El 12 de octubre de 2022 Patricia Benavides, Fiscal de la Nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo acusándolo de liderar una organización criminal. Castillo denunció que esta maniobra de la Fiscalía es parte de “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
Es la primera vez que la figura de la denuncia constitucional se utiliza contra un presidente en ejercicio ya que el artículo 117 de la Constitución peruana impide iniciar un juicio contra un presidente en activo salvo excepciones muy tasadas. Castillo no ha incurrido en ninguna de las excepciones tasadas en el art. 117 por lo que es probable que la acusación decaiga.
En este contexto, la decisión de la fiscal Patricia Benavides pareciera más bien enmarcarse en los preparativos de una nueva ofensiva contra el presidente en el debilitado Congreso de la República (según IEP el Congreso tiene una desaprobación del 85 %). Los poderes judicial y legislativo peruano tratarían así de aumentar la presión contra el presidente para poder iniciar una nueva moción de vacancia.
Cabe recordar que la virulenta reacción del establishment peruano contra Castillo está batiendo récords de acoso institucional. Castillo sufrió cuatro intentos de vacancia en sus primeros 10 meses de gobierno, toda una marca frente a las cifras de sus predecesores: Pedro Pablo Kuchinski una en 30 meses, Martín Vizcarra una en 12 meses, 7 en todo el quinquenio de A. Toledo, 8 en el de Alan García y 12 en el de Ollanta Humala.
Este anuncio de la Fiscalía se sitúa políticamente además en plena resaca de las elecciones regionales y municipales en Perú que se celebraron el pasado 2 de octubre. El escenario resultante de estas elecciones acentuó la excepcional fragmentación del sistema político peruano y confirmó la debilidad tanto del aparato político que apoya al Gobierno, que no logró alcanzar ningún puesto institucional de relevancia, como de la oposición, que en su versión más virulenta (el fujimorismo) no logró ningún gobierno regional y que en su versión moderada (Alianza para el Progreso, Somos Perú y Avanza País solo logró 5 de 25 departamentos). El mayor éxito de la derecha peruana fue la Alcaldía de Lima, que lograron a manos de Rafael López Aliaga.
A pesar del acoso mediático, político e institucional, lo cierto es que en esta correlación de debilidades entre el establishment institucional peruano y el presidente Castillo, el presidente ha mantenido ‒e incluso mejorado recientemente‒ su apoyo, un apoyo que IEP cifraba en el 25 % en septiembre.
En el plano económico la coyuntura se ha centrado en la disputa sobre las proyecciones de crecimiento del país en 2023. Así, un informe de Bank of América pronosticaría la entrada en recesión en el último trimestre de 2023. Mientras tanto, la actualización del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía peruana para 2023, sitúa el crecimiento en 2,6 % en medio de sus expectativas de una recesión internacional y muy por encima de Brasil (1 %), México (1,2 %) o Colombia (2,3 %). BBVA Research publicó el pasado 11 de octubre un informe en la misma línea de estimaciones del FMI (2,5 % de crecimiento para 2023).
Respecto a la inflación, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los primeros nueve meses del año se alcanzó un 6,68 %, mientras la tasa anualizada hasta septiembre se ubicó en 8,53 %. En su informe Situación Perú, BBVA Research, proyecta que la inflación concluirá este año en torno al 7.5 %, para luego disminuir en 2023 a 3.5 %.
FUENTE CELAG
15-10-22
