultivo de las bases juveniles que se levantarían para dar el golpe. Creative Associates Internacional, la empresa privada contratada por el gobierno de Washington, anuncia en su página Web, en el acápite destinado a las Transiciones Políticas, que por más de 25 años Creative ha sido socio de confianza de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID, que trabaja “en comunidades […] que experimentan transiciones políticas y de seguridad, conflictos, extremismos, y violencia”. Creative también apoya a las misiones y oficinas regionales de USAID para desarrollar y expandir su trabajo en contextos de transición a través de esfuerzos para contrarrestar el extremismo violento. Esta mentira falaz queda al descubierto cuando el 18 de abril de 2018 sucedió exactamente lo contrario.
Bajo las directivas de la Embajada de EEUU, USAID, Creative y otras empresas contratadas, los oligarcas de derecha, el clero, las organizaciones no gubernamentales, el MRS y la prensa derechista, movilizaron a un grupo de jóvenes estudiantes como carne de cañón para ponerlos al frente de la revuelta. Ante la contención de la Policía Nacional, justamente para evitar derramamientos de sangre, en menos de dos días las bandas de esbirros asalariados de la oposición recibieron la orden de salir a las calles a implantar el terror. Atacaron a la Policía Nacional, asesinaron a jóvenes de la Juventud Sandinista y también de los llamados auto convocados, incendiaron casas y comercios. La Policía, por orden presidencial se mantenía acuartelada, hasta que, ante la amenaza evidente, los militantes del FSLN salieron a las calles a defender a la Revolución.
Los esbirros establecieron los llamados tranques en las principales carreteras y calles de las ciudades, paralizando al país por tres meses. Desde los tranques utilizados como barricadas, abrían fuego contra los militantes del FSLN. Los tranques, además de las muertes, provocaron una crisis económica de grandes proporciones en el país, que dicho sea de paso, no afectó ni a los oligarcas ni al clero ni a las ONG y tampoco a las bandas de esbirros que recibían su paga puntualmente.
Golpe derechista o Revolución
Cuando la Policía Nacional recibió la orden de salir de sus cuarteles, su misión principal era evitar una confrontación que desembocara en una guerra civil. La oposición envalentonada se negó a dialogar con el gobierno. En su monótono monólogo solo exigía a voces la salida del Presidente y de la Vicepresidenta: Que se vayan Ortega y Murillo. Era su única condición para iniciar el diálogo. Ante esa cerrazón política el Gobierno cerró filas en defensa de la Revolución. El embate de los esbirros fue cruento y la defensa de la Revolución también lo fue. Era el golpe de Estado derechista o la Revolución. El FSLN optó por lo segundo.
Como hecho histórico paralelo podemos recordar en la guerra de los ochenta los intentos de la Contra de tomar Jalapa, Ocotal y Wiwilí, y por el sur, Río San Juan. Todos estos intentos cumplían con el objetivo fijado por la CÍA de establecer una cabeza de playa en nuestro territorio para que desde Miami u Honduras se trasladaran los integrantes de la rama política de las FDN, con Adolfo Calero al frente, y Enrique Bermúdez como jefe militar de los contras, para instaurar un gobierno provisional que de inmediato sería reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, Honduras y Guatemala y que acto seguido el gobierno provisional pediría la ayuda militar de esos países.
Honduras enviaría a su ejército a enfrentar al EPS, mientras la fuerza aérea norteamericana iniciaría una campaña de bombardeos masivos hasta allanar el camino para instalarse en la capital a la espuria Junta de Gobierno Provisional. La Contra y el ejército de Honduras se encargarían de derrotar a los combatientes de la Fuerzas Armadas Sandinistas, integradas por el EPS y el Ministerio del Interior. En este caso, la orden de Bermúdez era liquidar a todos los que cayeran prisioneros.
Quizá el paralelismo más significativo entre la guerra de la década del ochenta y el intento de golpe de Estado de abril de 2018 sea la creación del Frente Interno, cuya misión era desestabilizar a la Revolución desde dentro del país, algo similar al papel que desempeño la Quinta Columna en la guerra Civil Española.
El fracaso del primer Frente Interno
El primer intento de establecer el Frente Interno en noviembre de 1980, lo encabezó Jorge Salazar Argüello, vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); Dora María Lau (amiga de Salazar), su marido, Gabriel Lacayo Benard, y su sobrino Néstor Moncada Lau; Leonardo Somarriba, presidente de la Cámara de Comercio; José Mario Hanon Talavera, representante de los Arroceros; Alejandro Salazar Elizondo y el comandante guerrillero Álvaro Baltodano.
Este grupo de contras aficionados había recibido la orden de Adolfo Calero Portocarrero, connotado agente de la CÍA exilado en Miami y que había sido gerente de la Coca Cola en Managua, de organizar un Frente Interno que tendría el apoyo y dinero de la CÍA y la Contra. Su primera acción subversiva fue crear una división al interior de la filas del Ejército Popular Sandinista para que, en el momento de la invasión armada, esta facción se sublevara, tomará el control del EPS y fusilara a sus altos mandos.
Dora María Lau convenció a su sobrino Néstor que reclutara a un comandante del ejército resentido, con mando de tropas que se dedicara a propiciar la ruptura en el ejército sandinista. Para los contras del incipiente Frente Interno, todo marchaba sobre ruedas, tal como se los habían ordenado, hasta el momento en que la Dirección General de la Seguridad del Estado abortó de cuajo su plan temerario. Jorge Salazar muere en un enfrentamiento armado con la Seguridad y los complotados son detenidos. Ninguno se explicaba la razón por la que los habían descubierto, ya que operaban clandestinamente.
Lo que nunca se imaginó Dora María Lau es que su sobrino Néstor Moncada Lau era un agente infiltrado de la contrainteligencia de la Seguridad del Estado y un militante sandinista a prueba de fuego. Igualmente el comandante Álvaro Baltodano, militante sandinista de cepa, atendiendo lo dispuesto por la Seguridad del Estado, siguió el juego a los complotados para reventar este primer intento de establecer una quinta columna en Nicaragua.
Después de ese fallido intento siguieron otros que siempre fracasaron gracias a que tanto la Seguridad del Estado como el pueblo organizado en los Comités de Defensa Sandinista no les dieron tregua y les cerraron el paso.
Los nuevos complotados
Hoy en día los complotados de esta nueva versión de Frente Interno son: Manuel Salvador Orozco Ramírez, José Bernard Pallais Arana, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerrí Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, Arturo José Cruz Sequeira, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daysi Tamara Dávila Rivas a quienes el Ministerio Público de Nicaragua a través de la Fiscalía Departamental de Managua detuvo acusados de violar la ley 1055.
Como lo fue Adolfo Calero, el prófugo de la justicia Manuel Salvador Orozco, es el responsable de llevar a cabo acciones subversivas para desestabilizar al gobierno legítimo de Nicaragua. Es el encargado de financiar campañas, a través de una red de organizaciones políticas y medios de comunicación derechistas, destinadas a destituir con métodos violentos al gobierno constitucional de la República. Orozco es miembro activo de la empresa Creative Associates Intenational, contratada por el gobierno de Estados Unidos para defenestrar a los regímenes que no se le subordinan, y es el enlace operativo de grupos al interior de Nicaragua para dar apoyo logístico y financiero que, además de contravenir las leyes del país, ponen en severo riesgo la paz y la estabilidad de la nación.
Al igual que la señora Lau y sus cómplices de antaño, la actividad delictiva de los receptores de los fondos de la CAI, consistió en triangular los recursos financieros recibidos desde organismos foráneos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Fundación Nacional para la Democracia, NED, ambas como organismos fachada de la CÍA, y el Instituto Republicano Internacional (IRI), en cuyo Consejo Directivo figura el ultraderechista senador cubano- norteamericano Marco Rubio. Uno de sus objetivos fue crear organizaciones, asociaciones y fundaciones fachada para encauzar los recursos económicos, ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos de grupos de la diversidad sexual, derechos de comunidades indígenas, y, entre la población urbana, para adoctrinarla sobre temas de democracia y libertad de expresión, según los cánones de la política norteamericana y europea en esos acápites.
Los cajeros de la conspiración
A primeras luces parecía que esta “labor comunitaria altruista” debería ser aplaudida. Sin embargo, en realidad es el método de penetración que utiliza la CÍA para incrustarse entre las minorías y los desclasados con el propósito de aleccionarlos contra un gobierno que supuestamente los desprecia, los estigmatiza, los vulnera. De esas acciones se nutre el caldo de cultivo de lo que más adelante serán los grupos que atenten violentamente contra el gobierno legítimo.
Entre las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses que figuran en la triangulación de enormes sumas de dinero, se destacan el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), del que solo figura en su página Web, Dayra Valle como subdirectora; Hagamos Democracia, presidida por Luciano García; Movimiento Puente, de la iglesia católica; Movimiento por Nicaragua; y tres entidades encabezadas por los hermanos Cristiana y Carlos Fernando Chamorro Barrios, que son: Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH); Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO). De estas fundaciones salió el financiamiento ilegal para el intento de golpe de Estado de abril de 2018.
Dos momentos históricos en la vida de Nicaragua. Su paralelismo queda claro, ya que la estrategia del imperio estadunidense sigue siendo la misma: destruir al FSLN, o como diría en algún momento Ronald Reagan, “borrarlo de la faz de la tierra”. ¿Por qué este odio irracional?
Nicaragua es una nación soberana que no se entromete en los asuntos internos de ningún país del mundo; es respetuoso de sus soberanías; no financia movimientos subversivos para derrocar gobiernos; su principal aspiración es mantener la paz, la libertad y el bienestar del pueblo. Se rige por el mandato de su Constitución, respeta las leyes nacionales, celebra elecciones democráticas cada cinco años, entonces ¿a qué le temen los norteamericanos? A su ejemplo, precisamente por todo lo enunciado anteriormente.
EEUU le teme al contagio de nuestros vecinos del Istmo y de los países de América Latina, le teme a la voluntad del pueblo de Nicaragua que es indoblegable ante el embate del imperialismo.
Odia que el presidente Daniel Ortega no se tape la boca para decirle sus verdades a sus presidentes.
Odia que el pueblo reconozca a los yanquis como su enemigo jurado.
Así ha sido desde que los filibusteros intentaron adueñarse del territorio; así ha sido desde que nos invadieron; así ha sido desde que crearon a la Guardia Nacional he impusieron a los Somoza. Pero ahí estaba Sandino, ahí estaba y está el FSLN, que nunca podrá ser derrotado
Hoy, aunque más complejo y sofisticado el embate del imperio, mientras nuestra prioridad sea la defensa de la Revolución, venceremos nuevamente al imperialismo y sus lacayos nacionales. No será la última batalla mientras el imperio prevalezca, pero cada vez sabemos defendernos mejor.
