El secuestro del avión venezolano de Emtrasur por parte de las autoridades judiciales de la República Argentina está lleno de implicaciones forzadamente ilegales y no tiene base para seguir con el proceso de terrorismo que se imputa. Los diferentes elementos llevan a pensar que una simple orden del Departamento de Justicia y la presión de cabildeo israelí han sido suficientes para darle rienda a la causa.

Esto daría una amplia muestra de cómo funciona el sistema judicial argentino, que ha estado sujeto a discusión durante los últimos años y se ha intentado reformar de manera frustrada. En esta tribuna publicamos un perfil del juez Federico Villena que da cuenta de lo putrefacto de aquella instancia que bien puede tomarse como una radiografía mínima.

Por otro lado, está el papel de quienes llevan el proceso desde el aspecto acusatorio. Los argumentos de la fiscal Cecilia Incardona, quien tomó el caso Emtrasur apenas emergió el escándalo de secuestro de la aeronave venezolana, también han estado al servicio de generar una sospecha infundada sobre el perfil y las motivaciones de los 19 tripulantes de la aeronave venezolana, al unísono con la retórica anti-iraní.

La «pista» misteriosa que la fiscal toma como principal pivote de su acusación tiene las huellas del FBI, allí donde solo hay un vacío narrativo que ya ha sido desmentido desde el mismo tribunal -apelado por Incardona- y algunos medios, pero que sin embargo aún se toma en cuenta como fundamento para seguir con investigaciones relacionadas a «terrorismo».

La homonimia como pretexto

A pesar de que el juez Villena había autorizado la salida de 12 de los 19 tripulantes del avión Emtrasur de Argentina, secuestrado desde el 6 de junio, la fiscal Incardona y dirigentes de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) reclamaban que todos quedaran en el país porque, según ellos, faltaban traducir diálogos encontrados en los celulares de los iraníes y también restaba recibir informes de Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

La decisión fue apelada oficialmente por la fiscal, por ello los 14 venezolanos y cinco iraníes que habían sido permitidos les fueran devueltos los pasaportes y abandonar Argentina siguen retenidos en Buenos Aires.

Incardona, de acuerdo al dictamen de apelación entregado al juez, arguye que hay «peligro procesal»: según La Nación, «es decir, un riesgo para el avance de la causa si se autoriza la salida del país de los pasajeros del avión», allí donde no hay realmente un caso a investigar.

«La sospecha inicial derivó de ciertos indicios que se agudizaron, principalmente con la información recibida posteriormente por parte del FBI», dijo Incardona en su apelación. Y relata: «Ante la gravedad de la hipótesis, en apenas seis semanas de investigación, se realizaron cientos de medidas de prueba que permitieron esclarecer algunos aspectos, otros, en cambio, aún permanecen inciertos».

Aduce que los iraníes son los «principales sospechosos» de alguna actividad delictiva que aún no pueden demostrar. Ella misma reconoce que no se demostró que la tripulación tuviera fines o vínculos terroristas, pero alega que falta el resultado de medidas «de relevancia» (las pruebas del FBI) y que no es posible «descartar plenamente la hipótesis de esta acusación». Estos son indicios de una judicialización demeritoria con fines de latrocinio de bienes estatales ajenos, tomando en cuenta que Emtrasur es filial de Conviasa, aerolínea oficial venezolana, y el avión secuestrado pertenece a su flota.

Se queja de que Uruguay no ha participado en las investigaciones, a pesar de estar involucrado en el caso desde el principio (pues el avión venezolano sobrevoló territorio uruguayo, mas le fue denegado el aterrizaje de manera oficial), y que Paraguay no entrega las pruebas definitivas de que los tripulantes iraníes pertenecen a alguna organización terrorista. Esta sería la clave, para Incardona, del caso.

La mira principal está sobre Gholamreza Ghasemi, uno de los pilotos del B737 de Emtrasur, a quien intentan identificarlo con un Brigadier General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de mismo nombre, pero que falleció el 21 de abril 2012, de acuerdo a investigaciones independientes y tomadas en cuenta en un análisis anterior. La acusación se aferra de la homonimia del nombre de dos personas diferentes para continuar con el proceso, habida cuenta de que ya no puede existir un «error» en la investigación si se ha demostrado que ambas personas no son la misma.

Si bien las evidencias de que no existe relación entre el piloto iraní de la aerolínea venezolana y la figura militar, las operaciones mediáticas le dan sentido a las declaraciones de la fiscal, quien se sostiene en una homonimia como excusa para continuar con el proceso. De igual manera, el juez Villena aún tiene en sus consideraciones decisorias este «dato» infundado.

Realmente, el origen en Argentina de este argumento fabricado proviene de la DAIA en la denuncia de junio pasado, donde alega que dejar ir a los tripulantes «sin haberlos indagado al respecto (…) sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional».

Pero la aseveración proviene sin haber hecho tal «indagación» que la misma DAIA pedía: «Los originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos».

El condicional «tendría» es fundamental aquí pues implica una suposición que puede ser fácilmente contrastada bajo una investigación judicial seria y «despolitizada», depurada de los ripios ilegales que abundan en el caso. A todas luces, es una muestra de que el vago señalamiento del FBI es el móvil acusatorio y discursivo, pues Incardona arguye que la información de que los tripulantes están conectados a alguna organización que Estados Unidos considera «terrorista» proviene de esa agencia, dándole prioridad a una «prueba» que aún no ha sido presentada de manera oficial por ningún Estado o institución.

Pero esto son solo detalles. Aunque la imputación de la fiscal Cecilia Incardona sobre los tripulantes de Emtrasur provino a finales de junio, el 19 de julio el Departamento de Justicia (institución de la que el FBI forma parte) emitió una solicitud a las autoridades argentinas para la incautación del avión de carga Boeing 747-300M en cuestión, orden proveniente del Tribunal del Distrito de Columbia (Carolina del Sur).

Tras dicha orden y la decisión del juez Villena de liberar a la mayoría de la tripulación de Emtrasur, vino la apelación de la fiscal y la DAIA, que trabajan armoniosamente en la operatividad del lawfare.

En una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente parlamentario Jorge Rodríguez denunció que la referida fiscal «recibe instrucciones de la embajada de Estados Unidos», y añadió que «no hay jueces independientes en Argentina que convoquen a esa fiscal Cecilia Incardona para preguntarle qué hacía en la embajada de Estados Unidos».

Los hilos de la justicia argentina y la conexión estadounidense-israelí

Incardona ha estado en la palestra mediática durante los últimos dos años por causas diferentes. En septiembre de 2020 fue denunciada por exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) junto con dos jueces y otro fiscal por llevar la causa del espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri sobre Cristina Fernández y otros políticos. Todos los acusados y procesados fueron sobreseídos en junio de 2022.

Antes de convertirse en la fiscal federal de Lomas de Zamora, ciudad al sudeste del Gran Buenos Aires, en una zona al lado del Aeropuerto Internacional Ezeiza, pasó por varios puestos de la justicia argentina hasta llegar a sus manos la causa que investiga el mundo del espionaje macrista.

En este proceso se enfrentó a las decisiones del juez Federico Villena, con quien tuvo una «tensa relación» según Infobae y La Nación, debido a obstrucciones para acceder a las pruebas del expediente. Lo mismo no está ocurriendo en el caso Emtrasur, donde hay al menos homologación de opiniones (mas no de pruebas) en torno a una supuesta «conspiración iraní».

Asimismo, según La Nación, Incardona es simpatizante del peronismo mas no del kirchnerismo (en la misma línea de Sergio Massa, actual ministro de Economía, y Felipe Solá, excanciller del gobierno de Alberto Fernández), a pesar de que aquél le dio apoyo para subir escalones en su carrera, incluyendo el liderazgo en los procesos donde ha estado involucrado el sistema de vigilancia del Estado argentino bajo la administración de Macri.

Sin embargo, Incardona es considerada por los medios del poder tradicional rural y financiero como una funcionaria «equilibrada» («seria»), firmemente comprometida con la asunción de su carrera.

Pero solo forma parte de un engranaje mucho mayor que es el sistema de justicia argentino, que ha recibido multitud de críticas a lo largo de las décadas. En primer lugar, ha sido auscultado por abogados, jueces, investigadores y expertos, llegando a la conclusión de que el poder judicial tuvo una relación estrecha, de complicidad, con los diversos gobiernos dictatoriales que llegaron al poder en el siglo XX, incluido el de la década de 1970 que practicó terrorismo de Estado.

Se ha alegado que el poder judicial argentino sirve principalmente a los intereses de los grandes poderes económicos en el país y se alejan de cumplir con lo establecido en la Constitución. Luis Niño, juez de la Cámara de Casación, argumentó en un debate:

«Creo que siempre hubo en los sectores más conservadores del Poder Judicial una suerte de esperada subversión. Lo dije alguna vez en un foro de colegas, y no fue bien recibido: que inesperadamente los sectores más conservadores eran subversivos porque le daban más importancia a las leyes y a los reglamentos, que a la Constitución y al bloque de convencionalidad. Pienso que esto no ha variado demasiado hasta el presente».

Cristina Fernández de Kirchner también ha arremetido contra el «sistema podrido y perverso» que es el poder judicial, siendo ella misma víctima de múltiples imputaciones a lo largo de los últimos años, en un afán de manipular el lawfare contra cierta camada de políticos.

Los escándalos en torno a esta institución en Argentina no paran, tanto que la Asociación Argentina de Juristas (con representación permanente en la ONU) pidieron a principios de agosto un juicio político, ante el Congreso, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia «por la causal de mal desempeño» que ha tenido «consecuencias [en] el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que garantiza la Constitución Nacional para todos los habitantes del país».Además, un estudio realizado en 2019 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) arroja que 9 de cada 10 ciudadanos afirman que la mayoría de los jueces «no son imparciales». Según el estudio, solo 7% de los argentinos consultados tiene confianza en el Poder Judicial.

Las múltiples denuncias e intentos de reformar el poder judicial ponen en entredicho su incidencia en el caso Emtrasur. Tengamos en cuenta que el cabildeo de Estados Unidos e Israel (la conexión estadounidense-israelí) para involucrar a la República Islámica de Irán en otros procesos en Argentina tiene prontuario.

El atentado en la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en el centro de Buenos Aires el 18 de julio de 1994 mató a 55 personas e hirió a 300. Una investigación del historiador y periodista Gareth Porter sobre los posibles culpables del acto terrorista cuenta que poco después del atentado, Washington y Tel Aviv «presionaron con fuerza al gobierno argentino para que implicara a Irán. En ese tiempo, no obstante, funcionarios de la embajada en Buenos Aires estaban bien al tanto de que no existía evidencia concreta para apoyar semejante conclusión».

Esto no quebró el intento de culpabilizar a Irán en el asunto. Relata Porter:

«En un cable de agosto de 1994 al Departamento de Estado, el embajador estadounidense James Cheek se jactó de la ‘campaña estable’ que estaba librando la embajada que ‘mantenía a Irán en el punto que le corresponde’. En un comentario sorprendente a este escritor en 2007, Cheek concedió: ‘Que yo sepa, nunca hubo evidencia real’ de la responsabilidad iraní».

Aunque son presunciones, como bien han declarado múltiples fuentes argentina en las tres décadas desde que ocurrió el suceso, el fiscal Alberto Nisman tomó para sí la causa que involucraba a Teherán en el atentado AMIA. Sigue Porter:

«(…) Alberto Nisman intentó una nueva narrativa esta vez culpando a Irán del atentado. Para esto, dependía de información suministrada por el Mossad a Jaime Stiuso, funcionario de la SIDE [Secretaría de Inteligencia del Estado] a cargo de tareas de contrainteligencia.

«La acusación a siete funcionarios iraníes de Nisman en 2006 por la trama terrorista se apoyó por completo en las acusaciones de miembros de alto nivel del culto en el exilio financiado por Israel y Arabia Saudita, Muahedin-E-Khalq (el MEK).

«No solo los miembros del MEK estaban en posición de ofrecer información confiable sobre una supuesta trama iraní de alto nivel porque habían estado activamente involucrados en una campaña terrorista contra el gobierno islámico colaborando con el para entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, seleccionando objetivos en Irán.

«El apoyo de Nisman en semejantes fuentes inescrupulosas demostró su aparente determinación por llegar a conclusiones predeterminadas sobre la culpa de Irán. Difícilmente se trataba de una sorpresa, para ese momento, que Nisman ignorara el revelador testimonio de Iosi».

En el reporte de Porter, «Iosi» es el sobrenombre de un exespía de la Policía argentina que expuso a periodistas e investigadores evidencias de que el atentado de la AMIA pudo haber sido perpetrado por grupos antisemitas con larga tradición en la sociedad argentina e infiltrados en el mismo cuerpo policial y de inteligencia del Estado.

De acuerdo con la investigación, en el caso AMIA no hay una conexión Irán/Hezbolá (que funciona como puerta de entrada con la que Israel mantiene el pie metido para extorsionar al gobierno argentino) pero sí una efectiva con las alcantarillas de los servicios de inteligencia argentinos que, en gran medida, con personajes como Jaime Stiuso (el mencionado funcionario de la SIDE), operaron al frente en el exterminio de la década de 1970 y que incluso tiene puntos de contacto con el formato Gladio del terrorismo.

Se trata de la parapolítica argentina que había tomado por el cuello a un mismo tiempo los servicios de seguridad estatales y el poder judicial, conformando un ecosistema propio de tramas ilegales y extorsiones, tomando en cuenta que el fiscal Nisman recibía información de Stiuso (director general de Operaciones de los servicios de inteligencia argentinos entre 1972 y 2014 y «famoso manipulador -escribe Porter- que había pasado años reuniendo grabaciones de políticos argentinos») para proseguir las acusaciones contra Irán. Esto empalma claramente con lo que citamos anteriormente por parte del juez Luis Niño, quien comentó que los sectores más conservadores del Poder Judicial de hace décadas aún estaban enquistados allí.

Del mismo libreto de Nisman y Stiuso, Incardona plantea, junto con el juez Villena, poner al frente los argumentos anti-iraníes para darle un cauce ilegal y forzado al proceso de Emtrasur de acuerdo al mandato del Departamento de Justicia.

Ya no es un misterio la influencia de Washington sobre el poder judicial argentino, filtraciones divulgadas por WikiLeaks muestran una compleja red de organismos que articulan sus acciones en torno del espionaje, la formación de cuadros políticos y dirigenciales y la desestabilización de gobiernos y economías. La nueva Escuela de las Américas son los cursos para fiscales y jueces preparados y dictados por Estados Unidos (véase el caso del juez Sergio Moro, importante operadore de lawfare en Brasil).

Los cables de la embajada estadounidense en Argentina, filtrados por WikiLeaks, muestran que actores judiciales como Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema, pedían recursos a Estados Unidos para «adquirir tecnología» y se reunían en Washington con miembros del American Law Institute y el Council of the Americas «como parte de los esfuerzos por fortalecer las prácticas judiciales en Argentina» en la década del 2000.

En esa estela podemos recordar que en 2016 se organizó en Buenos Aires un importante taller destinado a unos 40 jueces federales de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay sobre temas de narcotráfico y ciberdelito, en el que los capacitadores formaban parte del FBI y el Departamento de Justicia estadounidense.

Las cloacas judiciales argentinas, esta vez, en el caso Emtrasur, reciben direcciones de Washington. A pesar del ahínco, los indicios de que la aeronave venezolana y sus tripulantes podrían pertenecer a un esquema ligado al terrorismo internacional (porque se trata de los nombres de Irán y Venezuela, antagonistas de Estados Unidos) se caen sin demasiada resistencia. Por lo que la causa estaría directamente ligada a una trama de desposesión y sabotaje de bienes estatales venezolanos bajo el «marco legal» de las medidas coercitivas unilaterales.

La conexión estadounidense-israelí está pujando por que el sistema judicial argentino dictamine medidas definitivas contra individuos de dos nacionalidades rivales e instituciones venezolanas, en otro caso de sobrecumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales que Washington emite sin discriminación. Intentan matar dos pájaros de un tiro, con un resurgir fantasmagórico de la causa AMIA, actualizada y queriendo reciclarla con la intención de manipularla, bajo el paraguas retórico anti-iraní y anti-venezolano, para el presente contexto.

11 Agosto 2022