En una actitud complaciente con la política exterior estadounidense, el gobierno argentino votó en contra de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La cancillería, a cargo del ministro Felipe Solá, siguiendo las estrictas instrucciones del presidente Alberto Fernández, coincidió y respaldó plenamente un informe injerencista elaborado por la ahora funcionaria de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Si bien la decisión sorprendió, el canciller Solá ya había explicado la causa en un tuit poco antes de la votación en Ginebra: “Agradezco al embajador de EEUU Edward Prado el compromiso de su país de apoyar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy tuvimos un encuentro en el que analizamos cómo aumentar las inversiones y el comercio entre ambos países”.
Dentro del oficialismo, se destacó la postura de Alicia Castro, quien renunció a su postulación como embajadora argentina en Rusia. La decisión de la exdiputada con larga carrera sindical, política y diplomática (fue embajadora en Caracas y Londres) fue comunicada al gobierno con una misiva en la que se expresó en desacuerdo con la política de Relaciones Exteriores, luego de que la cancillería condenara a Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Craig Faller, jefe del Comando Sur de EEUU, señaló el lunes que los esfuerzos por derrocar al presidente Nicolás Maduro “van funcionando”, pero que tomará tiempo obtener resultados. “A menudo me preguntan, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no han funcionado los esfuerzos de Estados Unidos?”, se preguntó en una mesa redonda organizada por el foro empresarial Consejo de las Américas.
“Tomó una generación llegar a este punto y tomará un tiempo desempacar el marco democrático del representante Elliott Abrams”, explicó Faller a los empresarios.
La reciente alineación de la cancillería argentina con las exigencias estadounidenses irritó a amplios sectores del espectro ideológico argentino y continental, sobre todo considerando las clarísimas vulneraciones impunes a los derechos humanos en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, en donde se han suprimido las mínimas garantías constitucionales para sus respectivas poblaciones, sin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya manifestado de manera tan contundente.
La decisión del gobierno “progresista” argentino, despertó fuertes críticas en sectores del oficialismo que recordaron la posición argentina en 1902, con la Doctrina Drago -que fue una respuesta digna dada en 1902 contra el bloqueo naval a Venezuela por parte de los piratas ingleses, Italia y Alemania, y la colaboración implícita de Estados Unidos- y advirtieron sobre someterse al injerencismo estadounidense.
El informe de Bachelet señala –sin pruebas de ello ni haber visitado Venezuela- de batallones de exterminio, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales en Venezuela, lo mezcla con el drama que vive la población producto del bloqueo de Estados Unidos y la Unión Europea, los sabotajes de la derecha opositora, en un relato con el objetivo de impugnar el proceso revolucionario y contribuir con Washington, a destruir el proceso venezolano.
Responde a una elaboración hecha desde Panamá por un ente designando por la funcionaria chilena denominada Misión de Determinación de Hechos, que se basó en información recabada a través de las redes sociales y páginas de internet, restando toda credibilidad a sus resultados..
El texto final es un auténtico copia y pegue, no precisamente sobre la situación venezolana en lo que hace a Derechos Humanos, sino que puede aplicarse perfectamente a lo que ocurre a diario en Colombia, Perú, Paraguay, Brasil o el propio Chile. Allí, Bachelet gobernó con mano dura y aplicó contra el pueblo mapuche muchas de las sevicias que hoy endilga al país caribeño.
Varios movimientos sociales señalaron que los problemas de Venezuela no se resuelven con bloqueos ni condenas sino con cooperación y asistencia recíproca. La Argentina tiene una trayectoria de política exterior que con el acompañamiento de esta resolución resulta mancillada. Es otro paso más en contra de una política exterior independiente y no sometida a las presiones de Estados Unidos, añadieron.
Los medios hegemónicos interpretaron prontamente que la Cancillería daba un giro en relación con las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quién había indicado que el país caribeño viene de sufrir un “fuerte asedio de intervencionismo” y que cualquier interpretación sobre hechos ocurridos dentro de Venezuela está sesgada por las presiones que ejerce el Departamento de Estado y sus aliados de la derecha regionales.
Bachelet, siguiendo el libreto del gobierno estadounidense y su cohorte del Grupo de Lima, busca desdibujar y destruir a uno de los dos gobiernos, junto con Cuba, realmente soberanos de Nuestramérica, con el simple objetivo de reubicar a Venezuela en el “dispositivo geopolítico” de EEUU.
El gobierno argentino autodenominado peronista, con un presidente “liberal progresista”- como se definió el propio Alberto Fernández-, votó junto a Jair Bolsonaro, Iván Duque, Sebastián Piñera y Martín Vizcarra, violadores sistemáticos de los derechos humanos, alejándose de la posición principista tomada por México.