Colombia: pandemia por violencia sexual y violencias basadas en género por agentes estatales

Escrito por Red Angostura

Boletín Especial sobre Derechos Humanos N° 8

 

En medio degraves denuncias por la avalancha de violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado durante este Gobierno  por  integrantes  de  la  Fuerza  Pública  y  en  especial,  las  denuncias  conocidas  durante  la  emergencia decretada a raíz de la pandemia, se han presentado un sinnúmero de casos de violencia sexual perpetrados tanto por miembros de la Policía, como del Ejército Nacional, e incluso por miembros de la Armada.

Son ya numerosos los casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos, entre los cuales están los casos de espionaje  y  persecución por  parte  de  brigadas  de  inteligencia  y contrainteligencia  contra  defensores/as  de  derechos humanos,  periodistas,  opositores  políticos,  magistrados  e  incluso  militares  que  han  estado  comprometidos  con  el proceso de paz;la nueva escalada de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en las cuales están implicados miembros del Ejército; las decenas de campesinos heridos o asesinados en procesos de erradicación forzada de cultivos; los bombardeos contra niños víctimas de reclutamiento forzado con remate a tiros delos sobrevivientes; los casos de connivencia con el paramilitarismo y su consolidación en distintas regiones del país, incluso en grandes ciudades; la venta de armas y salvoconductos a grupos paramilitares y narcotraficantes; y multimillonarios casos de defraudación presupuestal y corrupción que, sumados a los números casos de abusos y de violencia sexual, muestran una profunda crisis en la conducción de la tropa, fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control, deficiencias en los mecanismos de ascenso y nominación de los mandos, así como graves distorsiones en la política de seguridad y defensa, en  el  entrenamiento  recibido  y  en  la  doctrina  militar,  que  demandan  replanteamientos  y  la  necesidad  de  un  debate profundo y una intervención ciudadana para reformar la estructura, las políticas, la doctrina y los mecanismos de ascenso y selección de mandos al interior de las Fuerzas Militares y de Policía.

Estos hechos no son casos aislados. Los medios han documentado un informe que está bajo estudio de la Jurisdicción Especial  para  la  Paz  en  el  que  se  denunciaron  206  casos  de  violencia  sexual  que  comprometieron  a  miembros  de  las Fuerzas Armadas entre 1993 y 20161. Según la información, se trata de 206 casos de violencia sexual que comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas y que dejaron 234 víctimas. De estas víctimas, el 77 por ciento fueron mujeres, el 52 por ciento fueron menores de edad y el 10 por ciento fueron indígenas. En cuanto a los presuntos responsables, en 174 casos se señalaron como responsables a integrantes del Ejército y en 32 a miembros de las otras Fuerzas Militares o la Policía.El informe denuncia que, en muchos casos, el traslado de las militares dificultó y en algunos casos impidió a las autoridades identificar a los responsables, lo que podría calificarse como obstrucción a la justicia.

Según  informes  del  gubernamental  Centro  Nacional  de  Memoria  Histórica, la  mayor  responsabilidad  en  casos  de violencia sexual en marco del conflicto armado en Colombia se radica en los grupos paramilitares con 4.837 casos2. La connivencia  y  tolerancia de la Fuerza Pública  con  estos  grupos,  cuya  expansión  siguen  favoreciendo,  genera  una responsabilidad  indirecta  del  Estado  y  de  los  mandos  militares  que  tenían  obligación  de  impedir  estos  crímenes  y proteger a sus víctimas. A esto se suma que de manera directa los agentes del Estado tendrían la responsabilidad en 206 casos de violencia sexual,  sin contarel subregistro, es decir, aquellos casos que se presentan pero no se denuncian por temor, por  evitar posibles  represalias  o  porque, como  en  el caso de la niña nukak  secuestrada  y  violada, los militares decidieron mantener ocultos los hechos.

La estrategia de seguridad del Gobierno Duque para la protección de las comunidades y regiones más afectadas centrada en la militarización de 42 municipios seleccionados como Zonas Estratégicas de Intervención Integral –ZEII, rebautizadas bajo  el  eufemismo  de  Zonas  Futuro, tampoco  ha  implicado  una  mayor  protección  contra  la  violencia  sexual. Precisamente, en uno de estos municipios seleccionados como Zona Futuro fue donde se presentaron los más atroces casos de violencia sexual conocidos, como el perpetrado contra una niña indígena Nukak en las propias instalaciones del Batallón Joaquín Parísen San José del Guaviare, y donde se han denunciado otro sinfín de actos de violencia sexual que se  documentan  en  este  mismo  boletín y  de  los  que  el  Ministerio  de  Defensa  jamás  ha  informado,  a  pesar  de  que  el presidente Duque había vendido la idea de las Zonas Futuro bajo la premisa de que la transparencia y la participación de la comunidad serían sus principales características. En otra de las Zonas Futuro, en el municipio de Tumaco, la periodista Tatiana Acevedo denunció que se ha alcanzado “la tasa más alta de violencia sexual en el país”3. Es claro que la protección de  las comunidades  a  través de  la militarización  se ha convertido  en  realidad  en un  riesgo altísimo para la  integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes, y en especial para las indígenas y afros.

Entre los casos destacados por los medios en los últimos días relacionados con casos de violencia sexual encontramos los siguientes.

  1. Secuestro y violación de una niña Emberáen Pueblo Rico, Risaralda…
  2. Secuestro, violación y esclavitud sexual de  niña indígena  del  pueblo  Nukak  Makú.
  3. Otros casos de violencia sexual en el Guaviare por parte del Ejército Nacional. Además del crimen contra la niña nukak Angélica, se conoció que  hay  por  lo  menos  otros 4  casos de  violaciones que fueron puestos en evidencia luego de una visita de la Defensoría del Pueblo a tres veredas de San José del Guaviare…
  4. Presuntos casos de  prostitución  infantil  en  Batallón  de  la  Armada.A  través  de  denuncias  del  activista  de  derechos humanos  del  Chocó,Luis  Ernesto  Olave,se  conoció  de  presuntos  casos  de  prostitución  infantil  de  niñas  afros  en  el Batallón de la Armada en Bajo Baudó Pizarro,Chocó. Según esta denuncia,»en la entrada del batallón de la Armada,los días de permiso de “soldados foráneos” se hace una fila de niñas afro  de  aproximadamente  13  a  16  años,  que  las prostituyen los mismos infantes de Marina…
  5. Violencia y acoso a trabajadoras sexuales trans en Bogotá.El pasado 21 de junio,la Red Comunitaria Trans denunció ante los medios una agresión masivacontra las trabajadoras sexuales transpor un alto número de agentes de la policía16. Según la denuncia a través de las redes sociales,en la madrugada del 21 de junio»A las 3:50 a. m., en la calle 22 con Caracas, la Policía  de  Bogotá  llegó  a  gritarles  a  las  trabajadoras.
  6. Violación de otra niña con discapacidad cognitivaen una Patrulla en Bogotá. Otro caso de violación de una menor de edad denunciado en medios habría sido perpetrado por el Patrullero Ángel Enrique Estrada Álvarezadscrito al CAI de Juan Rey en la localidad San CristóbalSur en Bogotá el pasado 8 de mayo. La víctima fue una menor de 17 años, pero que presenta “un leve retraso cognitivo, y su mentalidad es como de una niña de 11 años…
  7. Otros casos de violencia sexual por parte de la Policía. En anteriores boletines, la CCEEU ya se había referido a otros casos de violencia sexual perpetrados po runidades de la Policía Nacional, entre estos, el pasado 28 de marzo una mujer en la localidad de Bosa, Bogotá, denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de un policía en un bus de la institución y el robo de todo su dinero…
  8. Tocamientos y agresiones  sexuales  a  mujeres  que  protestaban  por  el  maltrato  a  otras  mujeres manifestantes. La violencia sexual y de género se ha presentado también en el marco de acciones de protesta…

Conclusión: problemas de conducción, ambiente institucional y fallas en la doctrina.

Aunque la mayor parte de los casos de violencia sexual que se denuncian y que involucran a agentes estatales suelen quedar en la impunidad, por ejemplo, los ya mencionados 206 casos enviados a la JEP y los 4.837 casos de violencia perpetrados por estructuras paramilitares que históricamente han actuado bajo la sombra y complicidad de fuerzas militares, la Fiscalía y los órganos de justicia suelen  anunciar  investigaciones  exhaustivas  y  aplicación  rigurosa  de  la  ley,  solo  cuando  se  presentan  escándalos  de connotación nacional como en los casos de la niña emberá o el de la niña nukak que estuvo más de 8 meses engavetado, y  que  al  igual  que  los  casos  de  los  niños  bombardeados  y  los  de  las  chuzadas  y  perfilamientos  de periodistas y defensores/as de derechos humanos se habían mantenido ocultos, y solo comenzaron a investigarse cuando los medios los sacaron a la luz pública.

Los controles disciplinarios en estos casos han sido laxos o inexistentes. En muchos casos no se investigan o cuando lo hacen se dejan en manos de sus propios pares en las oficinas de control interno de la Policía y el Ejército. Como sucede con las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría solo se asume el control preferente cuando se trata de casos que generan escándalos graves, pero aún en casos como elde la niña nukak, el poder preferente se asume con desidia alpunto que luego de 6 meses el expediente no ha sido trasladado sin que esto haya generado ninguna consecuencia. Los casos de violencia sexual, de torturas, agresiones a la protesta social, lo mismo que los casos que implican muerte de civiles  o  denuncias de  desapariciones  forzadas  deberían  siempre  ser  priorizadas  y  asumidas  directamente  por  la Procuraduría  y  por  la  Fiscalía  y no  dejar  su competencia  en  manos de  pares militares  en las dependencias de  control disciplinario o las penales en la Justicia Penal Militar.

Pero más allá de los controles disciplinarios y judiciales que deberían conducir a la sanción de los responsables directos y a la reparación a las víctimas de todos los hechos denunciados, es necesario, como lo indica la Defensoría del Pueblo, “que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho”28, investigación que debería hacerse con participación del Congreso, de la academia, y delos organismos judiciales y de defensa de los derechos humanos. No puede ser una investigación de la que se anuncian grandes cambios mientras dura el escándalo, pero que después cae en el olvido, tal y como aconteció con la famosa Comisión Presidencial de Excelencia Militar que se había comprometido a presentar su informe final sobre la revisión de las normas operacionales de las fuerzas militares en noviembre de 2019, pero de la que no volvió a saberse nada.

Dentro  de  esas  condiciones  institucionales,es  claro  que  la  proliferación  de  abusos,  actos  de  corrupción  y  violaciones graves  a  los  derechos  humanos  que  se  han  multiplicado  en  el  actual  gobierno evidencia  graves  problemas  en  la conducción  y  en  las  políticas  de  seguridad  y  defensa,  quebajo  este  gobierno  se  han  apartado  sensiblemente  de estándares mínimos de acatamiento de la legalidad, de respeto a los derechos humanos y de implementación de buena fe de los compromisos del Acuerdo Final de Paz y de la búsqueda negociada de una salida a la confrontación armada interna.

Los problemas de conducción se evidencian desde que el presidente Duque hizo caso omiso en el proceso de ascensos a las advertencias fidedignas sobre antecedentes de vulneraciones a los derechos humanos, incluidas las de ejecuciones extrajudiciales  y  vínculos  con  la  ilegalidad  por  estructuras  bajo  su  mando.  Duque  es  responsable  también  por  haber puesto en las primeras líneas de mando en unidades militares estratégicas a oficiales con este tipo de cuestionamientos, incluidos algunos que tienen compromisos de rendir cuentas por estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas  decisiones  permitieron  y/o  reforzaron  la  cooptación  de  parte  del  mando  militar,  incluidos  los  ser  nteligencia, por parte del uribismo y la coalición de Gobierno, a quien han terminado sirviendo como se evidencia en la captación  y el  destino criminal  de  los  informes  ilegales a  que  se dedicaron los  servicios  de inteligencia. La  política  de ascensos y la selección y ubicación de los mandos puso fin al proceso de renovación y modernización que se había iniciado con la vinculación de un contingente importante de mandos militares al proceso de paz y con el proceso de depuración del mando que se había llevado a cabo con la Operación Bastón para alcanzar los estándares de sujeción a la legalidad exigidos  para  la  articulación  a  la  OTAN. La  cúpula  impuesta por  Duque bajo  el  mando de Nicasio Martínez  arrasó  con estos  esfuerzos  y,de  hecho,  parte  de  quienes  fueron  objeto  de  persecución  y  espionaje  desde  los  organismos  de inteligencia fueron, según se informa, mandos que estuvieron comprometidos con responsabilidades en la negociación y/o  implementación de procesos de  paz  o que tuvieron  responsabilidad  en  el proceso de depuración de  la Operación Bastón.

En cuanto al ambiente institucional, es claro que  más  allá  de  las  responsabilidad de los perpetradores directos  de  los casos de violencia sexual de los casos aquí denunciados, y de otros por los que deben responder penalmente, no se van a superar estos problemas señalando como monstruos o miserables a los soldados implicados, como lo hace el presidente de la República,pidiendo que “todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna”,incluso solicitando que sean ellos los primeros a los que se aplique la cadena perpetua29. Con estas respuestas desconoceque la política de seguridad y  defensa  ha  creado  un  ambiente  institucional  en  donde  los  logros  de  la  paz  se  han  ido  desmontando  de  manera intencional,  aunque  se  simule  cumplir  con  los  acuerdos. Mientraspersista  el  ambiente  institucional  en  dondeel secretismo es la fórmula para perseguir y espiar a los opositores políticos, donde se ocultan graves vulneraciones a los derechos  humanos  (como  el asesinato  e  intento  de desaparición de  Dimar  Torres, los bombardeos  a  los  niños  o las violaciones  de  niñas  indígenas),  donde  la  connivencia  con  el  paramilitarismo  y  con  los  traficantes  de  drogas  no  se sancionan mientras sean útiles para los intereses de la coalición de gobierno, mientras altos mandos implicados en casos de corrupción son mantenidos en sus cargos o incluso ascendidos, y mientras desde la cúpula se ingenian medios todos los  días  para  blindar  a  los  mandos  y  para  obstaculizar  la  rendición  de  cuentas  ante  la  justicia,  es  claro  que  la responsabilidad  por  los  desafueros  y  crímenes  no  puede  recaer  solamente  en los  soldados  que  cometen  estas infracciones.

También subsisten graves problemas con la Doctrina Militar. El tratamiento represivo a la protesta social y la crueldad con la que se ataca a los manifestantes en las ciudades o a los campesinos en las campañas de erradicación, evidencian la persistencia de una concepción de enemigo interno que se aplica a todos los que no encajan en el modelo de desarrollo o en la gestión autoritaria de los problemas ciudadanos. El repudio a la desclasificación de los archivos de inteligencia ilegalmente  obtenidos  sobre  líderes,  lideresas,  defensores, defensoras y  opositores  políticos,  la  resistencia  a  la publicación  de  manuales  que  han  habilitado  métodos  de  operaciones  encubiertas  para  favorecer  actuaciones  con paramilitares o  prácticas  de  amenazas,  torturas,  desapariciones  o  incluso  eliminación  física  de  opositores,  parecen evidenciar que estas visiones continúan vigentes. La construcción de refinados aparatos de preceptos y directrices, no siempre públicos, aglutinados bajo el concepto de derecho operacional que se –consideran compatibles con el derecho humanitario, pero que en realidad promueven y legalizan una visión del derecho a matar en amplias circunstancias, hacen parte de una doctrina que no ha sido realmente cuestionara por las rimbombantes comisiones que se estructuran para estudiar su compatibilidad con los derechos humanos. Y, sobre todo, el secretismo de directivas y órdenes de comando que  han  reactivado  prácticas  como  las  ejecuciones  extrajudiciales,  espionaje  a magistrados,  opositores,  periodistas  y personas que defienden los derechos humanos y cooperación con actividades y estructuras ilegales en la actuación anti-insurgente, evidencian la negación a discutir con la sociedad las necesarias modificaciones a esta doctrina y la resistencia a  cambios  necesarios  para  hacerla  compatible  con  la  visión  de  los  derechos  humanos  y  la  solución  negociada  de  los conflictos.

Por  último,  es  necesario  combatir  los estereotipos  de  género  y  los  prejuicios  hacia  las  orientaciones  sexuales  e identidades  de  género  diversas  que  son  estructurales  en  las  Fuerzas  Militares  y  la  Policía.  Aunque  estos  son independientes a la Doctrina Militar y a la política de seguridad y defensa, han sido funcionales para el desarrollo de las mismas.  Esto  es  evidente  en  el  perfilamiento  sistemático  que  hace  la  Policía  de  las  mujeres  trans  por  considerarlas peligrosas simplemente por su identidad de género, lo que ha promovido la aplicación injustificada y desproporcionada de  procedimientos  policiales  sobre  ellas  y  la  comisión  de  múltiples  violaciones  de  derechos  humanos,  incluyendo golpizas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a lo largo delos últimos años. También  es  evidente  en  el uso de la  violencia sexual contra mujeres  y  niñas como  estrategia  de  control militar  de  las poblaciones y los territorios con mayor presencia de la Fuerza Pública. En este sentido, la aplicación de la Doctrina Militar y de la política de seguridad y defensa a partir de estereotipos y prejuicios de género, orientación sexual e identidad de género ha conllevado impactos específicos y desproporcionados en las vidas de las niñas, mujeres y personas trans que habitan en los territorios altamente militarizados, tanto de las ciudades como del campo. De no atender estos factores, que  también  son  estructurales,  una  eventual  reforma  a  la  Fuerza  Pública  quedaría  incompleta  y  no  acabaría  con  las múltiples formas de violencias basadas en género y violencia sexual, perpetradas por sus integrantes.

En estas circunstancias,es claro que la superación de estos lamentables comportamientos requiere una transformación profunda de las Fuerzas Militares y de Policía para depurarla de miembros comprometidos con prácticas y visiones que niegan  los  derechos  humanos,  y  para  eliminar  los  prejuicios  estructurales  que  han  determinado  históricamente  su comportamiento hacia las niñas, mujeres y personas LGBT. La conformación de una Fuerza Pública para el afianzamiento del respeto a los derechos humanos y para la paz requiere también un debate público sobre los cambios necesarios en la  doctrina  militar  y de policía,  y  sobre  todo el  distanciamientode  sus  mandos  con  élites  y  agrupaciones  políticas comprometidas  con  prácticas  de  ilegalidad  y  que  se  lucran  con  la  continuidad  de  la  guerra.  En  este  deslinde  con  la ilegalidad es necesario también que, con exigencias firmes de la comunidad internacional, se emprenda de una vez la ejecución  del  plan  para  el  desmantelamiento  de  las  estructuras  paramilitares  y  demás  organizaciones  que  se  han empeñado en impedir la consolidación de los anhelos de paz de la sociedad colombiana,

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