En solamente seis meses, el gobierno de facto de Bolivia destruyó los cimientos de la construcción de un proyecto básico de país soberano y digno, capaz de impulsar su desarrollo económico con importantes niveles de autonomía, asegurar la participación democrática de los pueblos y regiones para definir los aspectos más importantes de su futuro, construir mecanismos de redistribución de la riqueza y reducción de la pobreza y enfrentar desafíos que ponen en riesgo la propia existencia nacional –territorial, humana, cultural e histórica– con su debilitamiento y fragmentación.

La pandemia del coronavirus era una razón para encontrar puntos de acercamiento entre grupos, clases, instituciones, sectores e intereses económicos y políticos encontrados y divergentes.

Desde la proliferación del virus en el país se planteó la necesidad de hacer un acuerdo nacional frente a tremendo peligro, acuerdo en el que participen los poderes centrales del Estado, gobernaciones, municipios, partidos políticos, organizaciones y movimientos sindicales, sociales y populares, incluyendo instituciones empresariales, universitarias y militares, sin embargo, el Gobierno se empeñó en concentrar las decisiones y los recursos económicos en un asunto de alto riesgo para la salud pública.

El Gobierno optó por la política de exclusión e imposición partiendo de la premisa de que era necesario destruir a los movimientos sociales y populares y al Movimiento Al Socialismo (MAS), que representan la mayoría nacional y electoral en Bolivia, y al mismo tiempo restaurar el proyecto neoliberal con el apoyo del imperialismo presente a través de la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), buscando favorecer a los capitales financieros, comerciales y bancarios, terratenientes del Oriente y transnacionales petroleras y mineras.

Eso sucedió poniendo a su servicio a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que jueguen un papel represivo y antinacional. Con este aparato de violencia se persiguió y apresó a dirigentes sociales y políticos, se impuso interventores en los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) con resultados lamentables, se excluyó de las políticas sanitarias a las Sociedades Científicas Médicas, se obligó a cumplir una cuarentena sin buscar un consenso con las organizaciones de los distintos sectores, ciudades y regiones, especialmente aquellos que se encuentran en el sector informal de la economía (más del 65% de la población), o se discriminó a centenares de bolivianos que buscaban retornar al país desde Chile y se hallaban en situación muy precaria.

En ese contexto renunció el ministro de Salud, Aníbal Cruz, y fue reemplazado por Marcelo Navajas. En los últimos meses también renunciaron otros siete ministros.

Pero, además de adoptar medidas para favorecer a grupos de banqueros con millonarios recursos, terratenientes del Oriente con concesión de tierras y libre exportación de productos, y con anuncios de impulsar la presencia de transnacionales mineras  en la explotación del litio; se produjeron hechos de corrupción en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Boliviana de Aviación (BOA), entre otros, junto a un nepotismo acompañado de actos de uso indebido  de bienes públicos, tráfico de influencias y abuso de poder.

Y lo más grave aún son los actos vinculados a la lucha contra la pandemia: por una parte la falta de equipos imprescindibles de bioseguridad para el personal de salud, de pruebas de Covid-19, de medicamentos, de ventiladores o de unidades de terapia intensiva.  Y por otra, los escandalosos actos de corrupción de autoridades de gobierno en la compra de ventiladores inadecuados, con sobreprecios que multiplican por tres su precio en el mercado. Esta situación llevó a la cárcel al ministro de Salud, Marcelo Navajas, a otros funcionarios bolivianos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, según el periódico El Deber, ha sido convocado a declarar ante la justicia el embajador científico del gobierno, Mohamed Mostajo, y el cónsul en Barcelona, David Pareja, y ha sido citada en el caso la canciller Karen Longaric.

A pocos minutos de que el juez Hugo Huacani presida una audiencia al respecto, fue detenido por efectivos policiales sin ninguna orden del Ministerio Público ni del Poder Judicial, siendo un hecho ilegal y arbitrario del gobierno.

A pesar del discurso anti-chino, el Gobierno ha recibido cooperación del gobierno de Pekín y ha rechazado el apoyo de médicos cubanos ofrecido por el gobierno de La Habana,  se ha sometido a las políticas regionales de Donald Trump, se ha sumado al grupo de Lima y ha votado en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra de los derechos de Palestina, rompiendo la tradición tercermundista de acción conjunta con la Organización de los Países No Alineados.

Finalmente, y no se trata de un tema menor, el gobierno de facto, además de prorrogarse en dos oportunidades, busca ampliar su permanencia en el poder oponiéndose a la realización de elecciones generales y retorno a la democracia que demanda la mayoría del pueblo boliviano, existiendo además una amenaza abierta de la cúpula militar contra la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tema de los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas. Su comandante, general Sergio Orellana, se presentó con un grupo de uniformados en traje de operaciones en las oficinas del Parlamento para presentar una misiva y luego declarar que da un plazo de una semana para que la Asamblea se pronuncie.