El trabajo, hecho social, debe gozar de la protección del Estado. Los derechos laborales son irrenunciables. Toda acción que implique renuncia o menoscabo de estos derechos es nulo de nulidad absoluta. Según nuestra constitución el Estado debe garantizar un salario mínimo vital ajustado cada año, uno de los parámetros es la canasta básica, considerando que el 95% de los venezolanos somos asalariados.
Un salario mínimo insoslayable permite garantizar el proyecto de justicia social, núcleo de un proyecto nacionalista y soberanista, opuesto a la violenta acumulación del capital que disminuye y fracciona los trabajadores.

Si algún derecho ha sido afectado en esta guerra sin cuartel ha sido percibir un salario digno. La revolución está obligada constitucionalmente a garantizar un régimen de justicia salarial alejado de las prácticas de hiperexplotación capitalista, a proteger los ingresos de los trabajadores venezolanos.

El primer impulso para recuperar la revolución debe comenzar con la justicia salarial, aislar a los que asumen que el salario ajustado a la canasta básica es inadecuado para los “equilibrios macroecónomicos”, receta con tufo neoliberal, así como garantizar niveles de consumo e intercambios con salarios adecuados y justos que nos protejan de la bomba de destrucción social de la hiperinflación.

No podemos bajo ninguna circunstancia permitir que los poderes salvajes del capitalismo derroten nuestro modelo social ni seguir perdiendo tiempo en programas de ajustes inadecuados e inconstitucionales, actuemos a favor de quienes hoy son los más afectados en esta guerra criminal, y su derecho irrenunciable a un salario vital y justo, garante de condiciones materiales, morales, espirituales e intelectuales de autovaloración ciudadana. Estas pequeñas derrotas conducen a la entropía política.

Venezuela fue una sustracción, cuando la clase trabajadora y los ciudadanos, a través de la concreción constituyente, se empoderaron de la soberanía sobre las riquezas en una acción, expresada en su justa y equitativa redistribución, política salarial progresiva y digna. Evitar que el salario se siga convirtiendo en sal y agua es obligatorio para nuestro Estado democrático, Social de Derecho y de Justicia.