A los organismos multilaterales y a sus amos de la corporatocracia imperial, el comodín de la cartilla de los derechos humanos les ha servido para cualquier jugada: culpar a quienes no son gobiernos aliados ni cómplices de ese Poder Global, justificar, incluso proteger a gobiernos violadores de derechos fundamentales pero serviles a los intereses de la pérfida gobernanza mundial, incluidas resoluciones para “bombardeos e invasiones humanitarias” justificados en leyes supranacionales, hasta ocultar bajo la alfombra la basura de ciertos países que cometen crímenes contra la Humanidad, inmoralidad a todas luces.

Dentro del concierto internacional, Venezuela es uno de estos casos emblemáticos. Calificar a priori nuestra situación humanitaria, afirmando que en nuestra patria se violan los derechos humanos de forma sistemática y se cometen crímenes de lesa humanidad, nos parece poco menos que irresponsable, falaz y abominable. No se pueden realizar estas aseveraciones en un país en el que las empresas, nacionales y transnacionales se mantienen operativas en el territorio nacional, incluyendo las de alimentos y medicamentos. Según esta lógica “los derechos humanos son (…) violados con objeto de ser defendidos, la democracia es destruida para salvaguardar la democracia, la vida es eliminada para preservar la vida.” (Boaventura de Sousa Santos).

Pero sobre todo, ocultando que nuestro país es objeto de medidas coercitivas unilaterales aplicadas inmisericordemente por parte de los gobiernos de EEUU y de países europeos (UE) que dificultan la importación de alimentos, medicamentos e insumos para la producción, además del asedio y ataque a nuestra moneda, distorsiones en el abastecimiento de bienes esenciales provocado por oligopolios, en un claro despropósito que busca dañar ante la comunidad internacional nuestra reputación como país.

El informe presentado a la opinión internacional, parte de la operación mundial de descrédito y distorsión contra una nación asediada, es sesgado y carece de rigurosidad. En su texto abundan las afirmaciones imprecisas, llenas de adjetivos indefinidos, basadas exclusivamente en opiniones, juicios y valoraciones de los factores políticos y ONG´S, radicalmente opuestos al gobierno nacional y peor aún, contrarios a los intereses generales de su propio país. A la ligera se parte de falsas premisas de las cuales se infiere y se sacan conclusiones, sin presentar pruebas que demuestren su veracidad.

En los casos en los que se muestran cifras, éstas no son las estatales, tampoco hubo un mínimo trabajo de contrastarlas con datos oficiales, carencia que delata la mala intención. Advertimos que igual a otros informes publicados para abultar el expediente de “Estado Fallido” y “Estado Forajido” e inculpar a la República Bolivariana de Venezuela, las cifras mostradas son tomadas de estimaciones obtenidas sin seguir procedimientos metodológicos rigurosos y objetivos.

Tras analizar fuentes y datos se observa que las técnicas empleada en la recolección de información presenta graves fallas, aspectos básicos como la definición de las unidades de análisis, la ficha técnica referida, no toman en consideración los datos oficiales del Ministerio Público ni del Poder Judicial, constituyendo un gravísimo error que lo invalida.

En cuanto a las referencias, la mayoría proviene de medios de comunicación manifiestamente contrarios al gobierno nacional y a la República, poniendo en evidencia el sesgo del informe y la intención tendenciosa subyacente. No se mencionan las iniciativas de políticas adelantadas por el Gobierno Nacional y el Estado para superar la situación económica y social que actualmente vive el pueblo venezolano -insuficientes ciertamente, pero esfuerzos al fin- y enfrentar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, mal llamadas sanciones, y cuando lo hacen es para justificarlas.

Sin credibilidad alguna, los “expertos contratados” en su “misión independiente” (mercenarios del fake news humanitario) aplican a su discreción parámetros de la cartilla, ignorando no sólo las oficiales sino otras fuentes de información, lo que resta credibilidad a su “imparcialidad”.

Todo ello muestra un claro conflicto de intereses. La disonancia entre sus deberes y sus actividades políticamente direccionadas, además de evidente es demasiado descarada. Es pública y notoria su actitud. Mientras ven la paja en el ojo de Venezuela y acusan al gobierno y al Estado de cometer crímenes de lesa humanidad, no la ven en el suyo propio: uno de sus expertos, Francisco Cox, quien ignora y peor aún, justifica que el Presidente Piñera ordenara sofocar a toda costa las protestas del pueblo chileno contra las políticas neoliberales y la injusticia perpetua a la que son sometidos sus habitantes, declara que en su propio país, Chile, no existen crímenes de lesa humanidad, aun cuando los Carabineros han dejado ciegos, mutilados y detenidos a más de 3000 chilenos que pedían y piden más y mejor democracia en sus calles… ¡Menuda contradicción! Claro, Chile no posee los inmensos recursos de Venezuela, he allí el detalle.

Si algo llama poderosamente la atención es que el informe contratado comienza con una conclusión: aseguran que en la República Bolivariana de Venezuela existe una crisis democrática, humanitaria, que el gobierno es responsable de cometer crímenes contra la población civil de manera sistemática y consciente. A lo anterior se le denomina Petición de Principio porque da por probado, lo que debe probarse.

Sin rubor alguno, los redactores utilizan un conjunto de conceptos abstractos tales como democracia, solidaridad. Para luego señalar que dichos conceptos no se materializan en el Estado venezolano. Tratar de aplicar conceptos abstractos, jurídicamente indeterminados, a situaciones de hecho que objetiva y jurídicamente deben ser probadas, es una falacia conocida como la falacia de negar el antecedente.

De esta manera se niegan, obviándolos e ignorándolos, y no se valoran los esfuerzos hechos por el Poder Judicial y Fiscalía venezolanos para judicializar los casos de excesos y violaciones de derechos humanos: a la fecha 127 oficiales y miembros de cuerpos policiales están siendo juzgados por dichos hechos. Al respecto, su mutis se convierte en silencio sepulcral, lo que en derecho procesal se traduce en silenciamiento de pruebas.

Los temas tratados, actores y fuentes que alimentan el informe corresponden en un 97% a publicaciones, investigaciones e informes de ONG´S financiadas por la NED y la USAID, quienes al cancelar sus honorarios comprometen la independencia de criterio de los actores al utilizar claramente informaciones en contra, y apenas un 3% de fuentes a favor. Tal desigualdad resulta una barbaridad desde cualquier punto de vista, pues viola el principio de Igualdad de los Estados, el de No Intervención y el de Autodeterminación, entre otros del Derecho Internacional Público.

No negamos bajo ningún concepto que ciertos y determinados elementos de los organismos de seguridad y defensa de nuestro país pudieran haber cometido y cometer excesos y violaciones de derechos fundamentales, incluso empresas también. Pero apenas el Estado venezolano toma conocimiento de tales hechos la Fiscalía y el Poder Judicial entran en actividad. En ocasiones no con tanta celeridad como nos gustaría, pero actúan. Nadie niega profundas contradicciones, críticas a políticas económicas u omisiones que han impactado en la calidad de vida de la población. Pero asegurar que es un comportamiento sistemático y una política de Estado, además de peligroso es una tremenda irresponsabilidad que persigue la destrucción de nuestra nación.

Ya lo planteaba Brzezinski y su vieja política de 1948-1975 de proteger el’status quo ante’ y ‘contención’ del comunismo sustituida por la defensa de los «derechos humanos» y sobre todo de los derechos de propiedad, el libre comercio, y la libertad de culto.

Esa etapa marcó el primer paso en el camino hacia las ‘revoluciones naranjas’ y la justificación de las «intervenciones humanitarias».

Por ello creerse la fantasía que una parte importante de la izquierda se cree, sobre el discurso sobre los derechos humanos y que éste puede ser de alguna manera adaptado a nuestros propósitos mediante la defensa de los «derechos sociales » o, en una tercera versión, de los derechos ecológicos y de los animales, es completamente engañoso.

El objetivo del discurso de los derechos humanos fue y sigue siendo la creación de una soberanía de los jueces en los asuntos mundiales, donde EEUU y su corporatocracia uniteralista antes del TRUMP y ahora el Neoimperio Global desterritorializado multilateralista, finalmente son quienes juzgan a los demás pueblos.

¡Alertamos al mundo! La sociedad actual se encuentra inerme frente a la nueva modalidad de inquisición adelantada desde los organismos multilaterales por sus expertos pseudo independientes. Hoy, basándose en la infalibilidad y argumentos de autoridad violan los derechos del pueblo y del Estado Nación venezolano, mañana ¿A qué país le tocará en suerte ser próxima víctima de esa nueva jurisprudencia del terror? Utilizar los derechos humanos para destruir los derechos humanos concretos de poblaciones es un verdadero crimen de mesa humanidad.