Boletín Especial sobre Derechos Humanos N° 8
En medio degraves denuncias por la avalancha de violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado durante este Gobierno por integrantes de la Fuerza Pública y en especial, las denuncias conocidas durante la emergencia decretada a raíz de la pandemia, se han presentado un sinnúmero de casos de violencia sexual perpetrados tanto por miembros de la Policía, como del Ejército Nacional, e incluso por miembros de la Armada.
Son ya numerosos los casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos, entre los cuales están los casos de espionaje y persecución por parte de brigadas de inteligencia y contrainteligencia contra defensores/as de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, magistrados e incluso militares que han estado comprometidos con el proceso de paz;la nueva escalada de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en las cuales están implicados miembros del Ejército; las decenas de campesinos heridos o asesinados en procesos de erradicación forzada de cultivos; los bombardeos contra niños víctimas de reclutamiento forzado con remate a tiros delos sobrevivientes; los casos de connivencia con el paramilitarismo y su consolidación en distintas regiones del país, incluso en grandes ciudades; la venta de armas y salvoconductos a grupos paramilitares y narcotraficantes; y multimillonarios casos de defraudación presupuestal y corrupción que, sumados a los números casos de abusos y de violencia sexual, muestran una profunda crisis en la conducción de la tropa, fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control, deficiencias en los mecanismos de ascenso y nominación de los mandos, así como graves distorsiones en la política de seguridad y defensa, en el entrenamiento recibido y en la doctrina militar, que demandan replanteamientos y la necesidad de un debate profundo y una intervención ciudadana para reformar la estructura, las políticas, la doctrina y los mecanismos de ascenso y selección de mandos al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.
Estos hechos no son casos aislados. Los medios han documentado un informe que está bajo estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz en el que se denunciaron 206 casos de violencia sexual que comprometieron a miembros de las Fuerzas Armadas entre 1993 y 20161. Según la información, se trata de 206 casos de violencia sexual que comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas y que dejaron 234 víctimas. De estas víctimas, el 77 por ciento fueron mujeres, el 52 por ciento fueron menores de edad y el 10 por ciento fueron indígenas. En cuanto a los presuntos responsables, en 174 casos se señalaron como responsables a integrantes del Ejército y en 32 a miembros de las otras Fuerzas Militares o la Policía.El informe denuncia que, en muchos casos, el traslado de las militares dificultó y en algunos casos impidió a las autoridades identificar a los responsables, lo que podría calificarse como obstrucción a la justicia.
Según informes del gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica, la mayor responsabilidad en casos de violencia sexual en marco del conflicto armado en Colombia se radica en los grupos paramilitares con 4.837 casos2. La connivencia y tolerancia de la Fuerza Pública con estos grupos, cuya expansión siguen favoreciendo, genera una responsabilidad indirecta del Estado y de los mandos militares que tenían obligación de impedir estos crímenes y proteger a sus víctimas. A esto se suma que de manera directa los agentes del Estado tendrían la responsabilidad en 206 casos de violencia sexual, sin contarel subregistro, es decir, aquellos casos que se presentan pero no se denuncian por temor, por evitar posibles represalias o porque, como en el caso de la niña nukak secuestrada y violada, los militares decidieron mantener ocultos los hechos.
La estrategia de seguridad del Gobierno Duque para la protección de las comunidades y regiones más afectadas centrada en la militarización de 42 municipios seleccionados como Zonas Estratégicas de Intervención Integral –ZEII, rebautizadas bajo el eufemismo de Zonas Futuro, tampoco ha implicado una mayor protección contra la violencia sexual. Precisamente, en uno de estos municipios seleccionados como Zona Futuro fue donde se presentaron los más atroces casos de violencia sexual conocidos, como el perpetrado contra una niña indígena Nukak en las propias instalaciones del Batallón Joaquín Parísen San José del Guaviare, y donde se han denunciado otro sinfín de actos de violencia sexual que se documentan en este mismo boletín y de los que el Ministerio de Defensa jamás ha informado, a pesar de que el presidente Duque había vendido la idea de las Zonas Futuro bajo la premisa de que la transparencia y la participación de la comunidad serían sus principales características. En otra de las Zonas Futuro, en el municipio de Tumaco, la periodista Tatiana Acevedo denunció que se ha alcanzado “la tasa más alta de violencia sexual en el país”3. Es claro que la protección de las comunidades a través de la militarización se ha convertido en realidad en un riesgo altísimo para la integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes, y en especial para las indígenas y afros.
Entre los casos destacados por los medios en los últimos días relacionados con casos de violencia sexual encontramos los siguientes.
- Secuestro y violación de una niña Emberáen Pueblo Rico, Risaralda…
- Secuestro, violación y esclavitud sexual de niña indígena del pueblo Nukak Makú.
- Otros casos de violencia sexual en el Guaviare por parte del Ejército Nacional. Además del crimen contra la niña nukak Angélica, se conoció que hay por lo menos otros 4 casos de violaciones que fueron puestos en evidencia luego de una visita de la Defensoría del Pueblo a tres veredas de San José del Guaviare…
- Presuntos casos de prostitución infantil en Batallón de la Armada.A través de denuncias del activista de derechos humanos del Chocó,Luis Ernesto Olave,se conoció de presuntos casos de prostitución infantil de niñas afros en el Batallón de la Armada en Bajo Baudó Pizarro,Chocó. Según esta denuncia,»en la entrada del batallón de la Armada,los días de permiso de “soldados foráneos” se hace una fila de niñas afro de aproximadamente 13 a 16 años, que las prostituyen los mismos infantes de Marina…
- Violencia y acoso a trabajadoras sexuales trans en Bogotá.El pasado 21 de junio,la Red Comunitaria Trans denunció ante los medios una agresión masivacontra las trabajadoras sexuales transpor un alto número de agentes de la policía16. Según la denuncia a través de las redes sociales,en la madrugada del 21 de junio»A las 3:50 a. m., en la calle 22 con Caracas, la Policía de Bogotá llegó a gritarles a las trabajadoras.
- Violación de otra niña con discapacidad cognitivaen una Patrulla en Bogotá. Otro caso de violación de una menor de edad denunciado en medios habría sido perpetrado por el Patrullero Ángel Enrique Estrada Álvarezadscrito al CAI de Juan Rey en la localidad San CristóbalSur en Bogotá el pasado 8 de mayo. La víctima fue una menor de 17 años, pero que presenta “un leve retraso cognitivo, y su mentalidad es como de una niña de 11 años…
- Otros casos de violencia sexual por parte de la Policía. En anteriores boletines, la CCEEU ya se había referido a otros casos de violencia sexual perpetrados po runidades de la Policía Nacional, entre estos, el pasado 28 de marzo una mujer en la localidad de Bosa, Bogotá, denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de un policía en un bus de la institución y el robo de todo su dinero…
- Tocamientos y agresiones sexuales a mujeres que protestaban por el maltrato a otras mujeres manifestantes. La violencia sexual y de género se ha presentado también en el marco de acciones de protesta…
Conclusión: problemas de conducción, ambiente institucional y fallas en la doctrina.
Aunque la mayor parte de los casos de violencia sexual que se denuncian y que involucran a agentes estatales suelen quedar en la impunidad, por ejemplo, los ya mencionados 206 casos enviados a la JEP y los 4.837 casos de violencia perpetrados por estructuras paramilitares que históricamente han actuado bajo la sombra y complicidad de fuerzas militares, la Fiscalía y los órganos de justicia suelen anunciar investigaciones exhaustivas y aplicación rigurosa de la ley, solo cuando se presentan escándalos de connotación nacional como en los casos de la niña emberá o el de la niña nukak que estuvo más de 8 meses engavetado, y que al igual que los casos de los niños bombardeados y los de las chuzadas y perfilamientos de periodistas y defensores/as de derechos humanos se habían mantenido ocultos, y solo comenzaron a investigarse cuando los medios los sacaron a la luz pública.
Los controles disciplinarios en estos casos han sido laxos o inexistentes. En muchos casos no se investigan o cuando lo hacen se dejan en manos de sus propios pares en las oficinas de control interno de la Policía y el Ejército. Como sucede con las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría solo se asume el control preferente cuando se trata de casos que generan escándalos graves, pero aún en casos como elde la niña nukak, el poder preferente se asume con desidia alpunto que luego de 6 meses el expediente no ha sido trasladado sin que esto haya generado ninguna consecuencia. Los casos de violencia sexual, de torturas, agresiones a la protesta social, lo mismo que los casos que implican muerte de civiles o denuncias de desapariciones forzadas deberían siempre ser priorizadas y asumidas directamente por la Procuraduría y por la Fiscalía y no dejar su competencia en manos de pares militares en las dependencias de control disciplinario o las penales en la Justicia Penal Militar.
Pero más allá de los controles disciplinarios y judiciales que deberían conducir a la sanción de los responsables directos y a la reparación a las víctimas de todos los hechos denunciados, es necesario, como lo indica la Defensoría del Pueblo, “que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho”28, investigación que debería hacerse con participación del Congreso, de la academia, y delos organismos judiciales y de defensa de los derechos humanos. No puede ser una investigación de la que se anuncian grandes cambios mientras dura el escándalo, pero que después cae en el olvido, tal y como aconteció con la famosa Comisión Presidencial de Excelencia Militar que se había comprometido a presentar su informe final sobre la revisión de las normas operacionales de las fuerzas militares en noviembre de 2019, pero de la que no volvió a saberse nada.
Dentro de esas condiciones institucionales,es claro que la proliferación de abusos, actos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos que se han multiplicado en el actual gobierno evidencia graves problemas en la conducción y en las políticas de seguridad y defensa, quebajo este gobierno se han apartado sensiblemente de estándares mínimos de acatamiento de la legalidad, de respeto a los derechos humanos y de implementación de buena fe de los compromisos del Acuerdo Final de Paz y de la búsqueda negociada de una salida a la confrontación armada interna.
Los problemas de conducción se evidencian desde que el presidente Duque hizo caso omiso en el proceso de ascensos a las advertencias fidedignas sobre antecedentes de vulneraciones a los derechos humanos, incluidas las de ejecuciones extrajudiciales y vínculos con la ilegalidad por estructuras bajo su mando. Duque es responsable también por haber puesto en las primeras líneas de mando en unidades militares estratégicas a oficiales con este tipo de cuestionamientos, incluidos algunos que tienen compromisos de rendir cuentas por estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas decisiones permitieron y/o reforzaron la cooptación de parte del mando militar, incluidos los ser nteligencia, por parte del uribismo y la coalición de Gobierno, a quien han terminado sirviendo como se evidencia en la captación y el destino criminal de los informes ilegales a que se dedicaron los servicios de inteligencia. La política de ascensos y la selección y ubicación de los mandos puso fin al proceso de renovación y modernización que se había iniciado con la vinculación de un contingente importante de mandos militares al proceso de paz y con el proceso de depuración del mando que se había llevado a cabo con la Operación Bastón para alcanzar los estándares de sujeción a la legalidad exigidos para la articulación a la OTAN. La cúpula impuesta por Duque bajo el mando de Nicasio Martínez arrasó con estos esfuerzos y,de hecho, parte de quienes fueron objeto de persecución y espionaje desde los organismos de inteligencia fueron, según se informa, mandos que estuvieron comprometidos con responsabilidades en la negociación y/o implementación de procesos de paz o que tuvieron responsabilidad en el proceso de depuración de la Operación Bastón.
En cuanto al ambiente institucional, es claro que más allá de las responsabilidad de los perpetradores directos de los casos de violencia sexual de los casos aquí denunciados, y de otros por los que deben responder penalmente, no se van a superar estos problemas señalando como monstruos o miserables a los soldados implicados, como lo hace el presidente de la República,pidiendo que “todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna”,incluso solicitando que sean ellos los primeros a los que se aplique la cadena perpetua29. Con estas respuestas desconoceque la política de seguridad y defensa ha creado un ambiente institucional en donde los logros de la paz se han ido desmontando de manera intencional, aunque se simule cumplir con los acuerdos. Mientraspersista el ambiente institucional en dondeel secretismo es la fórmula para perseguir y espiar a los opositores políticos, donde se ocultan graves vulneraciones a los derechos humanos (como el asesinato e intento de desaparición de Dimar Torres, los bombardeos a los niños o las violaciones de niñas indígenas), donde la connivencia con el paramilitarismo y con los traficantes de drogas no se sancionan mientras sean útiles para los intereses de la coalición de gobierno, mientras altos mandos implicados en casos de corrupción son mantenidos en sus cargos o incluso ascendidos, y mientras desde la cúpula se ingenian medios todos los días para blindar a los mandos y para obstaculizar la rendición de cuentas ante la justicia, es claro que la responsabilidad por los desafueros y crímenes no puede recaer solamente en los soldados que cometen estas infracciones.
También subsisten graves problemas con la Doctrina Militar. El tratamiento represivo a la protesta social y la crueldad con la que se ataca a los manifestantes en las ciudades o a los campesinos en las campañas de erradicación, evidencian la persistencia de una concepción de enemigo interno que se aplica a todos los que no encajan en el modelo de desarrollo o en la gestión autoritaria de los problemas ciudadanos. El repudio a la desclasificación de los archivos de inteligencia ilegalmente obtenidos sobre líderes, lideresas, defensores, defensoras y opositores políticos, la resistencia a la publicación de manuales que han habilitado métodos de operaciones encubiertas para favorecer actuaciones con paramilitares o prácticas de amenazas, torturas, desapariciones o incluso eliminación física de opositores, parecen evidenciar que estas visiones continúan vigentes. La construcción de refinados aparatos de preceptos y directrices, no siempre públicos, aglutinados bajo el concepto de derecho operacional que se –consideran compatibles con el derecho humanitario, pero que en realidad promueven y legalizan una visión del derecho a matar en amplias circunstancias, hacen parte de una doctrina que no ha sido realmente cuestionara por las rimbombantes comisiones que se estructuran para estudiar su compatibilidad con los derechos humanos. Y, sobre todo, el secretismo de directivas y órdenes de comando que han reactivado prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, espionaje a magistrados, opositores, periodistas y personas que defienden los derechos humanos y cooperación con actividades y estructuras ilegales en la actuación anti-insurgente, evidencian la negación a discutir con la sociedad las necesarias modificaciones a esta doctrina y la resistencia a cambios necesarios para hacerla compatible con la visión de los derechos humanos y la solución negociada de los conflictos.
Por último, es necesario combatir los estereotipos de género y los prejuicios hacia las orientaciones sexuales e identidades de género diversas que son estructurales en las Fuerzas Militares y la Policía. Aunque estos son independientes a la Doctrina Militar y a la política de seguridad y defensa, han sido funcionales para el desarrollo de las mismas. Esto es evidente en el perfilamiento sistemático que hace la Policía de las mujeres trans por considerarlas peligrosas simplemente por su identidad de género, lo que ha promovido la aplicación injustificada y desproporcionada de procedimientos policiales sobre ellas y la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo golpizas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a lo largo delos últimos años. También es evidente en el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como estrategia de control militar de las poblaciones y los territorios con mayor presencia de la Fuerza Pública. En este sentido, la aplicación de la Doctrina Militar y de la política de seguridad y defensa a partir de estereotipos y prejuicios de género, orientación sexual e identidad de género ha conllevado impactos específicos y desproporcionados en las vidas de las niñas, mujeres y personas trans que habitan en los territorios altamente militarizados, tanto de las ciudades como del campo. De no atender estos factores, que también son estructurales, una eventual reforma a la Fuerza Pública quedaría incompleta y no acabaría con las múltiples formas de violencias basadas en género y violencia sexual, perpetradas por sus integrantes.
En estas circunstancias,es claro que la superación de estos lamentables comportamientos requiere una transformación profunda de las Fuerzas Militares y de Policía para depurarla de miembros comprometidos con prácticas y visiones que niegan los derechos humanos, y para eliminar los prejuicios estructurales que han determinado históricamente su comportamiento hacia las niñas, mujeres y personas LGBT. La conformación de una Fuerza Pública para el afianzamiento del respeto a los derechos humanos y para la paz requiere también un debate público sobre los cambios necesarios en la doctrina militar y de policía, y sobre todo el distanciamientode sus mandos con élites y agrupaciones políticas comprometidas con prácticas de ilegalidad y que se lucran con la continuidad de la guerra. En este deslinde con la ilegalidad es necesario también que, con exigencias firmes de la comunidad internacional, se emprenda de una vez la ejecución del plan para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y demás organizaciones que se han empeñado en impedir la consolidación de los anhelos de paz de la sociedad colombiana,
