Uno de los cambios recientes en el Gobierno Bolivariano ha radicado en la Cancillería, siendo uno de los espacios clave para la construcción de la llamada diplomacia bolivariana, que parte de lo estipulado en el 4º objetivo histórico del Plan de la Patria 2019-2025:

«Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria».

Con el país reconfigurando su escenario político a lo interno, asimismo en el terreno internacional el Estado venezolano ha comenzado un nuevo ciclo a cargo de Félix Plasencia, precedido por la gestión de Jorge Arreaza, a quien le tocó liderar la diplomacia bolivariana en un ciclo de alto riesgo y peligro para la República, amenazada por factores externos en colaboración con el vasallaje antichavista local.

A continuación un recuento histórico de algunos logros liderados por la Cancillería venezolana durante la administración anterior a la presente, cuyos lineamientos de política exterior fueron guiados por el mismo presidente Nicolás Maduro, asegurando la profundización de la identidad con la que Venezuela asume su rol global.

Defensa del multilateralismo y la soberanía de las naciones

Mientras la vocería del estamento corporativo, dominante en el gobierno de Estados Unidos, ha buscado cada vez más la invisibilización y proscripción de Venezuela ante espacios multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la opción de Venezuela ha sido mantener presencia y propuesta en ese organismo mediante la interlocución constante. No solo con su secretario general sino con altas comisiones como la de Derechos Humanos (ACDH) y la de Refugiados (ACNUR).

Esto ha servido como enlace y contención ante la represión mediática que ha acompañado al sistema de medidas coercitivas unilaterales que los aliados imperiales desencadenaron contra la población venezolana en busca de un cambio de régimen ilegal y estructuralmente genocida.

Se ha logrado demostrar que las amenazas complejas y emergentes que enfrentan los pueblos del mundo no solo provienen de la guerra y el hambre establecidas como «males» vacíos, sino que son acelerados por relaciones internacionales de hegemonía y subordinación. A esto contribuyó la denuncia reiterada del bloqueo criminal que sostiene el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su continua agresión contra la vida de millones de personas al imposibilitar la compra de alimentos y medicinas.

En febrero de 2019 fue derrotada, mediante un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, la propuesta de Estados Unidos que pedía realizar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela y declarar ilegítimos los comicios de mayo de 2018. Además insistía en la entrega de «ayuda humanitaria» al país (instrumentalizada para intervenir bajo mecanismos blandos) y buscaba «garantías» a miembros de la oposición extremista venezolana.

Se logró el apoyo a la soberanía nacional por parte de la mayoría del Consejo de Seguridad luego que, de los 35 países, 19 optaran por el diálogo entre venezolanos y 16 por la injerencia extranjera.

Venezuela ha defendido la dignidad de un foro como la ONU y su necesaria actualización. Durante la asamblea virtual realizada por la conmemoración de los 75 años de su creación en octubre de 2020, el entonces canciller, Jorge Arreaza, declaró que «Naciones Unidas es la herramienta con que la cuentan los pueblos y esta carta es la única que podemos levantar y alzar para poder defender a la civilización y poder defender la justicia social».

La defensa del multilateralismo en la ONU es cada vez más necesario y así lo ha propugnado la República Bolivariana, buscando que siga siendo una contención en los momentos de mayor dificultad, «tenemos que cuidarlo al máximo, protegerlo; sin lugar a dudas nosotros creemos en la paz y la seguridad internacional como un resultado de un equilibrio necesario entre los actores internacionales y Estados», que solo se logrará respetando los principios de la Carta Democrática de las Naciones Unidas.

En abril de 2019, durante una Reunión de Alto Nivel para conmemorar y celebrar, por primera vez, el «Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz», se condenaron los dobles raseros en las relaciones internacionales, particularmente en temas tan importantes como las armas de destrucción masiva, armas convencionales, el terrorismo, el cambio climático así como las violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, entre otros.

Venezuela, en nombre de los Estados miembros del Movimiento de No Alineados (MNOAL), cuya presidencia ejercía en ese momento, exigió a los miembros de la comunidad internacional unirse a los esfuerzos realizados desde el Sur Global para «lograr la realización de los tres pilares de la organización: la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos» para revertir la creciente tendencia de recurrir al unilateralismo, a la arbitrariedad y a las medidas impuestas unilateralmente.

En esa ocasión el entonces vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pretendió ordenar a la ONU que se desconocieran las credenciales de diplomáticos venezolanos y, en un gesto que evoca la ironía extrema, los países del hoy acabado Grupo de Lima se levantaron de sus sillas y se retiraron de la Asamblea General de las Naciones Unidas justo cuando el canciller venezolano iniciaba un discurso sobre la importancia del multilateralismo.

En octubre de ese mismo año pasó a ser miembro por América Latina y El Caribe para el período 2020-2022 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 105 votos a favor, pese a la campaña mediática, judicializada y política-diplomática por parte de algunos gobiernos de derecha.

De la OEA a la Celac, nueva geometría del poder sin tutelaje

En junio de 2018 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que desconocía al gobierno constitucional y le emplazaba a cancelar las elecciones presidenciales, lo que abría la puerta a la expulsión del organismo.

Sin embargo el Grupo de Lima y Estados Unidos no pudieron contar con los 24 votos para lograr la expulsión. Ante ello la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, aseguró vía Twitter:

En abril de 2019 el gobierno venezolano anunció su retiro definitivo de la OEA a cargo de Luis Almagro desde 2015, aunque el lugar del país ya estaba siendo ocupado por Gustavo Tarre, representante del (también derrotado) «interinato». Almagro fue uno de los primeros en reconocer como «presidente encargado» o «interino» al entonces diputado antichavista a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y el Grupo de Lima.

El proceso de desincorporación de esa organización fundada en la injerencia comenzó en 2013 cuando el Comandante Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y dio paso al retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La República Bolivariana aceleró las gestiones a partir de 2017 y se convirtió en el primer país en cumplir los requisitos para abandonarla. Culminó el proceso cuando entró en vigencia la denuncia de la Carta de ese organismo elevada por el gobierno venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del instrumento jurídico internacional.

El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, señaló en aquella ocasión que Venezuela abandonó «una OEA subordinada a los intereses de Estados Unidos, que mantiene una escalada de sanciones políticas, económicas y financieras contra el gobierno de Maduro y en beneficio de Guaidó».

En septiembre de 2019 el gobierno estadounidense y sus socios en la OEA activaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para facilitar más acciones colectivas contra Venezuela y «discutir las opciones económicas y políticas multilaterales» contra el gobierno constitucional, al que consideran una «amenaza» para la región. El tratado, suscrito en 1947 por 23 países de la región (de los cuales permanecen 19, entre ellos Colombia), contempla el uso de la fuerza para defender a un Estado miembro frente a una agresión.

Este hecho «coincidió» con la elección del entonces canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, como presidente del Órgano de Consulta del TIAR durante una reunión en Nueva York en la que varios ministros de Exteriores (salvo Uruguay y Trinidad y Tobago) acordaron imponer mayores «sanciones» contra Venezuela.

Desde Colombia se han preparado todas las agresiones contra Venezuela, aun cuando se ha ofrecido al gobierno de Iván Duque mapas de campamentos y fotos de los lugares en Colombia donde entrenan los grupos paramilitares para agredir al territorio venezolano. Ha quedado en evidencia que lo hacen bajo el amparo de las autoridades de Bogotá.

Desde la cancillería venezolana se declaró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los venezolanos están preparados para defender y proteger la identidad territorial ante las continuas amenazas de intervención militar contra Venezuela. Asimismo se ratificó la voluntad de Venezuela de sostener relaciones de respeto mutuo con Estados Unidos, «que se respete nuestra soberanía, nuestro sistema y podamos convivir, coexistir y hasta cooperar si fuera el caso».

En 2020, cuando Venezuela ya estaba retirada de ese foro, una «Misión de determinación de hechos» presentó un supuesto informe sobre derechos humanos en Venezuela que pretendió ser utilizado como arma política, demostró el sesgo y verdaderas intenciones de los supuestos «expertos independientes» que lo elaboraron. Arreaza expresó que estos «rindieron cuentas, nada más y nada menos que ante la OEA, cuerpo que llama a invadir a nuestro país y al que no pertenece Venezuela».

La opción impulsada por la diplomacia bolivariana para la región ha sido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que en 2019 fue catalogada por el ministro Arreaza como «el proyecto que el Libertador Simón Bolívar convocó en 1824 y que en 1826 se realizó con dificultades y que hemos logrado a pesar de las dificultades retomar en pleno siglo XXI, por lo cual debemos cuidarlo (…) debemos recordar que ¡nuestra patria es América! (…) América está viva, somos la voz unida de nuestros pueblos ante el resto del mundo».

Recientemente, en el mensaje del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante la instalación de la 21ª Reunión de Cancilleres de la Celac, con la participación de 32 países, quedó claro el deseo de conformar organismos «no tutelados» que sustituyan a la OEA.

«La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades (…) En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto», enfatizó.

Desde Venezuela se precisó que luego de tantas reflexiones debe irse a la acción y «repolitizar» la Celac.

Enfrentando halcones, bloqueo, golpes e incursiones

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) destinaron todos los recursos posibles para arrinconar políticamente al gobierno venezolano. El país norteamericano designó a tres personajes para ejecutar dicha tarea:

• John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien favoreció activamente el fallido golpe de Estado respaldado por Estados Unidos contra Chávez en 2002 y, desde que terminó su etapa como embajador ante la ONU, ha acusado a Venezuela de albergar y colaborar con criminales y «contrabandistas» iraníes.
• Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela, asociado con algunos de los momentos más oscuros de la política exterior estadounidense de los últimos 40 años, desde los escuadrones de la muerte en Centroamérica hasta el caso Irán-Contras y la invasión de Irak.
• James Story, encargado de negocios de la embajada «virtual» de Estados Unidos para Venezuela nombrado por Donald Trump pero tácitamente ratificado por Biden, es un funcionario con experiencia injerencista en Brasil, Mozambique, México y Afganistán, dirige la Unidad de Asuntos de Venezuela del Departamento de Estado que funciona en la Embajada estadounidense de Bogotá.

Bolton llegó a calificar de «gobierno democráticamente electo» al movimiento golpista que lideraba Guaidó bajo dirección de Trump, quien recrudeció su política de agresión contra el pueblo y gobierno venezolano invadiendo las sedes diplomáticas en varios de sus países aliados, a la vez que violaba los derechos humanos y socioeconómicos de la población mediante cortes a los servicios públicos y secuestro y robo de activos nacionales en el exterior.

Su encono contra Venezuela fue tal que, durante el primer trimestre de 2019, tres de cada cuatro de sus tuits fueron contra Venezuela. También jugó un papel muy significativo en el acercamiento de Trump a la extrema derecha cubanoamericana de Miami, que aporta importantes votos. Se cuenta que trabajó con esa secta para idear el fraude electoral que llevó a Bush Jr. a la presidencia en 2000.

Le prometió a Trump que derrocaría a la Revolución Bolivariana combinando una rebelión masiva encabezada por el entonces desconocido Juan Guaidó; el endurecimiento fáctico y legislativo del bloqueo en alianza con la UE y los gobiernos de derecha de América Latina bajo el Grupo de Lima; y la ruptura de la unidad institucional de la FANB, lo que llevaría a un golpe de Estado o a una intervención militar indirecta, directa o a través de las fuerzas de la coalición.

Excepto el endurecimiento del bloqueo y sus inhumanos efectos, nada ocurrió de lo que Bolton planteó. Por el contrario, Guaidó fracasó reiteradamente empantanado tanto en escándalos de corrupción como en poca eficacia (para)política y solo cuenta con el (cada vez más tímido) apoyo de Biden. El pueblo venezolano no se rebeló contra su Presidente constitucional y la FANB no se dividió el 30 de abril cuando Guaidó y Leopoldo López, con el apoyo de sus socios estadounidenses y militares desertores, lideraron un intento de golpe fallido confiando en el apoyo de funcionarios públicos, apoyo que nunca llegó. Esto llevó a Bolton a enviar tuits desesperados y a Elliott Abrams a quejarse porque sus llamadas telefónicas no fueron respondidas. Fracasaron nuevamente.

Expulsado Bolton del gobierno de Trump, quedaron Abrams y Story a cargo. A los pocos meses retomaron la vía violenta con la fracasada Operación Gedeón en la que el «embajador virtual» fue involucrado mediante un audio en el que Hernán Alemán, diputado de Acción Democrática (AD), quien habló sobre una reunión sostenida con él en Miami.

Por su parte Abrams ordenaba perseguir a los buques que transportaran petróleo venezolano, a los buques que hicieran trasvase de petróleo mar adentro y «sancionar» cada una de las empresas que compraran el hidrocarburo.

Desde la Cancillería se denunciaron las medidas coercitivas de Estados Unidos y cómo causaron una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela, que cayó en un 90%, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en 2013 a 4 mil millones de dólares en 2018.

Durante la 43ª Sesión Ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU Venezuela señaló cómo las acciones de terrorismo económico generaron pérdidas al país, que ya superaban los 120 mil millones de dólares además del despojo de activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior.

Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, economistas académicos norteamericanos concluyeron en un informe sobre la economía venezolana para los años 2017 y 18 que las «sanciones» de Estados Unidos representan una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año.

La alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, lo ha reconocido en sus informes; también el Relator Especial para Medidas Coercitivas Unilaterales de ese Consejo, Alfred de Zayas, lo denunció también en el año 2017 cuando estuvo en Venezuela en el terreno y vio la realidad.

En febrero de 2020, Venezuela, como Estado Parte del Estatuto de Roma, acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de los Estados Unidos, responsables de esta modalidad de terrorismo económico, una investigación penal internacional para que haya enjuiciamiento y la determinación de responsabilidades.

A finales de 2020, Abrams redactó una declaración injerencista suscrita por Estados Unidos y sus gobiernos satélites incitando a boicotear los avances y acuerdos emanados del diálogo político que ya se llevaba a cabo en Venezuela y la convocatoria a las próximas elecciones parlamentarias como uno de los más importantes.

Hay diplomacia más allá del Norte Global

La multipolaridad nunca ha sido solo discurso para la diplomacia bolivariana, sin embargo la guerra multidimensional ha servido para desenmascarar algunas realidades que afectan la geopolítica global, como el seguidismo de Europa ante las pretensiones hegemónicas de la plutocracia estadounidense.

En enero pasado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Joseph Borrell, señaló que no veía señales de que se pudiera abrir una negociación en Venezuela entre el gobierno y la oposición, y apuntó que estaban a la espera de la posición de la nueva administración estadounidense que encabezaría el demócrata Joe Biden.

Venezuela denunció la posición del viejo continente que ha sido «por afinidades ideológicas, por afinidades corporativas que en nada se corresponde con la debida relación y civilizada relación entre los Estados». El bloque europeo impuso medidas coercitivas contra 36 altos funcionarios venezolanos, que fueron calificadas como «progresivas, además de ilegales, arbitrarias, no fundamentadas en ninguna base jurídica».

Detrás de dichas «sanciones» está la tarea constante del liberalismo global consistente en desarticular los Estados y, en particular, implosionar los procesos financieros del país.

En reiteradas referencias a la UE, Arreaza contrastó la política intervencionista de la mayoría de los gobiernos que la conforman, tutelados por Washington, con la de Venezuela, que siempre ha implementado una política de protección hacia la comunidad de migrantes europeos en Venezuela, así como a las inversiones.

Más allá del Norte Global, Venezuela ha fortalecido relaciones geoestratégicas con potencias y países emergentes. En tiempos de pandemia, el apoyo de países como China, Rusia, Irán, India, Cuba y Turquía ha permitido garantizar la salud y medicinas al pueblo venezolano.

Sin embargo dichas relaciones son estrechas y se han estructurado desde hace muchos años, implican áreas como la defensa, comercio, ciencia y tecnología, educación, alimentación y otras.

En junio de 2019, Venezuela propuso instalar un grupo de trabajo para estudiar cómo los países se enfrentan y superan los efectos de estas «sanciones» que buscan subyugar al pueblo, con énfasis en sus puntos vulnerables, de modo que el gobierno afectado haga lo que el país agresor quiere o el pueblo se subleve y lo derroque del poder.

En marzo pasado la República Bolivariana, junto a China, Rusia, Irán, Siria, la República Popular Democrática de Corea, Cuba y Nicaragua, enviaron una carta conjunta al Secretario General de la ONU, António Guterres, para que este organismo solicite el levantamiento de las «sanciones» aplicadas de manera unilateral por Washington que «socavan los esfuerzos» que están realizando estos países para combatir la covid-19, «especialmente en lo que respecta a la adquisición efectiva y oportuna de equipos y suministros médicos».

Ha sido motivo de avance la coincidencia de la diplomacia bolivariana con la línea estratégica de la política internacional china basada en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica: respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión mutua, no intervención en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica.

Su alianza con Rusia cambia el escenario mundial y es más estrecha, ello establece mayor seguridad al mundo al conformar nuevos y más fuertes bloques.

Hoy, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU reconocen al gobierno legítimo de Venezuela. El propio Trump llegó a dudar sobre su elección errática de Guaidó y Biden no da señales de un apoyo irrestricto. Además, las distintas fracciones del antichavismo están dialogando con los voceros gubernamentales en México para regularizar el conflicto político a niveles que no destruyan al país.

Un nuevo ciclo se abre para la proyección internacional de los valores integracionistas de Bolívar, y aún queda tanto camino por andar como riesgos, porque, en su decadencia, el imperio se ha vuelto más peligroso y ante ello se requiere un frente internacional que, desde la asunción del chavismo al poder estatal, no ha dejado de defender con lo propio a la República en su derecho a existir.

 

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