¿Desaparición forzada en Venezuela?

Escrito por Aldemaro Barrios

Última foto en vida de Víctor Soto Rojas, cuando lo registraron en la DIGEPOL. Luego lo asesinaron y declararon desaparecido.

 

La profesora Maryclen Stelling en un interesante artículo titulado “El placer de odiar” publicado en el diario «Últimas Noticias» del 19 de julio de 2020, dejó al final de su trabajo una pregunta: ¿Cómo desmontar el odio que nos atraviesa sin distingo político?

Se ha dicho que para abonar al diálogo que hay que manifestar voluntad de escucharse y un cierto grado de comprensión, inteligencia, buscando coincidencias y posponiendo diferencias.

Hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro anunciar que el asunto de la pandemia no distingue color político y preferencias ideológicas y que todos debemos abocarnos a respetar las medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo el “virus del odio” parece mutar a formas extrañas de invención y mentiras que trascienden los más serenos análisis para comprender porque tanta saña contra Venezuela.

Lo refiero porque desde Estados Unidos un informe de la organización de derechos humanos “Robert F. Kennedy Human Rights”, una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C., emitió un informe titulado “La desaparición forzada como herramienta de represión política en Venezuela” en el que señala cifras como estas: del “1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 – se reportaron 724 desapariciones forzadas de detenidos políticos en Venezuela. En 2018 se reportaron 200 desapariciones forzadas y en 2019 se reportaron 524. Aún con un número más bajo de manifestaciones políticas y con medidas de confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19, según el registro del Foro Penal en lo que va de 2020 se han producido 235 detenciones con fines políticos en Venezuela. De este total de detenciones, 33 han constituido desapariciones forzadas y de estos casos, aún permanecen desaparecidas 14 personas al 31 de mayo de 2020, fecha de cierre de este informe.” [1]

Este documento fue elaborado con la colaboración de la ONG venezolana Foro Penal. Usted dirá, bueno, ¿para qué preocuparnos por ese informe? Si estos señores son unos mentirosos que andan de guindas con fundaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos presentando cifra estrafalarias para chulear a organizaciones como la organización “Robert Kennedy”. Bien, es verdad, pero, resulta interesante analizar cómo se arman las estrategias de “odio”, que no son tan sencillas como parecen.

Para tratar de entender esas estrategias hay que conocerlas y ver cómo son utilizadas en el exterior, puesto que inmediatamente emitido el Informe de la Robert Kennedy, los más estridentes medios de comunicación norteamericanos se hacen cajas de resonancias para estos montajes, empezando por el diario «The New York Times» que tituló el 19 de junio de 2020: “Un golpe en la puerta y desaparecen: las detenciones secretas de Venezuela silencian a los críticos”; con un sumario no menos estridente: “Cientos de desapariciones forzadas juegan un papel crítico en los esfuerzos del régimen para amordazar a los opositores y propagar el miedo, según un nuevo informe.” [2]

Luego CNN se agarra y aprieta la corbata para ahorcarse más el cuello: “Las desapariciones forzadas están aumentando en Venezuela, y el coronavirus está haciendo que sean más largas, dice un grupo de derechos humanos.” [3]

Algunas ONG en aras del chuleo juegan al odio y median diálogos como no lo hacen las organizaciones políticas que les sirven de paraguas, sea Primero Justicia, Voluntad Popular y otras que escondidas en lo “humanitario”, mienten, ocultan su vocación terrorista.

Tan lejos como el Foro Penal, lo hizo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos del 8 de julio de 2020 en la que ratifica medidas provisionales respecto de Venezuela, léase Estado Venezolano; cito textualmente: el “Estado que debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de […] Humberto Prado […]”. ¿Por qué medidas de protección a Prado?, por cierto una persona con un historial de antecedentes penales de temible data, que las computadoras del sistema judicial rebotan cuando aparece su nombre.

La respuesta a esa pregunta la confiesa la misma resolución, de una manera sorprendente, para quienes no están acostumbrados al asombro recomendamos cautela: “5. Los representantes (de Humberto Prado) señalaron que el 13 de marzo de 2020 el Estado decretó un ‘estado de alarma’ por la pandemia del Covid-19, y que en ese contexto ‘ha[bría] recrudecido su política de control social y represión. 6. Los representantes aseveraron que las autoridades del Estado ‘ha[brían] instaurado la represión y el control social como política de Estado, donde las personas que exigen, defienden y promueven derechos humanos son considerad[a]s ‘enemig[a]s’ que deben ser neutralizad[a]s”. [4]

Usted comprenderá que estamos ante un reincidente que de nuevo tiene que justificar las solicitudes de financiamiento a la USAID y a otras fundaciones norteamericanas y europeas para sostener sus proyectos “humanitarios”; que sibilinamente conoce el sistema como experto “sustracciones” y que sabe que una resolución de este tipo puede no solo darle protección personal del Estado venezolano cuyo presidente es Nicolás Maduro, sino una certificación como “victima” de la “persecución política” ante las fundaciones que chulean.

Pero la guinda de este pastel lo coloca la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que : La Comisión “adujo que resulta “razonable” asumir la continuidad de dicha situación ‘dado el rol que tendría actualmente el beneficiario (Humberto Prado), así como su alta visibilidad[, y que incluso, es posible afirmar que la situación del beneficiario se ha agudizado aún más dada su cercanía al señor Juan Guaidó (beneficiario de medidas cautelares por la Comisión), quien actualmente sería la figura más visible de la oposición política en Venezuela”. La misma resolución recordó que el Estado venezolano adujo que este señor es “Comisionado presidencial” del Señor Guaidó para tratar los asuntos de los derechos humanos, entonces ¿es un “intocable”? al pertenecer a la fantasía animada de una “presidencia holográfica” que hay que verla con lentes 3D.

Por respeto a usted no voy a citar más esta “película de ficción”; sí me permito recordar para descontaminar los conceptos que el 30 de julio de 1964 durante el gobierno del presidente Raúl Leoni fueron desaparecidos Trino Barrios, Heriberto Cartagena y Víctor Ramón Soto Rojas. Los restos de Trino Barrios fueron localizados en Los Colorados en Sabana Grande Orituco en Guárico en 1966, luego que sus familiares denunciaron públicamente su desaparición.

Última foto en vida de Víctor Soto Rojas, cuando lo registraron en la DIGEPOL. Luego lo asesinaron y declararon desaparecido.

Soto Rojas y Cartagena nunca fueron localizados, presuntamente los fusilaron, la Fiscalía General imputó a los oficiales Simón Tagliaferro de Lima y Edgar Rainiero Figueroa en 2013, de acuerdo a la investigación realizada por la Comisión por la Justicia y la Verdad; y reiterados sus procesos judiciales por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en 2020. Desmontar el odio no es fácil, pero sí posible, siempre que nos escuchemos con justicia y con la verdad.

Deja tus comentarios