Por Omar Romero Díaz
Durante años a los colombianos se nos hizo creer que los empresarios eran víctimas. Que en medio de una guerra sin cuartel, ellos los dueños del banano, del azúcar, de la palma, de la tierra solo buscaban sobrevivir. Que pagaban “vacunas” a los paramilitares por miedo. Que no sabían a quién le daban la plata. Que no podían hacer otra cosa.
Pero esa mentira, repetida mil veces en medios y tribunales lentos, se ha venido cayendo a pedazos.
Hoy sabemos, por boca de los propios paramilitares y por sentencias judiciales, que los pagos no fueron extorsiones: fueron acuerdos, fueron alianzas, fueron negocios. Empresarios que se sentaron con Carlos Castaño, que distinguían en hojas contables si el dinero era para la guerrilla o para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Que vieron en la guerra una oportunidad para garantizar su seguridad… y sus ganancias.
Y no se quedaron solo en dinero. La empresa Banadex, filial de Chiquita Brands, importó miles de fusiles y millones de cartuchos camuflados en contenedores, usando el puerto privado en Turbo que obtuvieron sobornando a funcionarios de la DIAN. Todo esto mientras exportaban banano al mundo. Banano que llevaba detrás sangre de campesinos, de sindicalistas, de líderes comunitarios.
Y no fueron los únicos. Ingenios azucareros en el Valle, empresas palmeras en el Magdalena Medio, ganaderos de Córdoba, Antioquia comercializadoras como Banacol… todos han sido mencionados como financiadores o cómplices del paramilitarismo, según informes de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.
Y detrás de ellos, el Estado colombiano. Mandatarios seccionales como Álvaro Uribe Vélez, que desde la Gobernación de Antioquia impulsaron las famosas ‘Convivir’, una fachada legal para operar ejércitos privados con apoyo institucional. Y mientras las ONG advertían que eso era paramilitarismo disfrazado, él les firmaba el respaldo jurídico. Y las empresas, agradecidas, aportaban a sus campañas políticas.
Así funcionó el modelo: dinero privado, fusiles ilegales y bendición institucional.
Hoy, JEP tiene en sus manos una tarea histórica: romper el silencio de los grandes empresarios y revelar toda la verdad. No puede haber paz completa si no sabemos quién financió, quién organizó y quién se lucró de las masacres. El fallo de la jueza Diana Lucía Monsalve condenando a siete empresarios bananeros es un paso firme. Pero no basta.
Porque la verdad no puede quedarse en los fusiles. También debe hablarse de quién pagó, quién autorizó, quién firmó. Porque muchas veces en Colombia el horror no lo disparó un soldado… lo firmó un gerente.
El pueblo colombiano tiene derecho a saber. Las víctimas tienen derecho a justicia. Y los responsables, así tengan cuello blanco y portafolios ejecutivos, deben responder.
Es hora de quitarle el disfraz de víctima al poder económico y decir las cosas por su nombre: sin el dinero de los empresarios, muchas masacres no habrían ocurrido.
Y el país no podrá sanar mientras esos crímenes sigan en la sombra de los privilegios.
Que la verdad deje de ser selectiva. Que la justicia llegue también a los de arriba. Y que nunca más el banano colombiano se exporte con sangre.
FUENTE: CRONICON
26 julio, 2025
