En 2015, el entonces presidente de Cuba, Raúl Castro, mencionó la devolución de la base naval norteamericana en Guantánamo como un requisito para una completa normalización de las relaciones con Estados Unidos. Un reclamo similar había hecho el Comandante en Jefe, Fidel Castro, durante la Crisis de Octubre de 1962. Exigencias similares pueden encontrarse en la historia de Cuba desde 1901, cuando la Isla entera estaba ocupada por el ejército estadounidense tras intervenir en la guerra de independencia contra el colonialismo español. La aparición de lo que hoy conocemos como la base naval en Guantánamo llegó incluida en una propuesta constitucional, la madre de todas las imposiciones políticas que vendrían después.
En 1901, la Asamblea Constituyente cubana recibe, de parte del general Leonard Wood, ocho artículos enviados directamente desde Washington para la nueva Carta Magna del país. Eran las condiciones a cumplir a cambio de la independencia. A la República de Cuba le incluían en las últimas páginas de su ley fundamental una cláusula elaborada por el secretario de guerra Elihu Root y presentada al Congreso por el senador Orville Platt. Entre otras muchas cosas, los cubanos debían vender o alquilar su territorio a Estados Unidos para la construcción de bases navales y carboneras en puntos específicos a acordar directamente con el presidente norteamericano. El resto de las propuestas ataban al país a los criterios de su vecino del norte, como se demostró en 1906, cuando intervinieron otra vez, hasta 1909.
La Enmienda Platt inauguró la larga tradición del gobierno norteamericano de legislar, en violación del derecho internacional, sobre asuntos claves para los cubanos, un hábito que se extiende hasta la ley Helms Burton de 1996, que castiga a la inversión extranjera y el comercio internacional con Cuba, o el proyecto presentado en 2020 contra países que acojan brigadas médicas cubanas.
La base naval en Guantánamo permanece como una reliquia de la política exterior intervencionista de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, desde a principios del siglo XX, una rareza establecida en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno soberano del país donde radica. El estatus jurídico de esa porción de suelo cubano es tan enrevesado desde la perspectiva estadounidense, que se aprovechó durante los años de la administración Bush hijo para detener y torturar prisioneros allí, sin ninguna consideración de sus derechos humanos. Para Cuba no hay ningún misterio: la base es ilegal y el territorio que ocupa debe ser devuelto incondicionalmente.
Que en 2020 persista en la bahía guantanamera un enclave militar de esas características es una advertencia de los efectos a largo plazo de una intervención militar: solo así una calamidad política ocurrida 120 años atrás puede extender sus consecuencias hasta el presente.
