Por Tamara Lajtman y Silvina Romano

El 8 y 9 de agosto se llevó a cabo la IV Reunión de Jefes de Estado de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), o Cumbre Amazónica, en la ciudad brasileña de Belém do Pará. El evento, convocado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es un hito en la proyección de Brasil como “principal potencia ambiental”.

Se inaugura una nueva etapa en la cooperación entre los países de la Amazonía, con una política común para el desarrollo sostenible, basado en relaciones simétricas que garanticen que los recursos se exploten en beneficio de todos y no sólo de unos pocos.

Forma parte de las políticas públicas para la conservación de la región amazónica implementadas desde la asunción de Lula da Silva: entre enero y julio, la deforestación cayó 42,5 %, a 3.149 km2, contra igual periodo de 2022. Tiene objetivos más amplios, como el fortalecimiento de la OTCA, la definición de una posición común por parte de los países en desarrollo poseedores de reservas forestales y una apuesta soberana desde los Estados (incluidos los periféricos) en cuanto al manejo de fondos y elaboración de normativas de cuidado del medio ambiente.

La realización de la Cumbre fue acordada por Lula y Gustavo Petro (Colombia) en enero de 2023. Ambos presidentes colocan la cuestión ambiental en el centro de la agenda, con un contrapunto importante en cuanto a la explotación o no de hidrocarburos en áreas de selva.

La Amazonía tiene una superficie de 6,3 millones de km², en los territorios de Brasil, las Guyanas, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene una cuenca hidrográfica de más de 24 mil km y el 10 % de la biodiversidad del mundo.

La postura que intentó proyectar Brasil en la Cumbre, puede ser resumida en la siguiente frase de Lula: “no podemos aceptar un neocolonialismo verde que, bajo el pretexto de proteger el medioambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias, y no considera marcos normativos y políticas nacionales”.

Asistencia y agenda

Las delegaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú estuvieron representadas por sus jefe/as de Estado y de Venezuela por su vicepresidenta. Ecuador y Surinam enviaron a sus cancilleres.

El evento también contó con la presencia de representantes de la República del Congo, República Democrática del Congo e Indonesia (países con bosques tropicales), San Vicente y las Granadinas (país que ostenta la presidencia de la CELAC), Alemania y Noruega (principales donantes al Fondo Amazonía). Emmanuel Macron (Francia) fue invitado a participar por Guayana Francesa, pero no acudió, en un acto descortés, tal como lo asume el Itamaraty.

Estuvieron presentes el presidente de la COP28 y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Nuevo Banco de Desarrollo (Banco de los BRICS), organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros.

El día 7 hubo una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de los ocho países amazónicos. El día 8 se realizó la Cumbre, el 9 se concretó la reunión ampliada, con los países y organismos invitados. El día 10 se llevó a cabo una reunión con las diversas entidades financieras presentes en la cumbre.

Acuerdos y anuncios

La Declaración de Belém consta de 113 puntos, firmada por los ocho países amazónicos. Establece una nueva agenda común de cooperación regional a favor del desarrollo sostenible de la Amazonía subrayando la urgencia de una cooperación regional para evitar el punto de no retorno en el bioma.

Incluye aspectos como el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación; la creación de un centro de cooperación policial en Manaus y un sistema integrado de tráfico aéreo; Revitalización del Parlamento Amazónico; Creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible.

Un ejemplo de este último punto es la Coalición Verde, lanzada en conjunto por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y el BID, para microcréditos destinados a emprendimientos en la Amazonía. Incluye a 19 bancos públicos de desarrollo de países amazónicos, que ofrecerían 4.5 mil millones de dólares en financiación para negocios sustentables.

Refundación de la OTCA como la plataforma prioritaria de acción conjunta en la región amazónica.

Es una entidad intergubernamental permanente, con sede en Brasilia, fundada en 1995 y establecida de forma permanente en 2003 que sigue los principios del Tratado de Cooperación Amazónica firmado en 1978 por los ocho países amazónicos.

Se espera que el organismo promueva mayor estabilidad en la coordinación de esfuerzos que garanticen soberanía territorial, así como soluciones innovadoras para el desarrollo regional con inclusión social y responsabilidad climática.

Prevé importantes revisiones en la estructura institucional de la Organización, incluyendo la conformación de un mecanismo financiero para captar y capitalizar recursos no reembolsables. Involucra a los Jefes de Estado, Cancillerías y otras instancias gubernamentales de los países miembros.

Incluirá nuevas reparticiones, como el Foro de Ciudades Amazónicas, el Observatorio sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas, el Parlamento Amazónico, el Observatorio de Mujeres Rurales de la Amazonía, el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, el Panel Técnico-Científico Intergubernamental para la Amazonía (“IPCC por la Amazonía”, que reunirá información científica sobre clima y biodiversidad, inspirada en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU), entre otros.

Uno de los principales desacuerdos se generó en torno a la explotación de hidrocarburos, por lo que no ha figurado de manera contundente en la declaración final. El texto menciona la necesidad de “iniciar un diálogo” sobre la sostenibilidad de sectores “como la minería y los hidrocarburos”.

Venezuela y Brasil se posicionan a favor de la explotación, se suman Surinam y Guyana que albergan importantes reservas de petróleo y que no tienen intención de dejar de explorar ese recurso en el mediano y largo plazo. Por otro lado está Colombia, que busca limitar las concesiones de explotación. En Ecuador, en el marco de las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de agosto, habrá un plebiscito que propone detener la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT. Al interior del Gobierno brasileño hay tensiones sobre la explotación en el delta del Río Amazonas.

Brasil subrayó que las políticas medioambientales y el Fondo de la Amazonía en particular se regulen mediante reglas controladas por el Estado.

El Comunicado Conjunto de los Países Forestales en Desarrollo en Belém – Unidos por Nuestros Bosques, firmado por los 8 países de la OTCA junto a San Vicente y las Granadinas, los Congos e Indonesia, es contundente en la condena de medidas adoptadas para “combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente, incluidas las medidas unilaterales, que constituyen un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta al comercio internacional”.

Colombia convocó a realizar la V Reunión de Presidentes de los Estados Parte en agosto de 2025.

Diálogos Amazónicos

Del 4 al 6 de agosto se llevaron a cabo los Diálogos Amazónicos con participación de más de 27 mil personas (3 veces más de lo que esperaba el Gobierno brasileño) entre representantes de los países amazónicos, instituciones públicas, sociedad civil, pueblos indígenas y organismos internacionales. El objetivo de las diversas actividades y comunicados es evitar cualquier política sobre Amazonía que no cuente con el consentimiento de los pueblos que la habitan.

Cumbre Judicial

De forma paralela a la Cumbre, el 4 y 5 de agosto se llevó a cabo la 1ª Cumbre Judicial Ambiental de la Amazonía, que reunió a miembros de cortes supremas de varios países de la panamazonía con el objetivo de debatir cuestiones relacionadas con la acción judicial ambiental en el bioma.

Tutelaje vs. Soberanía

Brasil apuesta a que los Estados sean los que tengan la decisión con respecto a la administración de los recursos en la Amazonía y sean quienes definan y fiscalicen las normativas respecto al cuidado del medio ambiente.

Lula enfatizó: “no podemos aceptar un neocolonialismo verde que, bajo el pretexto de proteger el medio ambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias, y no considera marcos normativos y políticas nacionales”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió sobre las amenazas de emporios transnacionales farmacéuticos y de alimentos, la tercerización de las funciones del Estado y las aspiraciones de la OTAN para garantizar la mercantilización de la cuenca amazónica.

    Contexto:

Creciente presión del sector privado de los países centrales (que tratan al “nicho medioambiental” como un “nicho de mercado”) para monopolizar programas y toma de decisión en el rubro medioambiental advirtiendo que los Estados ya no contarían con recursos suficientes para ocuparse del tema.

Con Lula se reactivó el Fondo de la Amazonía, abandonado desde 2019.

En 2021 las corporaciones transnacionales lanzaron otra iniciativa, la coalición LEAF (reducir las Emisiones Acelerando la Financiación de los Bosques).

En abril de 2023, el Gobierno de Joe Biden anunció el financiamiento por 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía con recursos privados y públicos mediante el Forest and Climate Leaders Partnership y la Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC). No obstante, el Gobierno estadounidense no fue invitado a la Cumbre.

En la Cumbre UE-CELAC se anunció 20 millones de euros para el Fondo Amazonía a través de Global Gateway.

Hay sospechas de posibles abusos a través del greenwashing (orientar la imagen de marketing de una organización o una empresa hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus acciones van en contra del medioambiente).

El Gobierno de Brasil es contundente en su llamado a evitar que las normativas medioambientales queden subordinadas a los intereses del sector privado, resguardados por gobiernos centrales, y que podrían reproducir una lógica asimétrica de “castigos” similar a la de las sanciones económicas.

FUENTE CELAG

Agosto, 2023