Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
Los ocho (8) binomios para la Presidencia y Vicepresidencia de la República del Ecuador que se han conformado para las elecciones del próximo 20 de agosto (2023) son: Luisa González/Andrés Arauz por Revolución Ciudadana (RC-5); Jan Topic/Diana Jácome por Partido Social Cristiano (PSC); Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Centro Democrático (CD); Yaku Pérez/Nory Pinela por Unidad Popular (UP); Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Democracia Si (DS); Otto Sonnenholzner/Erika Paredes por Avanza y Suma; Fernando Villavicencio/Andrea González por Movimiento Construye” (ex Ruptura de los 25); Xavier Hervas/Luz Marina Vega por Movimiento Reto; Bolívar Armijos/Linda Romero por Movimiento Amigo; Daniel Noboa/Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Movimiento Mover (antiguo Alianza País). También serán elegidos los miembros de la nueva Asamblea Nacional y se realizará una histórica consulta popular sobre la explotación petrolera en el amazónico Parque Nacional Yasuní.
Lo primero a tomar en cuenta es que la idea de que los partidos políticos son intermediarios entre el Estado y los ciudadanos, así como constructores de la democracia, es muy discutible en Ecuador. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) están registrados 6 partidos y 11 movimientos nacionales; 69 provinciales; 174 cantonales; y 19 parroquiales, un total de 279 agrupaciones políticas. La enorme mayoría de “partidos políticos” o “movimientos” no pasan de ser clubes electorales con simples membretes, alrededor de figuras que aglutinan amigos, familiares, simpatizantes y adherentes, más que a “militantes” propiamente dichos; sin ideología definida ni programa de gobierno significativo, con intereses personalistas o burocráticos. Las “alianzas” partidistas tienen fines coyunturales, clientelistas y aspiran a prebendas. Bajo estas realidades, es evidente que tampoco sirve una clasificación coherente y certera entre “izquierdas” y “derechas”, términos inexactos, que son usados para las más variadas interpretaciones. De manera que, en un régimen presidencialista como el de Ecuador y en la mira de las futuras elecciones, hay que observar las orientaciones partidistas de acuerdo con la trayectoria e identidad que demuestran frente a las realidades del país.
Palacio de Carondelet, sede del Gobierno de la República del Ecuador, Quito.
Implacablemente perseguido durante seis (6) años (Lenín Moreno inició esa persecución, continuada por el banquero y miembro del Opus Dei, Guillermo Lasso), con líderes judicializados y sentenciados, militantes emigrados, atacado por todas las agrupaciones y movimientos que quieren levantar su espacio político, con una fuerza recurrente de apoyo (10 elecciones ganadas entre 2007 y 2017) y una personalidad (Rafael Correa Delgado) sobre la que orbitan directrices centrales, la Revolución Ciudadana-Lista 5 (RC-5) es, paradójicamente, el único partido-movimiento con amplia organización nacional, con ideario, programa gubernamental y experiencia en el Estado. En las elecciones seccionales y locales de febrero 2023, a pesar de las adversidades, el “correísmo” obtuvo un triunfo contundente. De igual manera, es una organización con diversidades internas y, además, centro de críticas y desengaños por parte de sectores que, sin embargo, pueden estar dispuestos a apoyar sus acciones y propuestas.
El derechista Partido Social Cristiano (PSC), la segunda fuerza nacional incluso en las elecciones de febrero, tuvo su época de gloria en el pasado inmediato, hegemonizó tres décadas en Guayaquil y adquirió significativa presencia en la Costa ecuatoriana. Sostuvo al gobierno de Lenín Moreno y también al de Guillermo Lasso, hasta que rompió con él; pero está en declive, incluso por la separación de antiguos militantes que formaban parte del círculo central. El PSC ha expresado los intereses de la poderosa oligarquía guayaquileña, además de que los grandes empresarios del país lo apoyaron permanentemente. También las “derechas” sociales y políticas se sintieron representadas en él, hasta el aparecimiento de agrupaciones menores como CREO (patrocinador de Lasso en 2021, aunque hoy fuera de contienda) y Suma (hoy con Otto Sonnenholzner). No pasa del oportunismo político o el cálculo burocrático, el respaldo actual del PSP y de CD, que son clubes electorales.
La candidatura del mestizo Yaku Pérez que se hace pasar por indígena y cuyo verdadero nombre es Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, que se ofreció como alternativa al “correísmo” en 2021 (alcanzó el tercer lugar y el balotaje se definió entre Andrés Aráuz y Lasso), se halla en condiciones diferentes para el 2023. Hoy cuenta con el patrocinio de agrupaciones políticas tradicionales, que no han podido levantar una alternativa popular ni de gobierno desde hace décadas, pese a que se autodefinen como “verdaderas” y “auténticas” izquierdas y privilegian el “anti-correísmo”. Pérez Guartambel ha tenido declaraciones a favor de Lasso desde 2017 e incluso se separó de Pachakutik; pero a último momento ha recibido el apoyo de la cúpula conservadora de este partido indigenista, que tampoco ha podido presentar candidatos propios. Ello ha generado fricciones con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuyo dirigente, Leonidas Iza (su candidatura habría contado con amplio apoyo entre las izquierdas sociales), ha señalado que las directivas de su brazo político, el partido Pachakutik, han tomado resoluciones personales ajenas a las decisiones colectivas de las bases. De modo que, con un movimiento indígena electoralmente dividido, Pérez no contará con el respaldo del pasado, por más que arrastre tras sí a sectores que nada quieren saber del “correísmo”.
En otro vértice, el cuestionado exasambleísta Fernando Villavicencio, calificado como el “principal abogado del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional” por otro personaje pérfido como Alberto Acosta Espinosa, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de 2008, solo se ha caracterizado por el radical anti-correísmo, revestido como combate a la corrupción. Mientras Xavier Hervas (un empresario cuestionado por tener cuentas offshore en el extranjero) ha destacado por su ubicuidad en la “centro-izquierda”; Daniel Noboa, por ser hijo del multimillonario Álvaro Noboa, otrora recurrente candidato presidencial del desaparecido PRIAN, que fue una agrupación familiar; y Bolívar Armijos, por su baja presencia política.
Las definiciones colectivas en el movimiento indígena no alterarán las divisiones políticas ya manifiestas. El movimiento de los trabajadores, por su parte, está tan debilitado y fraccionado que la posición de sus dirigencias no tiene repercusión ante el conjunto de las clases trabajadoras del país. También hay organizaciones sindicales que han defendido a Lasso y privilegian el anticorreísmo. Entre los otros movimientos sociales, los ecologistas son sensibles contra todo extractivismo y el de mujeres contra los límites a la reivindicación de sus derechos.
Los ocho binomios presidenciales que compiten en la primera vuelta programada para este 20 de agosto de 2023.
Pero el esclarecimiento de la coyuntura política del Ecuador tampoco puede basarse en cuestiones de marketing o de estilos y figuras personales, sino en las condiciones históricas del país. Por consiguiente, es necesario comprender que, en esencia, lo que está en juego en las futuras elecciones, es el modelo económico y social. Moreno revivió el neoliberalismo-empresarial que Lasso afirmó con características oligárquicas, similares a las de la primera “época plutocrática” del Ecuador entre 1912-1925 (por eso en varios artículos me he referido a la “segunda época plutocrática”). La base de ambos gobiernos se halla en un sólido bloque de poder, hegemonizado por grandes empresarios “derechistas”, elites enriquecidas, medios de comunicación, capitalistas externos, el imperialismo y una internacional conservadora anti-progresista. Un bloque golpeado con el fracaso del gobierno de Lasso, que no tuvo más remedio que acudir a la “muerte cruzada” para salvarse del juicio político en la Asamblea, a mitad de su gestión presidencial.
Confiaron en que los intereses de los grandes grupos económicos y las capas ricas del país serían garantizados; lograron imponer esos intereses en el Estado; capturaron la conducción de las instituciones estatales centrales; y se beneficiaron con la implacable “descorreización”, con la que pretendieron enterrar todo izquierdismo y progresismo. Con su atrasada visión del mundo, aquel bloque ha persistido en cuatro consignas económicas desde las décadas finales del siglo XX: reducir al Estado, reducir los impuestos, flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios públicos. Los candidatos Jan Topic y Otto Sonnenholzner representan la continuidad de ese régimen, aunque electoralmente dividen a las “derechas”. El PSC, que no presentó candidato propio, sino que decidió patrocinar a alguien ajeno a sus filas, confía, además, que el millonario empresario Topic, “soldado profesional”, paracaidista y experimentado francotirador, capte las decisiones electorales de una población desesperada ante la inseguridad cotidiana y el imparable crecimiento de la delincuencia y las mafias, un fenómeno inédito en la historia nacional, que apareció durante el gobierno de Moreno (el general Paco Moncayo confirmó que Moreno “desmanteló” el sistema de seguridad del país) y se desbordó en el de Lasso.
El único binomio presidencial progresista
El único binomio que genuinamente representa el progresismo lo conforman Luisa González Alcívar y Andrez Arauz Galarza en representación del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa.
El peligro real para ese bloque de poder es el binomio Luisa González Alcívar / Andrés Arauz Galarza. Entre sectores progresistas y de izquierda surgieron síntomas de frustración, sobre todo porque unos aspiraban la candidatura presidencial de Arauz; otros, la participación de Carlos Rabascall. También se dispararon las críticas contra la identidad “pro-vida” de Luisa González y su posición contraria al derecho al aborto. Sin embargo, hay condiciones históricas favorables para que la candidata progresista pueda convertirse en la primera Presidenta de la historia del Ecuador, a pesar de que un consultor político piensa que la RC-5 ha optado “por la ‘soldada leal’ con quien difícilmente ganarán las elecciones del 2023, pero la posicionarán para el 2025, con intención de que Rafael Correa sea su acompañante en la papeleta una vez nulitada su surrealista inhabilitación por ‘influjo psiquico’… El proyecto correísta parece ser a 2025 y no para ahora, a la par se muestra cada vez más personalista y conservador”.
Finalmente, habrá que tomar en cuenta las elecciones para la Asamblea, pues si se logra una mayoría legislativa identificada con el Ejecutivo, se garantizará un camino de convergencia en la conducción de las funciones del Estado que, de lo contrario, solo produciría un constante bloqueo y hasta una “pugna de poderes”.
De otra parte, quienes conocen las experiencias latinoamericanas y han seguido su historia saben bien que nunca se puede descartar el interés de la visión geoestratégica americanista de los EE.UU. en las elecciones que se realizan en cualquier país del continente. Desde su perspectiva, preferirán gobiernos empresariales y de “derecha”, a cualquier opción “peligrosa” de naturaleza progresista e izquierdista. Tienen experiencia con lo que sucedió durante el primer ciclo progresista latinoamericano y con aquellos gobiernos identificados con el segundo ciclo. Y de todo ello hay suficientes estudios académicos en la región. De modo que frente a la RC-5, les resultan bien aceptables Topic o Sonnenholzner, pero, en otra línea, también Pérez (muy cercano a la Embajada de EE.UU. en Quito) y, sobre todo, Villavicencio, quienes crean el espejismo ideal de una izquierdosidad muy conveniente para sepultar las aspiraciones de retorno del incómodo correísmo.
Es evidente, entonces, que la polarización política y electoral está entre la RC-5 y las candidaturas de Topic y Sonnenholzner. Aquí está en juego el modelo económico-social. Sin embargo, Pérez y Villavicencio aparecen como contradictores del “correísmo” y posiblemente sumen adhesiones de “derecha” y de la supuesta “izquierda” ecuatoriana. Pero todos apuntarán contra la RC-5 y mucho más si los resultados electorales conducen a la segunda vuelta. De hecho, apenas presentadas las candidaturas para el registro oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la calificación del binomio de la RC-5 (y el de Villavicencio), argumentando incumplimientos de “formalidades legales” y fijando plazo para subsanarlas. Es solo un “incidente”, pero ¿qué más podrá venir en las siguientes semanas? El “anti-correísmo” despierta tales pasiones, que hasta la irracionalidad despega. Es un fenómeno ya experimentado en toda América Latina por el lawfare y el combate mediático contra cualquier liderazgo progresista, como ocurrió con Lula en Brasil o Cristina Fernández en Argentina.
En definitiva, así como al bloque de poder todavía vigente le interesa preservar su hegemonía económica y estatal, a los sectores del progresismo y la izquierda sociales interesa la definitiva defunción del neoliberalismo-empresarial “libertario” y oligárquico, que tanto daño ha hecho al Ecuador, como puede comprobarse en diversos estudios. Una economía de tipo social o una economía empresarial-neoliberal están en los polos de las elecciones de agosto. Se dará solo el primer paso, porque más decisivas serán las elecciones de 2025, cuando podrá marcarse un camino de larga duración para la sociedad ecuatoriana.
Fuente CELAG
20 junio, 2023
