El gobierno venezolano rechazo recientemente las declaraciones del Presidente colombiano Iván Duque, sobre la captura de cuatro venezolanos que presuntamente están involucrados en “hechos de desestabilización en el territorio colombiano” para “deslegitimar las instituciones del Estado”.
El hecho fue calificado como un nuevo «falso positivo» en la narrativa colombiana que intenta presentar a Venezuela como un narcoestado y un país agresor. En los últimos años, y bajo el amparo de Estados Unidos, desde Colombia se posicionan operaciones de falsa bandera para favorecer los intereses norteamericanos.
El discurso del agresor
Como «Falso positivo» se denominan en Colombia las ejecuciones extrajudiciales o la participación de miembros del Ejército en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno. Los casos más violentos se ubican en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez a quien se le responsabiliza de más de 4.000 civiles asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y presentados en su mayoría como grupos guerrilleros.
Entre las operaciones también conocidas como de “bandera falsa” en la frontera venezolana, se encuentra la entrada de “la ayuda humanitaria” en febrero del año pasado. El montaje que contó con cuantiosos recursos y una elaborada puesta en escena, buscaba instalar la matriz mediática del caos para impulsar una intervención militar en el país.
En lo que va de año, el gobierno colombiano con el apoyo del gobierno de Trump, ha venido incrementando su discurso contra Venezuela en momentos en que la situación interna de ese país amerita estrategias de distracción. La acción más reciente se produce cuando Colombia llega a los casi 700 mil casos de Covid 19 y más de 53 masacres en el 2020.
Al inicio de Septiembre el Presidente Duque anunció la captura de tres hombres detenidos en Bogotá y una mujer aprehendida en Barranquilla, que según adelantaban la conformación de “grupos militares venezolanos en Colombia para realizar acciones ilícitas», vinculados al «tráfico, porte de armas y municiones de uso exclusivo de la fuerza pública», y que obtenían información de inteligencia «para ser enviada al país vecino».
Paradójicamente las armas incautadas forman parte del armamento que iba a ser utilizado en la fallida incursión militar conocida como Operación Gedeón contra del gobierno del Presidente Maduro, financiada por Estados Unidos y el paramilitarismo colombiano.
Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó los comentarios de Duque como una “desfachatez”, y aseguró que los detenidos eran “mercenarios desertores venezolanos”. «Durante 2 años les dimos información precisa de las operaciones terroristas y jamás movieron un dedo. Los protegieron. Y así le pagan a esos traidores», escribió en Twitter.
A la operación caracterizada como de «Falso positivo» por el gobierno nacional, se suman otras que durante este año han intentado vincular al gobierno revolucionario como factor de desestabilización regional, así como con el narcotráfico y la violación de derechos humanos.
En Agosto de este año y en una especie de remake de la operación mediática de los misiles rusos en Cuba, desde Bogotá acusan al Presidente Maduro de sostener negociaciones con Irán para la compra de misiles, así como la triangulación de armamento con Rusia y Bielorrusia para entregárselo al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La noticia se replica desde diversas agencias internacionales que ya venían promoviendo videos y entrevistas orientadas a vincular al gobierno nacional con la guerrilla colombiana.
El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López califico las declaraciones como un señuelo de bandera falsa, aprovechándose de la situación geopolítica para desviar la atención de las responsabilidades de Duque en las masacres y crímenes en Colombia.
“Como alumno aventajado en el arte de mentir de su maestro (expresidente colombiano) Álvaro Uribe, hoy preso por la justicia de su país, diseña reconducir un caliche semejando la crisis de los misiles cubanos (octubre 1962) para intentar hacer creer a la opinión internacional que Venezuela importa terrorismo”, opinó.
En la misma narrativa de supuestas incursiones y espionaje venezolano en Colombia, en junio el desertor de la FANB, Gerardo José Rojas Castillo, es presentado por las autoridades colombianas como un espía venezolano que realizaba labores de inteligencia en sus unidades militares. Según un comunicado del Ejército Nacional de ese país, Rojas venía siendo vigilado desde hacía un año, a través de un trabajo de contrainteligencia en conjunto con tropas de la Décima Brigada Blindada, unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.
Desde el Ejército venezolano se demostró que se trataba de un desertor de la Fanb desde febrero del 2019, cuando se suma a la convocatoria de Guaidó a rebelarse contra el Presidente Maduro.
La nota del ejército venezolano destaca: «La conducta repetitiva y engañosa del gobierno oligarca de Colombia, en la creación de falsos positivos, involucrando a desertores militares de la Fanb, en sus acciones contra el Gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela, deja en evidencia la poca credibilidad de sus declaraciones oficiales»,
El mito del narcotráfico
La narrativa de la supuesta incursión del ejército venezolano en territorio colombiano y la supuesta vinculación del gobierno revolucionario con los carteles del narcotráfico se desarrolló todo este año a través de acciones de falsa bandera y campañas mediáticas
En su libro «El Mito del Cartel de Los Soles», Narcotráfico, crimen organizado y política en Venezuela, Fernando Casado evidencia las formas en que el imperio norteamericano se vale de estrategias comunicacionales de desinformación para construir falsos positivos tal como lo hizo en Irak y otros países.
El trabajo demuestra como en las fuentes de la ONU y la DEA, Venezuela no se encuentra en la lista de países por cuyos territorios circula la droga que va de Colombia a Estados Unidos. Sin embargo, desde la Casa Blanca se insiste en presentar a Venezuela como un narcoestado para justificar la emisión de ordenes de aprehensión, resoluciones, decretos, sanciones y amenazas de tipo militar, incluidas recompensas de miles de dólares por información que vincule a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno con dichas acusaciones. «Nadie en la tierra, presentó la más mínima prueba que le hiciera merecer “la recompensa”, porque las mismas no existen», destaca el autor.
En ese contexto, la Armada venezolana anuncia en Abril el desmontaje de una operación deliberada de Estados Unidos, que pretendía vincular a mafias del narcotráfico con el navío Buque Escuela Simón Bolívar. El también conocido como «El Embajador sin Frontera» iba a ser involucrado en una operación antidrogas, para la que se estaba creando el ambiente mediático con supuestas operaciones en Carabobo y Falcón, estados con gobernadores chavistas.
El mes anterior el ejecutivo estadounidense había informado que reforzaría su presencia naval en las aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico, con especial atención a México y Venezuela. La decisión se basa «en un enfoque global para evitar la introducción de drogas ilegales al territorio estadounidense» y «disminuir los ingresos del régimen de Maduro».
El también Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, detalló a través de sus redes sociales que la nación norteamericana no cesa en su objetivo de atacar el país, en esta oportunidad usando las mafias del narcotráfico “a la sombra del cartel mayor de la DEA”, y sostuvo que la Fuerza Armada venezolana ha incautado más de 20 toneladas de diversos estupefacientes, y neutralizado un importante número de aeronaves dedicadas a tal fin, las cuales operan «con la aquiescencia» de la Administración para el control de drogas de Estados Unidos (DEA).
Otro “Falso positivo” de este año, lo promovió el gobierno de Trump tras la captura en España, el pasado 28 de abril, de un narcobuque con cuatro toneladas de cocaína colombiana. Se inicia entonces una campaña internacional señalando a Venezuela como un país permisible en el tráfico de drogas. El ejecutivo demostró que la embarcación «Karar» con bandera de Togo, salió de Panamá con destino a España y que hizo una parada y maniobras irregulares en Punta Gallina, Guajira colombiana, para después pasar por el mar territorial de las Antillas neerlandesas, pertenecientes al Reino de los Países Bajos.
Se presume que la parada fue la excusa para cargar la cocaína y luego seguir rumbo noroeste pasando por Puerto Rico y República Dominicana. Llamó la atención que la nave fue detectada por la policía española a pesar de todo el despliegue de EE.UU. en el Caribe y el Atlántico y cuando se ha demostrado que más del 85 por ciento de las sustancias ilícitas que produce Colombia transitan por el Océano Pacífico.
Desde el inicio del Plan Colombia, el país vecino es clave en la agenda latinoamericana de Estados Unidos y su posición contra Venezuela, calificada como » una amenaza inusual y extraordinaria». La fabricación de «falsos positivos», que se ha incrementado desde la autoproclamación de Guaidó en el 2019, tiene como objetivo criminalizar al país y con ello facilitar la política de sanciones y acciones militares desde territorio colombiano. Las operaciones están en escalada. Como lo ha demostrado la historia colombiana ningún «Falso positivo» ocurre al azar.
