La Constitución del 99 reconoce como fuente de protección de los derechos humanos los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia, y las leyes que los desarrollen, aplicados directa e inmediatamente por los tribunales y demás órganos del Estado.
Esa trama extendida a lo comercial, agrícola y financiero, nos impide desarrollar un proyecto nacional independiente pues este sistema de legalidad trasnacional condiciona, limita, cerca, nuestra legislación interna, lisiando potencialidades reales, subordinándolas al orden trasnacional.
Nuestro ser social y fuerzas productivas, determinados por convenios trasnacionales de colonialismo jurídico, condena nuestra soberanía a ser nominal, sujeta al capital depredador e impide en la práctica toda posibilidad de desarrollo sometiéndonos a la expoliación.
Mientras no rompamos las ataduras coloniales, la corporatocracia mundial y los Banks-ters seguirán drenando inexorablemente nuestros recursos materiales y humanos, cercenando la concreción de un proyecto nacional de desarrollo y bienestar nacional.
Ser soberanos supone acabar con la ergástula de tratados, convenios y normas que concretan el dominio imperial, rebelarnos: frente a cualquier antinomia entre tratados, convenios, normas que socaven nuestra soberanía, aplicar el principio interpretatio favor Constitutione, los estándares para dirimir el conflicto deben ser compatibles con el proyecto político constitucional y el Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia sin afectar su vigencia en detrimento de la soberanía.
En caso de evidenciarse contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común y aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos sobre los intereses particulares.
Hoy en Venezuela la soberanía reside en el pueblo. Por la autoridad conferida por la Constitución, la ANC debe hacer lo propio para defender nuestro derecho a ser libres y soberanos, eliminemos esos grilletes, diseño del capital como juridicidad transnacional imperial.
Hacer valer nuestro derecho soberano al desarrollo en función del bien común, es inaplazable y urgente.
